Cerrar medios como hacen los golpistas latinoamericanos
El pasado 30 de septiembre, el alcalde Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cerraba la radio pública municipal M21, algo que ya anunciaba el Partido Popular el pasado mes de mayo. La radio pública del Ayuntamiento de Madrid se definía como “una emisora en la que caben todos los barrios, voces y sensibilidades que componen Madrid. Ofrecemos un mosaico de programas que abordan cultura, educación, música, deportes, ficción, servicio público o expresiones artísticas”.
El Ayuntamiento de Madrid, formado por PP y Ciudadanos, comunica al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que tiene las competencias, su renuncia al espacio de radiodifusión de M21. De este modo la corporación pierde un dial que el Consistorio tiene en propiedad desde 1997, estuviera o no emitiendo, y elimina la posibilidad de que en el futuro se pueda volver a salir al aire.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, informó en septiembre de que Telemadrid, la televisión pública regional, está en el punto de mira de su gobierno. Ayuso afirmó que la cadena “ya no es un servicio público esencial” y que su Ejecutivo estará vigilante y “verá” si es mejor cerrarla. Ya anteriormente Esperanza Aguirre insinuó en varias ocasiones su intención de cerrar Telemadrid.
La televisión autonómica madrileña fue un ejemplo de profesionales que denunciaron el despilfarro de dinero público que realizaba su empresa bajo los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. Al tiempo, criticaban la manipulación y censura en los informativos, puestos al servicio de los intereses políticos y personales de ambos presidentes.
El argumento de la derecha es que esos medios públicos suponen un derroche económico que pueden destinar a servicios más esenciales a los ciudadanos. Pero Telemadrid cuesta 3 céntimos al día a cada madrileño. El coste para cada español de los medios públicos de comunicación estatales y autonómicos, 43,8 euros; media en Europa, 64,5, y a la cabeza Dinamarca (160,5), Reino Unido (113) y Alemania (111,7).
El 29 de noviembre de 2013, el entonces presidente valenciano, del Partido Popular, Alberto Fabra cerraba la radio y televisión autonómica, Canal 9, ya que, decía, “el dinero que costaba lo podría invertir en nuevas escuelas y hospitales”. Ese curso y el siguiente miles de niños valencianos seguían asistiendo a clase en barracones, y el hospital de Alzira, cedido a manos privadas, se declaraba en suspensión de pagos.
Son habituales las críticas a los gobiernos por convertir los medios públicos en meros agentes de propaganda o, al menos, correas de transmisión de sus políticas. Sin embargo, como comprobamos frecuentemente, la derecha prefiere clausurarlas antes que domesticarlas. La razón es fácil de comprender, para que esa licencia de emisión esté al servicio de políticas neoliberales a los gobiernos de derecha les basta con que esos medios públicos sean privatizados y estén en poder de un gran grupo mediático o un empresario de la construcción, que es lo más habitual en provincias. Si en algún momento se pone díscolo se le apacigua con algún dinero de publicidad institucional. En cambio, un medio público es más difícil de controlar. Es verdad que los gobiernos nombran a los directivos, pero siempre quedan sindicatos impertinentes, trabajadores decentes y honestos que, si tienen contratos estables, pueden seguir haciendo un trabajo digno sin aceptar presiones, hay consejos de administración con representantes de la oposición, explicaciones necesarias en los parlamentos, etc. Todo un incordio que la derecha puede resolver mejor cerrando el medio público y dándole la licencia a un empresario amigo.
El caso del golpe militar de Honduras de 2009 ilustra a la perfección lo que acabo de explicar. Cuando toma el poder el nuevo presidente puesto por los militares, lo primero que hace con la televisión pública no es dejarla bajo su control, sino privatizarla y ceder la licencia a uno de los empresarios más poderosos del país. Era la jugada más coherente para un gobierno provisional de derechas, ahora la televisión pública ya sería siempre neoliberal, gobernase quien gobernase.
Visto lo visto, parece que la derecha española tiene un ojo puesto más allá del Atlántico, y cuando llega al poder se comporta como los golpistas latinoamericanos y no tarda en cerrar un medio público por si alguna vez pierden las elecciones.
