El ente público Radiotelevisión Española (RTVE) considera cumplidas tres de las condiciones fijadas desde la Comisión Europea para avalar su sistema de financiación, según informó hoy al Consejo de Administración el secretario general de RTVE, Jaime Gaiteiro.
Según informaron a Europa Press miembros del Consejo de Administración, tres de las seis condiciones que la Comisión Europea impuso en marzo son competencia del ente, mientras que las otras tres actuaciones deben ser asumidas por el Estado, de acuerdo con la información facilitada por el secretario general. Estas reformas quedarían pendientes para cuando se acometa la reforma de los medios de comunicación de titularidad estatal.
Los tres compromisos ejecutados hasta la fecha son la separación de costes en la contabilidad, de manera que se diferencie lo que corresponde a servicio público y lo que no, y dos condiciones referidas a la explotación comercial del medio (publicidad) y de sus contenidos y programas (merchandising). Ambos capítulos deben adaptarse a condiciones de mercado, para lo que se ha redactado un compromiso de autorregulación y un código de conducta comercial que han sido aceptados por el Consejo de Administración.
Las tres que corresponden al Estado están orientadas a impedir que a RTVE se le endeudarse de manera ilimitada: establecer un mecanismo legal para que la financiación estatal no sobrepase el coste del servicio público, la eliminación del aval ilimitado, y la supresión de la exención del impuesto de sociedades para el ente.
CAMBIOS CON O SIN CONSEJO DE SABIOS
La consejera propuesta por el PP en el Consejo de Administración Isabel Ugalde dijo hoy a Europa Press que “está clarísimo que Bruselas ha dado un plazo aunque se diga que no hay plazo para cumplir con todas las condiciones”, y añadió que “con o sin consejo de sabios, TVE tiene que desmantelar su estructura de ente público, lo que incluye el aval ilimitado. Hay que empezar a colocar cada año en los Presupuestos Generales del Estado lo que es exactamente el coste del servicio público”, señaló.
A su juicio, la forma de financiar el Ente es cargar los costes a las cuentas estatales, por lo que apostó por “aumentar la subvención como se hace en toda Europa --afirmó--. Nada de poner 11.000 millones y endeudarse por el resto”.
Miguel Ángel Sacaluga, consejero propuesto por el PSOE, destacó en declaraciones a Europa Press que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales había reclamado en varias ocasiones una regulación, pero que “tras ocho años no se había hecho nada y en muy pocos meses se han hecho los deberes”.
EL PROCESO COMUNITARIO
Bruselas pidió en octubre de 2003 a España la eliminación de la garantía ilimitada que hace al Estado responsable último de las deudas de RTVE, al considerar que que su valor supera los costes netos de la prestación del servicio público.
La investigación del Ejecutivo comunitario se inició a raíz de sendas denuncias presentadas por Telecinco y Antena 3 entre 1992 y 1994, en las que alegaban la concesión de ayudas estatales en favor de los operadores públicos españoles de radiodifusión.
La Comisión examinó entonces diversas medidas estatales en favor de RTVE, y concluyó que las subvenciones anuales directas son insuficientes para cubrir los costes netos del servicio público.
No obstante, señaló que la garantía ilimitada constituye una ayuda estatal porque la compensación concedida a través de este régimen no se calcula sobre la base de los costes en los que incurriría una empresa eficiente y supera los del servicio público, que son los únicos autorizados por la legislación comunitaria.