La Universidad Complutense ha elaborado un informe en el que recomienda a la Generalitat volver a contratar a LOS 1.600 trabajadores despedidos de Radiotelevisió Valenciana (RTVV). Dicha recomendación viene justificada por el riesgo de que la Audiencia Nacional dicte como nulo el ERE de extinción.
Esto es lo que defiende la profesora Beatriz Gutiérrez-Solar Calvo, quien ha elaborado el análisis bajo la supervisión de María Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional. En el informe, recogido por El Mundo, ambas profesionales reconocen que “en nuestra opinión, creemos que los argumentos jurídicamente más fuertes contra el ERE impugnado dirigen a la calificación de nulidad y, si esto ya era así, tras la aparición de la ley 12/2015 -impulsada por PSPV, Compromís y Podemos para recuperar Canal 9-, esta valoración entendemos que se ve reforzada”.
La negociación entre UGT y la Generalitat
Este informe se centra en una posible negociación entre UGT, sindicato que ha solicitado la elaboración de este análisis, y la Generalitat con el fin de cerrar la vía judicial y que se puedan recuperar el mayor número de puestos posibles, siempre «con el mantenimiento de las condiciones de trabajo y derechos adquiridos que venían disfrutando los trabajadores antes del ERE».
Este ERE se encuentra actualmente impugnado y si la Audiencia Nacional lo declara nulo, tal y como defienden ambas juristas, la Generalitat tendría que hacer un gasto de 100 millones de euros en salarios de tramitación, contratando a los 1.600 trabajadores para volverlos a despedir. Por ello, UGT ha pedido explorar la opción de una negociación, pues que se dilate la vía judicial perjudica a ambas partes debido al incremento de los gastos relacionados con este ERE.
Casas y Guitérrez-Sola también afirman que “la mejor salida para el objetivo pretendido de recuperación del empleo para los trabajadores afectados por el ERE es un pacto con la Generalitat en virtud del cual se alcanzase la readmisión de los trabajadores”.
Además, las dos firmantes del informe reconocen que puedan existir “objeciones razonables” en el hecho de que “el ERE en virtud del cual se han extinguido los contratos fuese negociado por las propias partes que ahora pactarían para reconocer su nulidad o improcedencia”. Sin embargo, el cambio de posición de las partes implicadas “formalmente es posible a través de un allanamiento de la Generalitat a la demanda de CGT o un acuerdo de conciliación, que excluiría el proceso”, calificando como “elemento clave” para legitimar este cambio la aparición de la ley 12/2015 impulsada por PSPV, Compromís y Podemos.
“La solución más favorable” para el desbloqueo de la situación
Para las juristas, “este pacto que garantizase la readmisión, con la devolución de las indemnizaciones es el más conveniente económicamente para la Generalitat y también es el más rápido para desbloquear el conflicto, garantizando la solución más favorable para la recuperación de sus empleos a los ex trabajadores de RTVV”.
Aun así, alertan de que la respuesta judicial “puede demorarse” y que, a pesar de entender que es “improbable” que el tribunal “estime la procedencia del despido colectivo dados los motivos de irregularidad bien fundamentados de la demanda”, “una resolución judicial declarando la nulidad muy avanzado el proceso de liquidación podría plantear dificultades a la readmisión y, en esta tesitura, la improcedencia ofrecería aún menores expectativas”.