La Plataforma en Defensa de la Radiotelevisión Pública exigió hoy que el Plan de Saneamiento en RTVE anunciado para dar cumplimiento a la decisión del Gobierno no acarree el despido del personal de la actual plantilla antes de tener redactada una nueva Ley de Reforma de la Radio y la Televisión Públicas, y que de esa manera “pasen a formar parte de la nueva Corporación la plantilla íntegra actual” de la casa. En rueda de prensa para la presentación del manifiesto con el que más de cincuenta asociaciones recogerán firmas “en defensa de unos medios públicos de calidad e independientes económica y políticamente”, los portavoces de la plataforma repasaron la necesidad de introducir en la nueva Ley las enmiendas planteadas por diversos grupos, por lo que consideraron imprescindible el debate parlamentario de la norma, para poder asegurar así unos medios estatales “fuertes”. Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, y los representantes sindicales de UGT, Carlos Ponce, y CCOO, Javier Jiménez, expusieron la postura de la “sociedad civil”, representada por el medio centenar de asociaciones que suscriben la definición de un modelo alternativo al comercial, pero competitivo. El primero de los elementos a precisar, explicaron, es el de una nueva financiación diferente al de la televisión comercial con restricciones publicitarias, pero con mecanismos de financiación que incluyan el aumento del coste del servicio público prestado. “La disminución de publicidad debe leerse como aumento de la calidad del servicio público, y eso debe apoyarse con mecanismos de financiación que lo compensen, considerándolo aumento del coste de servicio público”, reclamó Ponce. En este sentido, repasaron las enmiendas introducidas al proyecto legal, entre ellas las propuestas por los grupos de PP y CiU, que pedían la exclusión del Consejo de Administración del ente de los miembros propuestos por los sindicatos. Para la Plataforma, esto supondría no avanzar en el proceso de “enmendar la presencia política en la dirección de RTVE, sino replicarla en un nuevo sistema de intervencionismo”. Según Jiménez, la propuesta de dos miembros por los sindicatos “respeta el proceso democrático de la elección de miembros”, que deberían ser refrendados por las Cámaras, “y además responde a lo que esperan los ciudadanos sobre la reforma de los medios públicos y lo que se recoge en la exposición de motivos de la nueva norma”. Por último, defendieron una estructura territorial de TVE, y ensalzaron la existente, “modelo de lo que intenta hacer ahora la BBC”, así como sobre los Consejos Asesores Territoriales, que desaparecen el el nuevo proyecto legislativo. También insistieron en el papel de TVE como “tractor” de la nueva tecnología de televisión digital, “algo que depende sólo de la voluntad del legislador”.