El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la supresión del canon digital, que se sustituirá por un sistema de protección de copia privada. Asimismo, se regula la Comisión de Propiedad Intelectual -integrada dentro de la 'Ley Sinde'- para proteger los derechos de los creadores, confirmando que podrá haber cierre rápido de páginas web.
Así lo ha señalado la portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha asegurado que con esta medida el Gobierno “cumple un compromiso electoral de suprimir el canon” tal y como habían acordado las Cortes a iniciativa del PP. El canon se sustituirá por una compensación cuyos criterios fijará el Gobierno por Real Decreto.
El Gobierno, “frente al expolio lucrativo”
En esta línea, se activa la 'Ley Sinde' al regular la comisión de Propiedad Intelectual para proteger los derechos de los creadores. Según Sáenz de Santamaría con esta medida se cumple con la Ley de Economía Sostenible para proteger los derechos de los propietarios y creadores “frente al expolio lucrativo”.
“Sólo se va a actuar, y siempre con la correspondiente protección judicial, contra quienes indebidamente se lucran de los derechos de propiedad intelectual de otros”, ha advertido Sáenz de Santamaría.
Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, con esta media “España entra en el estándar internacional de lucha contra la piratería”. “Cumplimos nuestros compromisos electorales e internacionales”, ha sentenciado.
Rajoy aprueba la norma que quedó en la mesa del último Consejo de ZP
El Gobierno del PP aprueba así en su segundo Consejo de Ministros una norma que el propio ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero detuvo al final de su mandato, debido, entre otras razones y tal y como él mismo admitió, a las manifestaciones en contra que se produjeron en internet y la discrepancia entre sus ministros.
El ministro de Educación, Deporte y Cultura, José Ignacio Wert, ya adelantó a principios de esta semana, durante la toma de posesión del secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, que actuarían “contra quienes se lucren indebidamente del trabajo intelectual de otros”.