El Gobierno ha sacado adelante hoy la convalidación del decreto-ley sobre la elección del Presidente y Consejeros de RTVE con el único voto a favor de Convergència i Unió. Esta nueva norma legal permite nombrar al nuevo Presidente por mayoría absoluta, eliminando la exigencia de conseguir el apoyo de dos tercios del Congreso de los Diputados.
La diputada de CiU Montse Surroca ha afirmado que su grupo discrepa de “las formas” elegidas por el Ejecutivo, pero comparte la esencia de la norma, ya que es “inadmisible” el “bloqueo institucional” de RTVE, por lo que consideran “incapacidad” de los dos grandes partidos para elegir a un presidente por consenso.
El Gobierno del PP ha tenido la oposición de todos los demás partidos representados en la Cámara baja. El portavoz socialista, Juan Luis Gordo ha llevado la voz cantante de la oposición al decreto, mientras que el Ministro de Industria ha afirmado que: “Si procedemos al desbloqueo de RTVE, ustedes [por los socialistas] no podrán seguir dando instrucciones a los directivos que nombraron en su día para hacer una televisión poco plural y, en algunos aspectos, manipuladora”. Y ha definido lo que él considera televisión plural: la “que pueda explicar con objetividad la reforma laboral, la estabilidad presupuestaria, la lucha contra el déficit y la reforma energética”.
El socialista ha mantenido en que el único objetivo que mantiene el PP con esta medida es una “televisión pública de partido” como la que ya se está emprendiendo en comunidades gobernadas por los 'populares', como es el caso de Valencia y Canal Nou, o la Comunidad de Madrid y Telemadrid.
La portavoz de UPyD en la materia, Irene Lozano, ha advertido a ambos partidos de que se acusan mutuamente de la falta de pluralidad de la televisión pública cuando realmente: “Los dos son culpables”, ha subrayado.
Desde el PNV, Pedro Azpiazu vota también contra el decreto que, según él, obligará a la radio y la televisión públicas a trabajar al dictado del partido político que se encuentre al mando del Ejecutivo.
Uxue Barkos, de Geroa Bai, ha dicho que el decreto va a suponer el “control partidario” de RTVE, mientras que, en su opinión, el modelo actual hasta ahora vigente “caminaba hacia la independencia profesional”, teniendo como referencia otras cadenas europeas.
ERC, representada por Alfred Bosch, ha tachado el debate y la negociación de RTVE entre PP y PSOE de un partido de tenis de mesa, a la vez que ha calificado al decreto de “imperial de la antigua Roma”, y de “golpe de mano a la libre información”.
Nombramiento inminente del nuevo Presidente
Tras la convalidación del decreto se prevé que el Gobierno proceda a nombrar inmediatamente al nuevo Presidente, hecho que se anunciará en los próximos días y que tendrá que aprobarse en pleno del Congreso de Diputados por mayoría absoluta.
Si no se pierde tiempo, el nombre del nuevo Presidente se conocerá como muy pronto el 31 de mayo puesto que primero debe renovarse el Consejo de Administración, para lo cual los partidos deben anunciar a sus candidatos, comparecer ante la comisión de nombramientos y votarse en pleno del Congreso de Diputados. El Presidente debe tener la condición de consejero.
Con el nuevo decreto se procederá a la renovación de cinco puestos en el Consejo puesto que lo deben abandonar Manuel Esteve, del PP, María Cruz Llamazares, del PSOE, Francesc Bellmunt, de ERC y Josep Manuel Silva, de CiU.
Permanecen en el Consejo, ya que sus cargos no expiran hasta final de año, Miguel Ángel Sacaluga, del PSOE, Teresa Aranguren, de IU, y Andrés Martín Velasco y Charo López Miralles, del PP.
En total, según el nuevo decreto, nueve miembros sin dedicación exclusiva, uno de los cuales será el nuevo Presidente.
Los “presidenciables”
El baile de nombres para Presidente de RTVE ha sido intenso desde hace semanas. El último que se ha añadido a la lista es el que el jueves aportaba “Exclusiva digital”, el del que fuera secretario de Estado de Hacienda con José María Aznar, Estanislao Rodríguez-Ponga.
La verdad es que con el tema del nuevo Presidente de RTVE, el Gobierno ha jugado al despiste. Los distintos hombres que han sido consultados se han ido cayendo por una u otra razón e incluso las pistas que había dado la propia Vicepresidenta del Gobierno a gente del sector se han quedado en nada.
En todas los casos se definía al nuevo Presidente con un perfil muy claro. El Gobierno busca un gestor, estrechamente relacionado con los medios de comunicación. No busca a un “periodista” porque es consciente de que la tarea principal para el nuevo Presidente será redimensionar RTVE para adecuarlos a los nuevos parámetros económicos. ¿Pasa también por una reducción de plantilla, por ejemplo? Pregunta sin respuesta que deberá responder el nuevo responsable.
Las quinielas y las pistas
Si nos atenemos a este perfil, la candidatura de Campo Vidal estaría en duda por su perfil de periodista político. Pero también se ha apuntado que se buscaría a una persona que tenga el “máximo consenso”. Esto dejaría fuera de posibilidades tanto a Luis Blasco, como a Estanislao Rodríguez Ponga, como a Francisco Campos, todos ellos muy cercanos al Partido Popular, aunque sean gestores y expertos en medios de comunicación.
Había otra pista importante que dio la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a un grupo de productores que la visitaron: “Será uno de los vuestros”. En ese momento todo el mundo pensó en José María Irisarri, gestor y productor, y persona no comprometida políticamente.
En todo caso todo a apunta a que podría haber sorpresa de última hora y que ninguno de los nombres mencionados acabe siendo el nuevo Presidente de RTVE y que salga el nombre de un tapado que no ha salido en ninguna quiniela.
La respuesta, posiblemente, en la próxima semana.
En vigor desde el día 20
El decreto ley fue aprobado el viernes 20 de abril por el Consejo de Ministros y se encuentra en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) al día siguiente.
Desde primera hora de este jueves, un grupo de delegados de CC.OO. de RTVE, vestidos con camisetas naranjas, han portado una pancarta en defensa de un futuro independiente para la Corporación, con motivo del debate de este decreto en la Cámara Baja.