Entonces, ¿el nuevo Gobierno será feminista?

¿Un Gobierno feminista empieza por la forma o por el fondo? El Ejecutivo de Pedro Sánchez jugó a elevar el listón en la forma: el gabinete con más ministras de mundo, por encima de los siempre mentados Suecia o Islandia, consiguió un golpe de efecto cuando aún sabíamos poco del contenido concreto de sus políticas. Esta vez, el comienzo es por el fondo: el acuerdo programático de PSOE y Unidas Podemos incluye un apartado muy explícito con medidas más o menos concretas  -“Políticas feministas”- y otra serie de propuestas que sin estar incluidas en ese epígrafe beben claramente del movimiento feminista.

El documento arriesga en algunos puntos y se mantiene en zona conocida en otros. Es el caso del punto que habla de las empleadas de hogar: la promesa de equiparar sus condiciones al de resto de trabajadores y de ratificar el convenio 189 de la OIT que les daría derecho a paro lleva años sobre la mesa y ha estado incluida en varios programas electorales y hasta de Gobierno. Tampoco es nueva la intención de seguir ampliando y equiparando permisos de paternidad y maternidad; el documento no incluye más plazos ni tiempos que los ya puestos en marcha. En cuanto a violencia machista, el 'solo sí es sí' lleva meses guardado en el cajón y su presencia en el acuerdo no es una sorpresa, tampoco el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género.

Pero el pacto sí se atreve a arañar más derechos. Hay tres puntos, muy distintos entre sí, que auguran nuevos tiempos. El acuerdo refuerza el derecho al aborto y lo hace con un lenguaje muy lejano de los términos rancios con los que la derecha suele hablar de familia y maternidad. “Asegurar una maternidad libremente decidida” suena a derechos. En ese epígrafe cabe desde la prevención de los embarazos no deseados a través de campañas y educación a garantizar el acceso a los nuevos métodos anticonceptivos (también la anticoncepción de urgencia).

Pero sobre todo destacan dos medidas. Una, la garantía de acceso al aborto en los términos marcados por la Ley de 2010, que podría significar (aunque el pacto no lo explicita) recuperar el derecho de las menores de 16 y 17 años a abortar sin consentimiento paterno. La Ley de plazos blindó este derecho, que más tarde eliminó el Gobierno del PP y que tanto PSOE como Unidas Podemos se han comprometido en varias ocasiones a recuperar. Y dos, garantizar la intimidad y la integridad de las mujeres que acuden a las clínicas que practican abortos, esto es, actuar contra el acoso que ejercen grupos ultras a las puertas de estos centros médicos y que a día de hoy suponen una coacción para cientos de mujeres que quieren o tienen que abortar.

El segundo punto más ambicioso es el que aborda la igualdad en el acceso al empleo y en el ejercicio de los cuidados, dos caras de la misma moneda que el pacto también une con varias propuestas. Una de las que más impacto puede tener y que no será del gusto de la patronal es la de garantizar la adaptación de la jornada laboral de las personas que se reincorporen después de un permiso de crianza y hasta que los menores tengan 12 años. A falta de ver cómo se concreta este derecho, es una política que afectará a miles de personas, especialmente a las que tienen turnos partidos o a las que ahora solo les quedaba la reducción de jornada (y, por tanto, de salario) para tener jornadas compatibles con el cuidado.

Esta medida va acompañada de otras que pueden darle más fuerza, como crear una oficina especializada de lucha contra la discriminación ligada a la Inspección de Trabajo. Permitiría que el control sobre la igualdad en el acceso al empleo y durante la carrera laboral sea un hecho y no algo que las trabajadoras hacen como pueden con sus propios medios y los de los sindicatos. Y sí, nos hemos hartado de oír hablar de la “racionalización de los horarios” pero en esta ocasión la expresión va acompañada de una propuesta con más implicaciones y más carga de profundidad: una ley de usos del tiempo. Hay una frase de la actual secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, que define el asunto a la perfección: “A las mujeres se les expropia tiempo constantemente sin que ellas perciban expropiación”.

El tercer punto es que el acuerdo de Gobierno dice que ya es hora de pasar de recomendaciones a obligaciones. La Ley de Igualdad hablaba de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de decisión de los organismos públicos y en las empresas cotizadas, pero no contenía ningún capítulo sancionador. El pacto de PSOE y Unidas Podemos menciona un genérico “tomar medidas” para que este equilibrio se produzca y, por primera vez, incluye un plazo: los próximos cuatro años. Está por ver si esas medidas incluirán sanciones y de qué tipo para las empresas incumplidoras. Extiende, eso sí, la obligación de equilibrio a otros otros órganos, como los electorales o los que toman las decisiones en los convenios colectivos, aunque en este caso sin fijar plazos.

El feminismo es el fondo y es la forma. Por eso, las expectativas están puestas en si habrá capacidad para sacar adelante todas estas medidas y en cómo se concretarán. Pero las expectativas también están en las formas y eso incluye un Gobierno paritario -no solo en los niveles más altos- y otras acciones que definirían un Ejecutivo feminista y cuidadoso. Quizá incluso es el momento para que imaginemos qué significaría eso en la práctica.