El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado este jueves la tasa que impone Francia a los operadores de telecomunicaciones para financiar la televisión pública. La sentencia rechaza el recurso de la Comisión, que alegaba que este impuesto constituye una carga administrativa incompatible con la legislación comunitaria.
La sentencia supone un precedente positivo para el modelo de financiación de la televisión pública en España, que también ha sido recurrido ante la justicia europea con los mismos argumentos.
De esta forma, el fallo afectará también a nuestro país, cuyo modelo de financiación de la televisión pública se inspira en el francés.
Desestimada definitivamente la denuncia interpuesta en 2011
La resolución desestima la denuncia interpuesta por las ‘telecos’ en 2011 y afirma que la tasa del 0.9% sobre la facturación “no está ligada al procedimiento de autorización general que permite acceder al servicio de comunicaciones electrónicas, ni a la concesión del derecho de utilización de las radiofrecuencias o las (señales) digitales sino que está relacionada con la actividad de los operadores, que consiste en ofrecer servicios electrónicos a los usuarios finales en Francia”.
El Tribunal de Justicia asegura que la tasa francesa no tiene como objetivo cubrir los gastos de regulación del sector sino que responde a un hecho imponible distinto que no está cubierto por las normas de la UE.
El impuesto irá a las arcas del Estado y no a la TV pública
La televisión pública ha hecho hincapié en que el impuesto no beneficia a la emisora sino que irá directamente a las arcas del Estado. Posteriormente será el Gobierno el que determine la cantidad de ayuda que inyecta a las cadenas públicas.
Las 'telecos' critican la “fiscalidad excesiva a la que está sometido el sector”
Las ‘telecos’ se quejan de que la decisión complicará aun más la situación de un sector digital sometido a una fiscalidad “excesiva” en un momento en que la competencia es cada vez más “ruda”, informa El País.
Algunos operadores, como SFR y Bouygues, no se verán excesivamente afectados por la sentencia al haber traspasado el riesgo jurídico a algunos bancos que apostaban por la anulación de la sentencia y asegurar las cantidades desembolsadas.