El Ministerio de Ciencia y Tecnología se opone a que la CMT autorice a las antiguas empresas de vídeo comunitario a difundir otros servicios aparte de la TV por cable, ya que esto perjudica a los grandes operadores (Ono y Auna), que consiguieron por concurso las concesiones de las 34 demarcaciones del territorio español, y que han invertido un billón de pesetas en diez años. Estos operadores recibieron una licencia B1, que les permite ofrecer servicios de telefonía, Internet y televisión. Pero, en los últimos años, antiguas empresas de cable que daban servicios de televisión -vídeos comunitarios- han pedido permiso a la CMT para poder retransmitir servicios audiovisuales. La Comisión les concedió “varias decenas” de licencias C1, que permite ofrecer, aparte de televisión, servicios de videoconferencia, vídeo bajo demanda, vídeo casi bajo demanda y vídeo a la carta. Sin embargo, el verano pasado, el Ministerio de Ciencia y Tecnología reclamó a la CMT que anulara las autorizaciones para estos servicios, por no estar liberalizados. Pero la CMT se niega a desautorizarlos, por lo que el Ministerio ya está preparando un recurso contencioso administrativo que presentará en la Audiencia Nacional. Ahora, la CMT anuncia que continuará otorgando dichas licencias. Según su interpretación de la actual Ley, las concesiones serían necesarias para la “difusión” de contenidos televisivos -lo que incluye la elaboración de los mismos-, pero no para la “retrasmisión” de éstos (que es lo que permite la licencia C1.