Despotismo judicial contra Julian Assange
Un estudiante de doctorado podría escribir diez tesis detalladas del calvario judicial que ha sido el caso Julian Assange. Luego de una década de llevar su caso de forma directa e indirecta, puedo decir con confianza que este ejemplifica todas las formas de abuso de la ley y de los procesos administrativos en contra de una persona.
Desde unas condiciones de libertad bajo fianza mucho más agresivas y restrictivas, aún sin cargos, que las impuestas a un peligroso terrorista, hasta dilaciones de proceso maliciosas. Desde archivos borrados de los sistemas informáticos judiciales de dos países como Reino Unido y Suecia, que se caracterizan por su sofisticado gobierno electrónico, hasta computadoras “robadas” a sus abogados y compañías españolas de seguridad privada vigilando nuestras reuniones.
Lawfare financiero también, porque su nombre es una gran bandera roja que permite que los bancos le cierren sus cuentas y que hace que no haya firma de abogados que se atreva a representarle en temas criminales. Los medios, como dicta la fórmula, se embarcaron en un intenso proceso para asesinarle en vida, y en su caso, es más triste aún, ya que fueron precisamente esos medios los que, sin más condiciones que hacer su trabajo, publicaron junto a él las aún vigentes revelaciones de 'Cablegate'.
Luego de que, contra el derecho internacional, su constitución misma y la mínima dignidad latinoamericana, Lenin Moreno abriera el espacio inviolable de su Embajada a Scotland Yard, para despojar ilegítimamente de un derecho humano irrenunciable a un periodista, el Reino Unido tuvo poca piedad. Luego de siete años de encierro, Julian necesitaba, para no tener daños irreversibles a la salud, atención médica urgente. Especialmente porque se lo pedimos a Reino Unido por siete años y porque sus médicos lo advirtieron. Su estancia en confinamiento pudo traer daños permanentes a su sistema inmunológico, a sus músculos o a su motricidad. Además, Assange padece de estrés postraumático, deficiencia de vitamina D y una grave lesión en el hombro que necesitaría cirugía.
El shock al que fue sometido, al pasar de un espacio confinado y sin sol, a una pequeña celda 23 horas al día, fue acompañado del desprecio de una jueza, quien, contraria a las normas de la ética de la profesión, o al mínimo signo de humanidad y compasión que caracteriza a los grandes juristas, le llamó insolente, narcisista y le dictó la pena máxima posible, menos dos semanas. De inmediato se destapó lo que siempre sospechamos desde 2010: la detención sería el mecanismo para tenerle en custodia y así servirle la notificación del caso en su contra en Estados Unidos, por publicación. Un caso que es una afrenta al periodismo de investigación del siglo XXI.
Las dos más recientes arbitrariedades vinieron de Ecuador y Suecia. El primer país, en un arranque de desesperación mediática, ha aprehendido al europeo de nacionalidad sueca Ola Bini. Una detención ilegal, violenta, sin seguir protocolos diplomáticos y sin ponerle a disposición de un juez por más de 24 horas: básicamente un secuestro y posterior sometimiento a condiciones degradantes, ordenado por la ministra del Interior, María Paula Romo, con la pleitesía del presidente de Ecuador, Lenin Moreno, mientras este cerraba negocios en Washington y cobraba la propina. Hace más de un mes de la detención de Ola Bini y la poca cobertura mediática y la inacción tanto de su país como de la Unión Europea hacen sospechar lo peor. Bini está en una celda en hacinamiento, sin agua limpia, sin una cama donde dormir y bajo amenaza de ser trasladado a una prisión peor.
Ecuador también acató sin demora una orden abiertamente ilegal y contraria al derecho: decomisar a su exasilado, como “evidencia”, todas sus pertenencias y entregarlas al país que está procesando a un periodista por publicar. Antes las embajadas eran lugar de refugio y alivio para aquellos perseguidos políticamente, hoy al entrar a ellas se arriesgan a no salir. Latinoamérica, la región que era la más fuerte y solidaria para recibirles, es hoy el verdugo que sienta el precedente para no confiar más en la protección diplomática, obedeciendo al chasquido de ese país poderoso.
Y, para complicar más la situación, Suecia abre por tercera vez la investigación por violación menor (sexo consensual y no violento sin preservativo), a pesar de haberla cerrado por dos veces. A pesar de haberse negado por años a efectuar la investigación usando videoconferencia, o bien desplazándose a Reino Unido para realizarla. A pesar de finalmente haberla efectuado en una diligencia de asistencia judicial e interrogándole durante más de dos días. Sin evidencia suficiente para presentar cargos, como admitieron el 13 de mayo de 2019. Le quieren interrogar de nuevo, 9 años después de los hechos. Lo que nadie menciona, lo que todo medio olvida es que ante las acusaciones suecas, Julian Assange se presentó de inmediato a la policía y declaró en agosto 2010. La primera fiscal cerró el caso. Luego el sistema reabre, cierra y vuelve a abrir. Tercera entrevista.
El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU determinó de forma contundente que se habían producido graves violaciones en el caso Julian Assange, a través de una acción desproporcionada que podría haberse adelantado con medios alternativos que hubieran permitido la entrevista requerida por Suecia en el marco del asilo otorgado. Los medios lo pintan, sin cargo y sin juicio, como un criminal, cuando la propia ONU afirma que el villano de la historia es el despotismo judicial de cuatro jurisdicciones hoy perfectamente alineadas: Suecia, Reino Unido, Ecuador y Estados Unidos. Sin visitas. Silenciado. Inmovilizado. Demonizado por atreverse a publicar la verdad.
Quisiera recuperar la fe en el sistema de justicia y que las personas entendieran que, ante una persecución política, las instituciones sólidas, valiosas, como el asilo político y la protección diplomática son hasta hoy los únicos antídotos contra la arbitrariedad.
Hasta hoy, no hay justicia. El caso es puro y duro acoso judicial por proceso, convirtiendo la aplicación de la ley en una mordaza, cuyos efectos alcanzan a otros, nos alcanzan a todos, más allá de Julian Assange.
