Mediapro ha tachado de “desproporcionada” la multa de 6,5 millones de euros impuesta por Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y ha anunciado que la recurrirá ante la Audiencia Nacional porque “atenta contra los principios más básicos del ordenamiento jurídico”.
Asimismo, ha asegurado que, cuando firmó los contratos con los clubes de fútbol del Real Madrid, FC Barcelona, Sevilla y Racing de Santander por los que ha sido sancionado ahora, cumplió con la Ley General de Comunicación Audiovisual.
“La sanción atenta contra los principios básicos del ordenamiento jurídico”
“Ante esta sanción tan desproporcionada y dado que Mediapro actuó siempre de buena fe, Mediapro entiende que la misma atenta contra los principios más básicos del ordenamiento jurídico. Bajo ningún concepto se puede entender que su actuación pueda ser considerada de culpable cuando los contratos firmados cumplen estrictamente con el plazo máximo establecido por la Ley General de la Comunicación Audiovisual”, ha indicado en un comunicado.
Solicitará medidas cautelares para suspender la obligación de pago de la multa
La compañía ha anunciado además que solicitará medidas cautelares para suspender la obligación de pago de la sanción. La empresa ya recurrió ante el Tribunal Supremo la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) del 14 de abril de 2010 por la que se declararon anticompetitivos los contratos entre clubes de fútbol y operadores para la adquisición de los derechos audiovisuales de fútbol de Liga y Copa por más de tres temporadas.
“Los contratos con los citados clubs se firmaron al amparo de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que entró en vigor el 1 de mayo de 2010, con posterioridad por tanto a la resolución de la CNC y que establece una duración de 4 años para los contratos de adquisición de derechos audiovisuales”, ha recordado Mediapro.
Mediapro y los dos clubes multados actuaron “de buena fe”
En este sentido, la compañía ha enfatizado que tanto Mediapro como los clubs sancionados actuaron “de buena fe” aplicando el principio jurídico de que lo establecido por una ley prevalecía sobre las resoluciones de un órgano regulador como era la CNC. Además, ha añadido que en la fecha en la que se firmaron los contratos con los clubes que han dado lugar a esta resolución de la CNMC, “no existía ningún pronunciamiento que pudiera hacer pensar que la autoridad reguladora iba a imponer su resolución frente a lo previsto en una Ley”.