El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral contra los ex tesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, y su ex gerente Cristóbal Páez, por el caso de los papeles de Bárcenas, en el que se ha investigado la caja B del partido, que deberá responder como responsable civil subsidiario de los 1,2 millones de euros que se dejaron de ingresar a Hacienda.
Una de las noticias más importantes del día, que sin embargo, ha sido minimizada en el Telediario de TVE, lo que ha vuelto a enfadar a algunos espectadores, tal y como lo expresaban en Twitter, además de poner de nuevo a la televisión pública en el punto de mira por posible manipulación.
La noticia de la apertura de juicio al PP no ha abierto el informativo de Ana Blanco, no ha figurado en los titulares del mismo y ha sido relegada al minuto 14, en una escueta pieza de menos de un minuto.
Se abre juicio oral en el 'caso de los papeles de Bárcenas'
Estas nuevas quejas a TVE por presunta manipulación contrastan con el comunicado del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), difundido por la televisión pública, que ha presentado este jueves su barómetro anual, del que se extrae que los andaluces consideran que la televisión más neutral es La 1.
El 14,8% de los ciudadanos de Andalucía creen que la cadena pública TVE es la más neutral de todas las televisiones, seguida de La Sexta, con el 10%; Canal Sur por el 8,4%; Antena 3, con el 5,5%; La 2, con el 4,3%; Telecinco, con el 3,6%; y Cuatro, con el 2,6%.
El Consejo Audiovisual de Andalucía analiza los contenidos y la publicidad que emiten las radios y televisiones, tanto públicas como privadas, para garantizar que se adaptan a la ley y respetan los derechos de la ciudadanía. Sus decisiones se acuerdan en Pleno, formado por seis miembros del PSOE, cuatro del PP y uno de Izquierda Unida.
El juez sienta en el banquillo al PP como responsable civil en la 'caja B'
José de la Mata ha abierto juicio a los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y al exgerente Cristóbal Páez como integrantes en organización criminal por la 'caja B' del partido, así como al PP como responsable civil subsidiario por el pago en negro de la reforma de su sede.
En el auto, el juez de la Audiencia Nacional acuerda, además, sentar en el banquillo a Unifica -el estudio de arquitectura que hizo la reforma de la sede de Génova-, empresa a la que reclama una fianza de 4,5 millones de euros, así como a sus responsables Gonzalo Urquijo, Belén García y Laura Montero, a los que acusa de delitos de falsedad en documentos mercantil y delitos contra la Hacienda Pública.
De la Mata también acusa a Bárcenas, Lapuerta y Páez de delitos de organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo y delito electoral, atendiendo así a la acusación que en este sentido formuló Izquierda Unida, y que se suman a los de apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública que solo les atribuye Anticorrupción.
Según relata el juez, “la 'caja B' del PP funcionó al menos desde el año 1990 y hasta el año 2008, nutrida con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas, al margen de la contabilidad oficial presentada por la formación política al Tribunal de Cuentas”.
“El análisis de lo actuado permite inferir que parte del dinero que presuntamente se recibía en el PP en metálico por los donantes, era introducido en el circuito económico financiero a través de diversos ingresos en efectivo efectuados por la propia formación política, habiendo previamente fraccionado la cuantía total de los mismos”, metodología que seguían Bárcenas y Lapuerta.
Todo ello, según De la Mata, permite concluir “la existencia de una actuación persistente en el tiempo, mediante la cual donaciones nominativas anotadas en los registros contables opacos a cargo” de Bárcenas y Lapuerta “quedaron transformadas en ingresos diluidos en la cuenta de donativos anónimos”, eludiendo así el control del Tribunal de Cuentas y “la eventual vinculación de los donantes con empresas privadas” con contratos vigentes en ese momento con administraciones públicas.
En este sentido, el juez señala que el PP pagó con fondos procedentes de ese circuito opaco de donativos la reforma de su sede y consta que no presentó declaración por el Impuesto de Sociedades correspondiente a 2008, por lo que dejó de declarar “el importe conjunto de las donaciones recibidas por la formación política” durante ese año.
Parte de esas donaciones las habría destinado “al pago parcial de la cantidad de 888.000 euros con que fueron retribuidos de forma opaca algunos de los trabajos ejecutados por Unifica al PP al margen de la facturación y contabilidad oficial”.
De este modo, la fianza de 1.245.154 euros que deberá depositar el PP en un plazo de 10 días, se basa en los 220.167 euros que habría dejado de ingresar ante la Hacienda Pública por el impuesto de sociedades de 2008 y en el millón de euros que no pagó por el impuesto de sociedades de 2007 de la empresa Unifica.
Además, el juez fija, para las seis personas que se sentarán en el banquillo, fianzas que oscilan entre los casi 9 millones de euros de Bárcenas y Lapuerta, los 7,4 millones de Páez, y los 6'1 millones para el arquitecto Gonzalo Urquijo, su socia Belén García y Laura Montero.