Marchenagate

“Me llamo X. Aprobé los exámenes de acceso en la convocatoria del año pasado (BOE, 5 de diciembre de 2016). Elegí la carrera judicial que era mi vocación, pero cuando llegó mi número ya no quedaban plazas de juez y me asignaron ser fiscal. Sofía Marchena eligió la carrera judicial y ahora resulta que puede volver atrás y elegir la carrera fiscal. Si ella hubiera elegido fiscal -como hace ahora en una segunda oportunidad inaudita- YO HOY SERÍA JUEZ. A mí, en dos años, nadie me ha notificado que esta señora deja la Escuela Judicial. Nadie me ha dicho QUE QUEDA VACANTE UNA PLAZA DE JUEZ QUE DEBERÍA SER PARA MI. Quiero hacerlo público para evitar futuras irregularidades como esta”. Este mensaje apareció en uno de mis buzones tras la publicación esta semana de las anomalías en la asignación de una plaza de fiscal, especialmente creada para ella, a la hija de Manuel Marchena, presidente de la Sala II del Tribunal Supremo (La hija de Marchena). Cuando la Comisión de Selección, en un comunicado insólito, se nos acabarán los adjetivos para lo nunca visto, explicó tras mi columna que nadie había sido perjudicado, tampoco decía toda la verdad.

Más allá de la ley de la omertà, vamos a seguir hoy tras la pista de la inédita plaza 36 de la oposición de fiscales de este año. La plaza de la hija de Marchena. Nunca pensé que intentar buscar transparencia en el Poder Judicial pudiera parecerse a la tarea de Saviano, pero lo cierto es que me estoy encontrando con opositores advertidos sobre posibles represalias que borran todo rastro de sus quejas en sus foros y en las redes sociales, con medios de comunicación que se ponen de perfil ante una situación tan grave y de tan necesaria aclaración como los másteres fantasma y con una pléyade de mensajes que me recuerdan con cariño que tenga cuidado con Marchena que es un tipo muy poderoso. Cierto es. Es poderoso, busca más poder y, además, tiene una característica que no todos los jueces tienen y es que conoce los sutiles hilos que lo conforman y tiene arte para moverlos.

El CGPJ y la Comisión de Selección de la oposición a jueces y fiscales han hecho públicos sendos comunicados para explicarnos que todo está bien. Tan bien está, que las asociaciones judiciales, excepción hecha de aquellas a las que pertenecen algunos de los que podrían estar implicados en las irregularidades, tras leerlos, se han puesto en pie de guerra exigiendo al Consejo General del Poder Judicial la documentación que permita probar si se produjeron o no actos irregulares o no lícitos. Me gusta particularmente la petición de las asociaciones Francisco de Vitoria y Jueces y Juezas para la Democracia que termina con un litúrgico, pero también rotundo: “Es Justicia que pedimos en Madrid a 26 de julio”. Pedir justicia y transparencia y control de la corrupción es tarea que también tenemos los periodistas. Ahí lo dejo.

Sí, hay evidencias de que la hija de Manuel Marchena ha podido beneficiarse de una serie de decisiones hechas a su medida para poder cambiar de opinión y después de haber elegido cuando correspondía ser juez poder ahora ser fiscal. Dejar de estudiar en Barcelona para poder formarse en Madrid, plaza en la que reside su familia. Esos interrogantes sobre una legalidad ad hoc creada para ella, no son un fantasma ni mucho menos una conspiración independentista contra Marchena como algunos tiralevitas quieren insinuar. A menos que gran parte de la carrera judicial y fiscal y miles de opositores indignados puedan ser considerados conspiradores. No, lo que sucede es que una oposición de esta envergadura es un hito personal tan profundo que nadie está dispuesto a que se lo devalúen poniéndolo en duda ante la opinión pública. A los ciudadanos debería importarnos, tanto o más que otros escándalos educativos, porque si no reaccionamos ante la posibilidad de que las personas con poder estén manipulando los resortes para conseguir que sus hijos accedan a los puestos que desean, estaremos aceptando la peor lacra que el sistema de oposición pública quiso evitar: el nepotismo, el enchufismo y el amiguismo. Estaremos asumiendo que no nos importa si manipulan o no el acceso a puestos tan sensibles como los de fiscal o juez. Aceptaríamos que no nos importa la corrupción institucional.

Sofía Marchena eligió ser juez y ahora elige ser fiscal siendo que ambas carreras son estancas y esta marcha atrás no se le ha permitido jamás a nadie. ¿Se le va a permitir a X, la fiscal por obligación con la que arrancaba esta columna? Si la ingeniería jurídico-administrativa alegada se ha creado exclusivamente porque la afectada se llama Marchena y es hija de quien es, estamos ante un escándalo de proporciones mayúsculas que podría tener una gravedad más allá de lo administrativo. Por eso las asociaciones de jueces y fiscales quieren una documentación que respalde los puntos oscuros de todo este suceso. Los jueces han pedido oficialmente al CGPJ que se acredite cómo se solicita la transformación de una plaza de juez en una de fiscal para que la ocupe Sofía Marchena y el acuerdo ministerial en el que se concede. Esto es primordial porque, además, las plazas que se convocan tienen una dotación presupuestaria en cajas distintas. Esos jueces y fiscales deberán ser pagados el resto de su vida activa, así que esa dotación existe para un número concreto de jueces y para un número concreto de fiscales. En la Administración no se puede cambiar el dinero de bolsillo como hacemos en la vida diaria. No vale pasar dinero de una caja a otra sin respaldo legal. Eso es lo que tienen que mostrar para poder comprobar que se hizo adecuadamente o si, en caso contrario, hay responsabilidades.

Han pedido también el soporte documental y legal de cómo la Comisión de Selección le asignó a Sofía Marchena una nota inventada, pero que les venía bien según ellos mismos dicen, y que no se corresponde con la publicada por dos veces en el Boletín Oficial del Estado (cuando aprobó y en el acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ, el acuerdo de Nochebuena). Y es que el BOE no es el ¡Hola!. Lo que se publica en el BOE tiene peso de ley y no puede ser alterado o cambiado según acomode a unos u otros.

Por último, los jueces han exigido al Consejo que les entregue los boletines de petición de asignación de carrera, fiscal o judicial, de todos los aprobados este año para comprobar que, efectivamente, la asignación a la hija de Marchena de una plaza de fiscal inexistente en la convocatoria no ha perjudicado a nadie. Esta demanda, como hemos visto, es insuficiente puesto que puede haber perjudicados en la promoción anterior.

Los que esperan que el verano entierre en arena, calor y olvido el Marchenagate creo que van a quedarse con las ganas. Y más nos vale. La integridad y la limpieza de la forma de acceso a las carreras públicas es irrenunciable. El respeto a los principios de mérito, capacidad e igualdad ante la ley, también. El esfuerzo de tantos jóvenes no puede ser devaluado. Puede que algunos crean que es difícil explicarle a la ciudadanía lo que nos jugamos si miramos para otro lado, pero yo sospecho que, por contra, es tremendamente fácil que entienda de qué hablamos y qué nos jugamos.