Las redes sociales han vuelto a convertirse en un hervidero de críticas con la miniserie basada en el Caso Malaya que emitió el viernes La 1, después de haber “descubierto” gazapos y errores de bulto en otras ficciones del mismo tipo como la dedicada a los príncipes en Telecinco.
En esta ocasión, al menos, los responsables de Mediapro, productora que se hizo cargo de la adaptación televisiva de la Operación Malaya, ya avisaron con antelación de que se trataría, literalmente de una “ficción”, pero ni por esas han pasado el examen de los espectadores “twitteros”.
La red social ha vuelto a alzarse como un audímetro y un foro de crítica, y tras convertir en su día a la miniserie sobre Felipe y Letizia en Trending Topic mundial, la Operación Malaya se convirtió también en uno de los temas del momento en nuestro país, y la recopilación de errores detectados fue bastante amplia, como recogió El Mundo en su edición impresa el pasado viernes.
Errores documentales, de nombres… y de acción a base de tiroteos
Uno de los “fallos” más comentados quizá fuera aceptado para dar mayor espectacularidad a la miniserie, y es que en ella ocurrían hasta tres tiroteos que en realidad no sucedieron, incluyendo el suceso que acaeció en 2004, cuando una banda de sicarios entró en el hotel H10 de Puerto Banús para asesinar a un narcotraficante. Las balas asesinaron a un niño y a un peluquero, y los hechos aún deben esclarecerse.
Otro de los errores, de carácter más documental, tiene que ver con situar la llegada del juez Torres al Juzgado de Instrucción 5 de Marbella en el año 2006, cuando realmente se produjo en 2003, meses antes de la moción de censura que derrocó a Julián Muñoz de la alcaldía.
Un Juan Antonio Roca demasiado “cercano” con Jesús Gil
Entre los conocedores de la Operación Malaya también destacó que el ficticio Juan Antonio Roca no se refiriera a Jesús Gil como “presidente”, sino por su nombre de pila, así como que vistiera de una manera muy informal (chaqueta y camisa), y que rara vez llevase corbata.
También llamó la atención que Roca se situara en un despacho en el interior del Ayuntamiento de Marbella, ya que en realidad nunca lo pisaba, puesto que estaba en su cuartel general de Planeamiento 2000 (Urbanismo), alejado del edificio consistorial.
Algunos nombres eran “reales” y otros, inventados
También llamó la atención entre los internautas que la ficción diera nombres reales a unos personajes y a otros no. Un ejemplo fue la actriz Mar Saura, que interpretaba el papel de la testaferro madrileña de Juan Antonio Roca, Monserrat Corulla, bajo una identidad figurada.
Los abogados de la defensa también critican la versión de TVE
Según afirma también el diario El Mundo en su edición de hoy, son muchos los abogados que como mínimo se muestran molestos por la emisión llevada a cabo por TVE, empresa que, en última instancia, depende del mismo Gobierno que ha efectuado la investigación y practicado las detenciones a través de su Policía, y que ostenta la principal acusación en el procedimiento a través del Ministerio Fiscal.
Para el espectador ajeno al caso, la trama que se dibuja en la serie no deja de ser la historia de un joven juez intrépido y de unos policías valientes en contra del cristalizado sistema de corruptelas de Marbella, y de las presiones y chanchullos de sus superiores.
Para los defensores de los 95 acusados en el juicio, se trata de una imagen distorsionada de los hechos que puede perjudicar gravemente la imagen y los intereses de sus clientes, y que en muchos casos conculca su derecho a la presunción de inocencia.
Los abogados de Roca trataron hace meses de frenar la ficción
“Vincular a Juan Antonio Roca con la mafia no me parece adecuado”,asegura el letrado Javier Saavedra, defensor del ex alcalde Julián Muñoz. Y es que en el primer episodio de 'Operación Malaya' se mezcla de forma equívoca uno de los más graves ajustes de cuentas registrados en Marbella, que se saldó con la muerte de un niño y un peluquero italiano a finales de 2004, con las relaciones y negocios de Roca, y las pesquisas de Torres durante el año 2005.
Los abogados de Roca, el peor parado en la serie, trataron sin éxito de frenar la emisión del programa hace ya unos meses, mediante una petición por escrito al tribunal encargado del caso. La Sala de la Audiencia sin embargo denegó la solicitud por medio de un auto.
Dudaron solicitar medidas cautelares para impedir la emisión del segundo capítulo
El abogado Javier Saavedra fue uno de los que, junto al equipo de letrados de su bufete, grabaron el viernes el primer episodio de la serie, con vistas a solicitar una medida cautelar contra TVE en el caso de que se atentase contra el derecho al honor o la intimidad de su defendido, e impedir la emisión del segundo capítulo.
El defensor de Julián Muñoz decidió finalmente no solicitar medida alguna, dado que su cliente apenas aparecía unos minutos, y su actuación coincide con la versión ofrecida por sus abogados en la fase de cuestiones previas.
“La enemistad entre Muñoz y Roca es un dato objetivo que está en los medios y que se refleja en la serie; distinta es la visión que se ofrece de Roca, que a mi juicio es una barbaridad. Pero eso les corresponde a los abogados de Roca”, mantiene.
“Prefiero actuar por la vía civil y que los medios paguen”
Saavedra adelanta que de atentarse contra los intereses de Muñoz habría actuado como lo hizo en 2007, cuando acudió al juez de Guardia para que la Policía entrara en los estudios de Antena 3 y evitara la divulgación de una carta entre Muñoz e Isabel Pantoja, lesiva para los intereses del primero.
“Se puede actuar por la vía civil y por la penal contra la emisión de este tipo de programas. A posteriori se pueden presentar denuncias por injurias y calumnias o revelación de secretos. Yo prefiero la vía civil y que los medios paguen”, expone Saavedra.
Para Saavedra, sin embargo, sería mucho peor que el programa se hubiera emitido si el juicio fuera con jurado popular, como ocurrió con casos como el del crimen de Fago. “Se estaría influyendo sobre el tribunal del jurado”, afirma, para agregar que a los jueces profesionales se les supone mayor resistencia al efecto de los programas de televisión y las publicaciones de determinados medios.
“La serie es una alabanza al fiscal y al juez patrocinada por el Estado”
Pero no sólo se sienten afectados abogados o inculpados en el juicio del caso Malaya. El prólogo que precedió a 'Malaya' fue la investigación denominada 'Ballena Blanca', también llevada a cabo por el juez Miguel Ángel Torres y el equipo de Policía que después trabajó en el caso 'Malaya', y que en la miniserie aparece designada por los investigadores como el “caso Velasco”.
El principal acusado en Ballena Blanca, el letrado Fernando del Valle, sostiene que esta serie no es sino «una alabanza al fiscal y al juez instructor patrocinado por el propio Estado», cuando todavía no se ha dictado sentencia por ninguno de los dos macroprocesos. “Cuando un programa así viene del propio aparato del Estado a través de su televisión te da mucho que pensar”, manifiesta.
Abogados de la defensa critican que TVE defienda la tesis del fiscal en pleno juicio
No fueron pocos los letrados personados en el caso 'Malaya' que a las 22.15 horas del viernes se sentaban frente al televisor, mando en mano, para ver y grabar la miniserie 'Operación Malaya', emitida por TVE, y que, según la sinopsis ofrecida en su web por la cadena pública, pretendía ser una «obra de ficción, inspirada en hechos y personajes reales que han aparecido de forma pública y notoria en los medios de comunicación o se recogen en sumarios judiciales públicamente divulgados», informa El Mundo.
El ente público RTVE ha programado la serie coincidiendo con las sesiones de la vista oral del juicio por el principal caso de corrupción municipal de la democracia, y que mezcla ficción y realidad sin advertir al espectador. Son muchos los abogados que como mínimo se muestran molestos por la emisión llevada a cabo por TVE, empresa que, en última instancia, depende del mismo Gobierno que ha efectuado la investigación y practicado las detenciones a través de su Policía, y que ostenta la principal acusación en el procedimiento a través del Ministerio Fiscal.
Para el espectador ajeno al caso, la trama que se dibuja en la serie no deja de ser la historia de un joven juez intrépido y de unos policías valientes en contra del cristalizado sistema de corruptelas de Marbella, y de las presiones y chanchullos de sus superiores. Para los defensores de los 95 acusados en el juicio, se trata de una imagen distorsionada de los hechos que puede perjudicar gravemente la imagen y los intereses de sus clientes, y que en muchos casos conculca su derecho a la presunción de inocencia.
«Vincular a Juan Antonio Roca con la mafia no me parece adecuado»,asegura el letrado Javier Saavedra, defensor del ex alcalde Julián Muñoz. Y es que en el primer episodio de 'Operación Malaya' se mezcla de forma equívoca uno de los más graves ajustes de cuentas registrados en Marbella, que se saldó con la muerte de un niño y un peluquero italiano a finales de 2004, con las relaciones y negocios de Roca, y las pesquisas de Torres durante el año 2005.
Los abogados de Roca, el peor parado en la serie, trataron sin éxito de frenar la emisión del programa hace ya unos meses, mediante una petición por escrito al tribunal encargado del caso. La Sala de la Audiencia sin embargo denegó la solicitud por medio de un auto.
El abogado Javier Saavedra fue uno de los que, junto al equipo de letrados de su bufete, grabaron el viernes el primer episodio de la serie, con vistas a solicitar una medida cautelar contra TVE en el caso de que se atentase contra el derecho al honor o la intimidad de su defendido, e impedir la emisión del segundo capítulo. El defensor de Julián Muñoz decidió finalmente no solicitar medida alguna, dado que su cliente apenas aparecía unos minutos, y su actuación coincide con la versión ofrecida por sus abogados en la fase de cuestiones previas.
«La enemistad entre Muñoz y Roca es un dato objetivo que está en los medios y que se refleja en la serie; distinta es la visión que se ofrece de Roca, que a mi juicio es una barbaridad. Pero eso les corresponde a los abogados de Roca», mantiene.
Saavedra adelanta que de atentarse contra los intereses de Muñoz habría actuado como lo hizo en 2007, cuando acudió al juez de Guardia para que la Policía entrara en los estudios de Antena 3 y evitara la divulgación de una carta entre Muñoz e Isabel Pantoja, lesiva para los intereses del primero.
«Se puede actuar por la vía civil y por la penal contra la emisión de este tipo de programas. A posteriori se pueden presentar denuncias por injurias y calumnias o revelación de secretos. Yo prefiero la vía civil y que los medios paguen», expone Saavedra.
Para Saavedra, sin embargo, sería mucho peor que el programa se hubiera emitido si el juicio fuera con jurado popular, como ocurrió con casos como el del crimen de Fago. «Se estaría influyendo sobre el tribunal del jurado», afirma, para agregar que a los jueces profesionales se les supone mayor resistencia al efecto de los programas de televisión y las publicaciones de determinados medios.
Pero no sólo se sienten afectados abogados o inculpados en el juicio del caso Malaya. El prólogo que precedió a 'Malaya' fue la investigación denominada 'Ballena Blanca', también llevada a cabo por el juez Miguel Ángel Torres y el equipo de Policía que después trabajó en el caso 'Malaya', y que en la miniserie aparece designada por los investigadores como el «caso Velasco».
El principal acusado en Ballena Blanca, el letrado Fernando del Valle, sostiene que esta serie no es sino «una alabanza al fiscal y al juez instructor patrocinado por el propio Estado», cuando todavía no se ha dictado sentencia por ninguno de los dos macroprocesos. «Cuando un programa así viene del propio aparato del Estado a través de su televisión te da mucho que pensar», manifiesta.