Los Gobiernos de Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid han copiado en sus televisiones autonómicas el modelo financiero de Radiotelevisión Española (RTVE), basado en el déficit y en el endeudamiento creciente y a largo plazo para financiarlo. Si RTVE prevé acabar 2003 con un endeudamiento de 6.224 millones de euros, los entes de estas tres comunidades sumarán 1.410 millones en deuda bancaria, casi toda ella avalada por los respectivos Gobiernos autonómicos. El aval público a RTVE fue censurado el pasado 14 de octubre por el comisario europeo de la Competencia, Mario Monti, quien admite que el ente reciba subvenciones por el servicio público que presta, pero no que se endeude con el aval estatal, puesto que distorsiona la competencia. La queja por esta situación, inédita en el resto de las televisiones públicas europeas, fue interpuesta en 1992 por Telecinco y Antena 3. Monti plantea que la parte del déficit procedente del servicio público se financie con cargo a los Presupuestos del Estado. A las subvenciones recurren la mayoría de Gobiernos autonómicos, cuyas televisiones tienen prohibido por ley endeudarse a largo plazo, si bien no se suele identificar el coste del servicio público. Así era también en Radiotelevisión Valenciana (RTVV) hasta 2000, cuando el Gobierno de Eduardo Zaplana decidió cambiar la ley y descargar de los presupuestos el creciente déficit del ente. En sólo cuatro años la deuda ha alcanzado los 407 millones y para 2004 se ha presupuestado un aumento del 32% en la deuda, lo que supone 133 millones más. Toda esta deuda tiene plazos de carencia hasta 2009 y está avalada por la Generalitat. Sólo la Corporació Catalana de Ràdio y Televisió supera estas cifras, aunque con incrementos más moderados, según informa Rosario Correro desde Barcelona. El ente catalán es, con diferencia, el más grande y deficitario de los autonómicos, con seis empresas filiales y varias participadas, entre ellas Audiovisual Sport. La mayoría de su deuda está avalada por la Generalitat y la que no, está sujeta a disponibilidad, que supone que la Generalitat puede avalarla en cuanto sea necesario. La tercera televisión que sigue el camino trazado por RTVE es Telemadrid, aunque con endeudamiento mucho más contenido que en Valencia y Cataluña. Al cierre de 2002, su deuda ascendía a 135,8 millones de euros. Desde el nacimiento de la televisión madrileña, esa deuda era avalada por el Gobierno de la Comunidad, pero a finales de 2002 Ruiz-Gallardón decidió dejar de hacerlo. Estas tres televisiones no sólo reciben fondos de los bancos, sino que siguen cubriendo parte de las pérdidas con subvenciones. En el caso de las televisiones catalana y valenciana las deudas son cada año mayores, mientras que las subvenciones apenas aumentan, lo que lleva a elevar la deuda año tras año y entrar en el círculo vicioso de endeudarse para poder pagar los crecientes gastos financieros, entre otras cosas. Sirva como ejemplo RTVV, cuyos gastos financieros presupuestados para 2004 ascienden a 16,02 millones, equivalentes al 21,6% de los ingresos totales previstos. El Gobierno valenciano, que hasta julio presidía José Luis Olivas, intentó poner remedio a esta situación con la privatización de Canal 9, su principal cadena. Licitó tres concursos para realizar informativos, la producción de 1.800 horas de programación y la gestión de la publicidad. Pero el nuevo Gobierno de Francisco Camps, también del PP, los paralizó cuando estaban a punto de adjudicarse. Opiniones encontradas La comodidad de recurrir a la deuda La decisión de Monti respecto a RTVE abre la vía a que se cubra el déficit de explotación con subvenciones en lugar de con deuda, pero esto representa un peligro para el objetivo del déficit cero. Ese peligro quieren evitar también algunos Gobiernos autonómicos, para los que es más cómodo endeudar al ente indefinidamente, hasta que alguien cargue con el coste de sanearlo. Las televisiones privadas se quejan Las privadas reclaman un plan definitivo sobre la financiación de las televisiones públicas, que nunca llega. Según Jorge del Corral, secretario general de la Unión de Televisiones Comerciales (Uteca), 'se deberían financiar a través de los Presupuestos Generales o vía canon hasta cubrir un 70% de sus necesidades, y el resto con acceso limitado. Y con la prohibición de generar déficit'. Piqué planteó privatizar la gestión El ex ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, se empeñó en sacar adelante una ley audiovisual que regulaba todo el sector, incluidas las televisiones públicas. Sobre éstas, dejaba abierta la puerta a una eventual privatización de su gestión. Por arriesgada y tal vez por proponer una solución tan drástica, la ley fue paralizada por José María Aznar. En nombre del servicio público Cuando se critica el papel de los entes autonómicos, muchas asociaciones de usuarios de televisión enarbolan la bandera del servicio público para defenderlas. Algunas de ellas, sobre todo las que emiten en lenguas autonómicas propias, desempeñan, según estas opiniones, un papel fundamental en la difusión de la cultura autóctona. Y hay que preservarlas, dicen, cueste lo que cueste. Fraga se adelantó al comisario Mario Monti Manuel Fraga se adelantó en 1994 a los deseos del comisario Mario Monti y a las intenciones de los partidos políticos al poner en marcha un plan de saneamiento de la Compañía de Radiotelevisión de Galicia, ente que ha seguido el camino inverso al de RTVE, TV3, Canal 9 y Telemadrid. El plan está eliminando paulatinamente la deuda histórica, que en 1994 ascendía a 55,4 millones y en 2004 se prevé que se haya reducido hasta 10 millones.Mientras, la Xunta de Galicia sufragará con cargo a sus Presupuestos Generales y a su compromiso de déficit cero las pérdidas operativas del ente, que ascenderán a 80,94 millones, según el proyecto de Presupuestos para 2004.
El resto de televisiones autonómicas también se financian mediante los ingresos que generan y con cargo a los presupuestos de la comunidad autónoma, según figura en sus respectivas leyes de creación.Así lo hacen las dos más jóvenes, Canarias y Castilla-La Mancha, esta última creada el año pasado. Y también Canal Sur, que en 2003 le costará al Gobierno de Manuel Chaves 129 millones en subvenciones, dado que los ingresos de 64 millones apenas cubrirán un tercio del presupuesto del ente, según informa Rosa Coronilla. Euskal Telebista tampoco tiene deuda a largo plazo, gracias a las cuantiosas subvenciones del Gobierno vasco, que en 2002 firmó un contrato programa 2002-2005 que garantiza al ente unos ingresos de 417 millones procedentes de las arcas públicas, informa Kirru Artea desde Bilbao