El plan del Gobierno para acabar con las descargas

La aprobación por parte del Consejo de Ministros de un nuevo anteproyecto de Ley sobre propiedad intelectual ha provocado críticas por parte de internautas, operadores de comunicación, entidades de gestión de derechos, agencias de publicidad y expertos. ¿Qué se esconde tras el texto legal? Vertele se plantea diez preguntas y sus correspondientes respuestas. Incluimos el texto íntegro.

1. ¿Está ya la Ley en vigor?

No. Lo que ha aprobado el Consejo de Ministros es el anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que se debatirá a partir de ahora con los sectores afectados. El texto actualiza y endurece la nunca aplicada Ley Sinde, aprobada por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero en 2009.

La reforma volverá al Consejo de Ministros una vez oídas las partes. Esto ocurrirá en un plazo de dos o tres meses, según ha señalado el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert: “Entonces se iniciará su tramitación parlamentaria”. La mayoría absoluta del Partido Popular permitirá que se apruebe tal como quiere el Gobierno.

En el mejor de los casos no se aplicaría hasta finales de 2013 o principios del próximo año 2014.

2. ¿Qué pretende esta nueva reforma?

El texto legal se dirige a tres frentes: un mayor control de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual por parte de la Administración, un refuerzo de las competencias de la Comisión de Propiedad Intelectual en la lucha contra las descargas y una revisión del concepto legal de copia privada.

3. ¿Quién ha presionado? La amenaza de la lista negra de Hollywood

Parte del mundo de la cultura en España (cine y discográficas), y las compañías multinacionales, especialmente de los Estados Unidos. Tal y como contó eldiario.es, el jefe del lobby de las multinacionales de Hollywood, Christopher Dodd, hizo una visita a Moncloa en enero de este año. Mariano Rajoy lo recibió sin haberlo anunciado públicamente y sin que se haya informado de la reunión. A la salida de aquel encuentro, Dodd concedió una entrevista al diario ABC, en la que quedaba claro que su visita formaba parte de la presión al Gobierno de España para que endureciera la Ley de Propiedad Intelectual.

Uno de los mecanismos de presión es la denominada 'lista 301', que publica cada año la Oficina de Comercio estadounidense, y que evalúa el nivel de “piratería” en diferentes países del mundo.

4. ¿A quién persigue y a quién protege la ley?

La nueva Ley permitirá retirar y multar las web de enlaces siempre que se considere que puedan “causar un daño patrimonial a los titulares de derechos de autor”.

Estas páginas podrán ser canceladas y multadas con entre 30.000 y 300.000 euros. aunque no alojen directamente contenidos, y sus enlaces estén alojados en servidores extranjeros.

El texto “salva” a buscadores como Google, que enlacen “de manera ocasional” contenidos “de forma no maliciosa”, contra los que no se actuará.

5. ¿Se podrá perseguir a los internautas que descargan en casa?

Si, si nos ajustamos al literal del anteproyecto presentado. El texto consagra una nueva definición de la “copia privada” que será solo “la que se hace en el ámbito privado, y por lo tanto legal, si se hace a partir de obras a las que se haya accedido legalmente”.

Este último matiz deja fuera a las copias que se realicen a partir de las descargas de Internet.

El “acceso legal” ampara solo a “aquellas copias que se hagan desde un soporte original (…) y siempre que se haya adquirido de forma previa en propiedad”.

No serán “copias privadas” las que se hagan desde material bajado de Internet, pero tampoco las que se realicen de material alquilado o prestado.

En la práctica será difícil perseguir a los millones de personas que están realizando descargas, por lo que los esfuerzos se centrarán en cerrar páginas de enlaces.

6. ¿Quiénes se convierten en “policías de la red” para que se cumpla la Ley?

La Ley Lasalle exigirá a los operadores de telecomunicaciones y a las empresas de publicidad la identificación de los supuestos infractores. En la práctica se convertirán en “policías de la red” o en “delatores” puesto que el Gobierno les exigirá información de determinados clientes.

Además el gobierno podrá prohibir insertar publicidad en páginas web que alojen lo que la ley considera “contenidos ilegales”.

Sin embargo, uno de los mayores expertos de internet, Julio Alonso, asegura en “eldiario.es” que “la intención de bloquear la publicidad en las webs de descargas es bastante inútil tal como funciona el mercado de la publicidad digital, con muchos mayoristas, contratación indirecta y automatizada (el que más crece), sin relación directa entre anunciantes y soportes”.

Las pasarelas de pago, como PayPal, HiPay y otras muchas que permiten hacer transacciones económicas en Internet, también recibirán notificaciones judiciales, amparadas en esta nueva ley, para que corten el servicio a estas webs cuando estén generando lucro.

7. ¿Deberán pagar las universidades y los centros educativos?

Las Universidades y centros de educación deberán pagar a CEDRO por la reproducción de contenidos, sin que valga la excusa de que se hacen copias con finalidad educativa.

8. ¿Quién forma la Comisión de la Propiedad Intelectual?

Los integrantes de la comisión pertenecen a cuatro ministerios (Educación y Cultura, Economía, Industria y Presidencia). No hay representantes de las empresas, ni de la sociedad civil (consumidores, usuarios, operadores, publicidad, pasarelas de pago).

La interpretación de la ley queda en manos del poder ejecutivo. Tendrá amplios poderes para cerrar “páginas de enlaces”, pero también podrá intervenir contra webs denunciadas por vulneración de derechos de la propiedad intelectual.

O sea: si tú tienes una página legal, sin enlaces, y en tus foros u opiniones alguien incluye un enlace que lleve a un contenido protegido, te puedes convertir en responsable ante la Ley si no lo retiras.

La Comisión podrá imponer multas muy importantes, además de exigir la retirada de contenidos.

9. ¿Por qué se oponen a esta Ley las entidades de gestión de derechos de autor?

El proyecto de Ley incluye cláusulas para controlar estas sociedades, que deberán realizar auditorías periódicas.

La parte positiva es que las entidades de gestión (como SGAE, Cedro o EGEDA) tendrán “una limitación de la capacidad unilateral de aprobar e imponer tarifas” para quienes quieran usar contenidos tutelados por ellas. También se las obligará a “garantizar la democracia interna” en la elección de cargos y a “simplificar” la burocracia a la que se tienen que enfrentar los usuarios de esas entidades.

10. ¿Por qué se llama Ley Lasalle?

La reforma se conoce como Ley Lasalle por el Secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle. Es Doctor en Derecho por la Universidad de Cantabria y profesor de historia de las ideas y de las instituciones en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Diputado del Partido Popular y portavoz de cultura del grupo parlamentario desde 2008.

Se define a sí mismo como liberal, por encima de cualquier otra orientación política o ideológica, rasgo que considera esencial para salir de la crisis. En su libro “Liberales” ha escrito: “que ante la mayor crisis de las últimas décadas urge recuperar la virtud y los valores, una tarea para la que los liberales están mejor capacitados que nadie…”.

Está casado con la política socialista Meritxell Batet (PSC).

Y un epílogo: ¿Se cumplirá esta vez la Ley?

Juan Varela, experto en medios de comunicación y propiedad intelectual, asegura que “la enorme contestación de casi todos los sectores augura una ley frágil y caduca antes de nacer porque no recoge algunos elementos clave para el negocio y el consumo digital”.

Otro profesor, Enrique Dans, apunta que este anteproyecto de ley es “una oportunidad perdida para intentar adaptar la propiedad intelectual a la era digital, y una demostración de que este gobierno confunde intencionadamente la protección de la propiedad intelectual con el intento de preservación a toda costa de los beneficios de empresas discográficas y editoriales”.

Y sigue diciendo que es “una mala ley, absurda, inútil, cuya tramitación raya directamente en la corrupción, que lesiona derechos de los ciudadanos con el único fin de evitar un supuesto problema que ya se ha demostrado fehacientemente que no lo es. Una ley contra la que solo cabe una respuesta: la desobediencia civil”.

Este proyecto cuenta con la oposición de las entidades de gestión, las industrias culturales y otros colectivos, entre ellos abogados, profesores y empresarios de Internet.

Texto completo del Anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual

http://www.slideshare.net/juanlusanchez/anteproyecto-de-ley-de-propiedad-intelectual