La Federación Local de la Confederación General del Treball (CGT) en Valencia ha denunciado ante Fiscalía Anticorrupción a exdirectivos y exgestores de la extinta Radio Televisión Valenciana (RTVV) por posible prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad y delitos societarios entre los años 2006 y 2013.
Tras su gestión, según exponen en su denuncia, “está el colapso económico de la entidad, cuya deuda acumulada asciende a más de 1.300 millones de euros”. Compromís ya presentó una denuncia por esta deuda y se está instruyendo en un juzgado de Paterna.
CGT basa su denuncia -de 70 páginas- en informes de la Sindicatura de Cuentas y de la auditoría emitidos por la Intervención General de la Generalitat, así como en la información obtenida vía parlamentaria en colaboración con el Grupo de Esquerra Unida.
Entre los hechos denunciados, la CGT señala la contratación en 2008 de un programa de producción propia cuyos gastos por valor de 1.785.295 euros no fueron justificados debidamente. “Tras reconocer la deuda en el año 2010, el Grupo RTVV contabilizó un ingreso por dicha cuantía pero RTVV no percibió el importe efectivo ya que se canceló la deuda con la entrega por parte de la productora de otro programa valorado en una cuantía igual a la de la deuda”, expone.
Y ello se hizo “sin que existiera ningún tipo de informe que evaluara económicamente los programas que entregaron a cambio de la deuda”. “Curiosamente, el valor de los programas coincidió exactamente con el total de la deuda pendiente, sin efectuar ninguna valoración técnica al respecto”, puntualiza, al tiempo que agrega que supuestamente “se produjo una sobrevaloración decidida por alguien, sin ningún criterio técnico”.
Destaca también CGT que se adquirieron dos producciones, “por un valor elevadísimo”, cuando una de ellas ya se había vendido a Castilla-La Mancha y la otra parece que ya se había adquirido por Forta, “organismo en el que estaba integrada RTVV, por lo que ya debiera haber tenido derecho a su emisión”. “La conclusión es que se podría haber incurrido en un trato de favor hacia la productora”, indica.
El segundo de los hechos expuestos en la denuncia versa sobre la adquisición fuera del procedimiento habitual de tres documentales de la productora Triskel, “a la que de alguna forma se encontraba vinculado a un directivo de RTVV durante el periodo en el que fue director general José Luis López Jaraba”. “La compra, dirigida al parecer desde la propia Dirección, prescindió de informes técnicos y económicos”, afirma.
En tercer lugar, CGT profundiza respecto a las “alteraciones” en los listados y los criterios de selección de los trabajadores afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), “vulneradoras del principio de igualdad”.
Continúa la denuncia sobre el “saqueo” de RTVV con un “nuevo fraude de ley” constatado en un informe de la Inspección de Trabajo en mayo de este año. En esta ocasión, en la contratación de 16 asesores técnicos de RTVV fichados por el exdirector López Jaraba que debieron cesar cuando él cesó (diciembre de 2012) a tenor de lo estipulado en el Convenio Colectivo de RTVV y en los propios contratos y que, sin embargo, fueron incluidos en lista de trabajadores afectados por el ERE de extinción.
“Y no sólo eso, sino que, al continuar prestando servicios una vez finalizado el objeto del contrato, los 16 asesores vieron reconvertidos sus contratos en indefinidos. De esta forma, se generaron también indemnizaciones fraudulentas en el ERE”, alerta.
Solicitudes de gasto
Las 1.200 'Solicitudes de Gasto' tramitadas y aprobadas por la Dirección General de RTVV a pesar de la inexistencia de crédito presupuestario entre los años 2009 y 2012 son objeto del quinto de los hechos presuntamente irregulares denunciados. Las cuantías ascendieron a un total de 79,2 millones de euros.
El sindicato hace hincapié sobre una circunstancia, y es que en muchas de las solicitudes de gasto consta como informante proponente, en virtud del cargo de controller/interventor, Antonio Hervás García. “Éste es actualmente uno de los miembros del Consejo de Liquidación y, según consta, pese a no disponer de presupuesto, informó favorablemente siguiendo instrucciones del director general”.
En cuanto al séptimo de los hechos denunciados, se refiere a un nuevo supuesto trato de favor, en esta ocasión hacia las dos empresas adjudicatarias de las únicas TDT de ámbito autonómico, Las Provincias TV (Grupo Vocento) y Popular TV (Cope). Así, “las televisiones, que incumplieron reiteradamente con sus obligaciones y cuyos servicios prestados no fueron documentados contractualmente hasta 2010, son deudoras de 1.302.600 euros desde 2008 al ente público”.
Así mismo, CGT facilita a Fiscalía facturas correspondientes a gastos de directivos que “presumiblemente se refieren a gastos particulares que nada tienen que ver con la prestación de servicio público que tenían encomendado” y que alcanzan los 11.000 euros.
Finalmente, destaca contratos firmados con la empresa Séptimo Arte Producciones SL (empresa de María Abradelo) y con Jesús Pérez Mariñas. Ponen de manifiesto “pago de unas remuneraciones absolutamente fuera de mercado, que no puede justificarse desde ningún punto. María Abradelo cobraba anualmente 270.000 euros más IVA en 2002 por presentar 'Babalá' y 'Canta, canta'”.