El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha aprobado un informe en el que considera que la nueva Ley de Financiación de RTVE, que sustituye los ingresos de la publicidad por tasas a distintos operadores, puede ser “un importante elemento de distorsión a la competencia” entre la corporación y las televisiones privadas y además introduce “asimetrías en los distintos mercados a los que afecta”.
En este sentido, el informe, que está fechado el 16 de junio de 2010, señala que la justificación de la tasa con la que las empresas de telecomunicaciones tienen que contribuir a la financiación de RTVE --el 0,9 por ciento de sus ingresos-- no “está debidamente desarrollada ni en el articulado ni en la exposición de motivos ni en las memorias de acompañamiento de la Ley”.
“Resulta razonable pensar que los prestadores del servicio de televisión en abierto obtendrán un claro beneficio de la desaparición de RTVE como demandante de publicidad, pero esto no es tan claro en el caso de otros operadores, por ejemplo los de telecomunicaciones”, indica el informe, que es complementario a otro que hizo el órgano sobre la misma ley el año pasado.
Asimismo, Competencia considera que “tampoco se aprecia justificación” en la diferencia de trato entre operadores de televisión de ámbito superior a una Comunidad Autónoma y operadores de ámbito no superior --a los primeros se les impone una obligación de contribución y a los segundos no--, “puesto que todos compiten en el mismo mercado”.
Por ello, para el órgano regulador, las tasas contempladas en el nuevo modelo de financiación es “susceptible de crear asimetrías en los distintos mercados a los que afecta, derivadas la falta de proporcionalidad en el reparto de cargas de acuerdo con las diferencias entre los distintos operadores (en términos de tamaño, de implantación geográfica, de negocio, etc.)”.
Actualmente, la Comisión Europea tiene abiertos dos expediente informativos para investigar si esta tasa a las 'telecos' es compatible con las leyes europeas. Bruselas está investigando si esta tasa podría entenderse como un “subsidio ilegal” para RTVE.
Distorsiones a la Competencia
La desaparición de la publicidad de TVE era una reivindicación de las cadenas de televisión privadas, quienes afirmaban que no podían competir ni con el presupuesto de la cadena pública ni con los precios que ponía a sus espacios publicitarios. Sin embargo, la CNC considera que la retirada de los anuncios “no significa que el nuevo modelo no pueda introducir distorsiones significativas entre la posición de RTVE y la del resto de operadores audiovisuales”.
Así, aunque señala que es cierto que la ley prevé un importe máximo al presupuesto como compensación global por el servicio público (1.200 millones de euros para 2010 y 2011), afirma que si esta cantidad “no se fija con arreglo a criterios objetivos, el uso que de ellos se haga por parte de la Corporación en los distintos mercados en los que adquiere puede suponer una alteración de las condiciones de competencia”.
Asimismo, Competencia critica que el primer presupuesto anual de RTVE realizado en base al nuevo modelo de financiación “no parece haberse fijado con arreglo a una estimación objetiva de los costes netos en que incurriría una empresa bien gestionada y adecuadamente equipada”, al seguir “una dinámica continuista, si no incrementalista, a partir de los presupuestos de años anteriores”.
Por último, asegura que las tasas a las televisiones privadas --el 3 por ciento de sus ingresos brutos a las cadenas en abierto y el 1,5 por ciento para las privadas-- y a las empresas de telecomunicaciones “no introduce incentivos a la contención presupuestaria en años venideros, sino que introduce una presión al alza para el incremento” del presupuesto de RTVE, ya que “las actividades económicas objetivo del gravamen, en particular las de telecomunicaciones, tienen un gran potencial de crecimiento”.