Reproducimos por su interés el siguiente artículo que publica el diario Expansión: El Gobierno tendrá que contar con la opinión del Consejo de Estado, supremo órgano consultivo, antes de autorizar la emisión en abierto de la programación de Canal Plus. Así lo exige la Abogacía del Estado en un informe emitido el pasado 19 de julio y enviado al Gobierno. Según el informe del abogado del Estado, Miguel Vizcaíno, si el Gobierno no escucha las recomendaciones no vinculantes del Consejo de Estado respecto a la modificación de la licencia de Canal Plus, ésta sería nula de pleno derecho. El mismo día 19, tras recibir el informe de la Abogacía del Estado, el ministro de Industria, José Montilla, remitió con carácter de urgencia el expediente administrativo al Consejo de Estado. El Gobierno prevé autorizar a Canal Plus la emisión de su programación en abierto en el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones, que se celebrará el próximo viernes 29 de julio, por lo que el Consejo de Estado tendrá que emitir su dictamen en los próximos días. Hasta ahora, ni el Ministerio de Industria ni el Gobierno habían considerado necesario informar al Consejo de Estado de esta modificación de la concesión a Canal Plus, en contra de lo previsto en la legislación sobre contratación pública. El Consejo de Estado, presidido por Francisco Rubio, tendrá que pronunciarse sobre si la modificación de la licencia de Canal Plus, emisora de televisión de Sogecable, participada por Prisa y Telefónica, está motivada, como dice el Gobierno, por el interés público, y si este concepto de interés público ha cambiado respecto al de 1989 y 2002, años en los que se determinó la concesión y la renovación del canal de pago a Sogecable. En esas dos ocasiones se permitió que Canal Plus emitiera en abierto en horarios limitados sin perturbar el acceso al mercado publicitario de los demás operadores.
El documento remitido al Gobierno, al que ha podido acceder EXPANSIÓN, también pide al Consejo de Estado que determine si el concepto de interés público es tan elástico que pueda adaptarse a los cambios de criterio de Sogecable para lograr, vía publicidad, el mayor grado de rentabilidad. En situaciones similares, este órgano consultivo ha dado especial importancia al peso del interés público, y si éste no está justificado de forma clara y precisa, ha recomendado mantener los contratos en los términos originales o convocar un nuevo concurso. El interés del Gobierno por aprobar cuanto antes la modificación del contrato concesional que Sogecable solicitó el pasado 23 de febrero, ha determinado que el expediente administrativo que el Ejecutivo ha remitido al Consejo de Estado esté incompleto, ya que se ha enviado antes de que finalizara el plazo para que todos los operadores de televisión interesados pudieran hacer alegaciones. Por tanto, el Consejo de Estado tampoco tiene todos los elementos de juicio para emitir su dictamen. El ministro de Industria pretendía tramitar por vía de urgencia la modificación de la concesión de Canal Plus con el pretendido argumento de que así se fomentaba la tecnología digital en televisión, objetivo que no guarda ninguna relación con el cambio solicitado por Sogecable (Canal Plus) de la concesión que le permitirá emitir con tecnología analógica. El Consejo de Estado tendrá que decidir en este caso si mantiene o no su doctrina habitual de negar el visto bueno a las modificaciones que pretenda un contratista si no están justificadas de manera clara y precisa por el interés público.
De mantener el criterio aplicado hasta ahora, parece probable que el organismo consultivo considere que las modificaciones solicitadas no pueden realizarse y que el contrato actual deba mantenerse en los términos en que fue adjudicado o, en su caso, se convoque un nuevo concurso para adjudicar la concesión que se pretende cambiar.