Un total de 1.909 trabajadores de RTVE se han acogido a las condiciones pactadas para el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) del grupo público, el 56,06 por ciento del objetivo planteado por el plan de saneamiento, una semana después de la apertura del plazo, y que aspira a recortar, al término del proceso, un total de 4.150 empleos. Los trabajadores en plantilla del ente público han recibido en sus casas desde el pasado día 13 de noviembre unas cartas con los cálculos individuales de las cantidades a percibir durante los siguientes doce años. Así lo confirmó a Europa Press el secretario general de UGT en el ente público, Paco Andújar, según los datos facilitados por la Dirección General a las 11 horas de ayer. “Hoy andaremos por encima del 60 por ciento”, pronosticó Andújar, que explicó que hasta la fecha se han inscrito sólo los mayores de 52 años, que tienen prioridad en el proceso de prejubilaciones, y que representan un colectivo de 2.300 trabajadores.
En este proceso, los segundos por orden de inscripciones serían aquellos que cumplan los 52 años durante 2007 ó 2008, que sumarían un total de 4.231 empleados. En caso de que estas vías de prejubilación no fueran suficientes, la empresa y los sindicatos acordaron opciones voluntarias para trabajadores con 24 años de experiencia, que percibirían la misma cantidad de salario --el 92 por ciento del sueldo neto-- durante el mismo período de tiempo, los 13 años que van desde los 52 hasta la edad de jubilación, 65.
El secretario general de CCOO en RTVE, Marcel Camacho, aseguró que, en caso de mantenerse esta “buena dinámica de voluntarios”, el cupo final se cumplirá “casi con toda seguridad”, y destacó en declaraciones a Europa Press el amplio número de trabajadores que solicitan más información en los locales sindicales y consultan sus “casuísitcas individuales”.
Por su parte, la directora general del ente público, Carmen Caffarel, aplaudió hoy el “buen ritmo” de aceptación de las condiciones, que, según aseguró, “no hará necesaria la aprobación de ningún 'Plan B'”, tal y como planteó la SEPI en caso de que no se cubrieran las bajas suficientes. En su comparecencia en la Comisión de Control parlamentario de RTVE, Caffarel insistió en que el plan “marcha de acuerdo con el porcentaje previsto” y negó que fuera a ser necesario “ningún plan alternativo”.
La directora general fue preguntada por la materia en la Cámara Baja, donde reprochó al PP que se haya opuesto a la reforma de RTVE: “Se han opuesto a la creación del comité de sabios, se han opuesto a la Ley de Reforma de RTVE, y a la disposición adicional de los presupuestos de 2006, y al plan de saneamiento, y no se han atrevido a oponerse al acuerdo con los sindicatos para no enfrentarse a los trabajadores”, dijo Caffarel a la portavoz 'popular' en la Comisión, macarena Montesinos.
La portavoz del PP en la citada comisión afirmó que RTVE se dedica a contratar “con goteo” a trabajadores, “mientras plantea la salida de 4.000”, y denunció que la Dirección General “se reserva un cupo del 3 por ciento de trabajadores afines que no serán prejubilados”. Por su parte, el diputado del PP Ramón Moreno criticó la “desorientación” de Caffarel en cuanto a las cifras y aseguró que “muchos trabajadores se han decidido a marcharse por el clima irrespirable” en el ente público. También cargó contra el “empuje al paro” de “grandísimos profesionales que no podrán ser fácilmente sustituibles”.
Otro de los diputados del PP, Teófilo de Luis, pidió una estimación “de lo que el ERE va a costar a los españoles”, considerando las variables nuevas introducidas en el acuerdo, que data de octubre, y que actualicen las previsiones del crédito pactado en septiembre, de 125 millones de euros. Caffarel no pudo dar esa cifra “por tratarse de aproximaciones prematuras y poco rigurosas”, pero “prometió” al diputado que “tendrá todos los datos cuando se puedan dar en conjunto”.
UN INSTITUTO AUDIOVISUAL PARA SALVAR EL ARCHIVO
La directora general también fue preguntada por el estado de los fondos documentales de TVE, que calificó de “aceptable”, y destacó que “no se han detectado pérdidas”, si bien matizó que el proceso de conservación y digitalización de los mismos sufre carencias presupuestarias. En este sentido, recordó que en noviembre de 2001 se aprobó el 'Proyecto de digitalización de los fondos documentales de TVE“, para el que se ”estimó“ un presupuesto de 68 millones de euros, ”muy por debajo de lo que se precisa“, pero que, además, ”no se dotó“ con esos fondos. Por ello, insistió en que la mayor parte de los recursos destinados, tanto de personal como de instalaciones --Edificio Digitalización en Prado del Rey--, para un total de 6 millones, se ha realizado detrayendo esa cantidad del presupuesto general, ”gracias a un recorte de gasto y un período de austeridad“. Hasta el momento, los trabajos no han podido acometer la segunda fase, la digitalización de fondos anteriores a 1980, que presentan más riesgo de deterioro.
Caffarel calificó la situación de “cuestión de Estado”, e insistió en que ella “no se ha dirigido a ninguna ministra para reclamarle fondos”, sino que ha planteado un problema “que es de todo el estado y las instituciones”, por lo que propuso una iniciativa “de largo alcance”: la creación del Instituto nacional de Documentación y Patrimonio Audiovisual, en colaboración con RTVE, y apoyado por administraciones autonómicas y estatales.
RADIO 4 “TENDRÁ UNA SOLUCIÓN”
El diputado de ERC, Joan Puig, volvió a preguntar a Caffarel por el futuro de la emisora en catalán Ràdio 4, y comentó la coincidencia de la efeméride de los 50 años de TVE --“una televisión creada por Franco”-- y de los 30 de Ràdio 4 --una cadena de la democracia“--, emisora que tiene ”un futuro muy negro“. ”No me diga que es un problema de presupuesto, porque con lo que cobra la nieta de Franco por ir a un programa --Carmen Martínez Bordiú participó en 'Mira quién Baila'--, pagábamos una temporada Ràdio 4“, afirmó.
Caffarel insistió en que la emisora “tendrá una solución en colaboración con alguna institución catalana”, y que la búsqueda no ha podido comenzar antes, por la falta de “interlocutor”, al no haberse celebrado las elecciones catalanas.