El PP apuesta por la extrema derecha como socio para llegar al poder

Los resultados de las elecciones de Andalucía no deberían provocar una situación de pánico en la sociedad española, ni tampoco en la izquierda. Como ya ha recordado mucha gente, se ha puesto fin a la excepción española. La ultraderecha es una realidad en Europa, lo que no quiere decir que en estos momentos esté siendo gobernada por la extrema derecha. Perder de vista eso no es ignorar la amenaza ultra, sino ayudar a entenderla. Porque una cosa está clara. Si el diagnóstico es equivocado, es muy poco probable que la estrategia que se haga a partir de ese punto vaya a funcionar.

Lo que sí está confirmado es que el Partido Popular ha decidido que la extrema derecha es un socio perfecto y legítimo para ganar las próximas elecciones generales. Nada de cordón sanitario, nada de defender los principios básicos de la democracia liberal, nada de frenar lo que llaman los populismos de extrema derecha. Todo eso que han sostenido dirigentes conservadores en países como Alemania o Francia ha sido depositado en una papelera de la sede de Génova, 13.

Pablo Casado apuesta por la vía marcada en Austria, donde la derecha gobierna en coalición con la extrema derecha del FPÖ, un partido fundado por un nazi que fue miembro de las SS. O por la vía de Italia, donde la derecha de Berlusconi fue a las elecciones de la mano de la Liga que había concluido su viaje a la ultraderecha y de otro partido de la misma tendencia. 

Es lo que Casado llama unir a “las fuerzas del centroderecha” (sic).

La apuesta de Ciudadanos es diferente, aunque las primeras declaraciones de Albert Rivera y de su candidato en Andalucía indican que están en la misma línea. Han celebrado “la victoria del cambio”, y ese sólo es posible con la suma de los doce diputados de Vox.

Cabe la posibilidad de que Rivera intente en los despachos –esos sitios horribles donde pactan los demás– un extraño salto mortal que pase por forzar el apoyo del PSOE y la abstención de Adelante Andalucía para que Juan Marín sea elegido presidente. Sería algo factible en algún país del norte de Europa donde la tradición de política de pactos no garantiza de forma automática al partido más votado la presidencia de un Gobierno de coalición. En España, sería un cambalache político con un acuerdo entre partidos de muy diferente ideología que minaría la credibilidad de sus autores. 

La otra opción –lo que han llamado “la mayoría del cambio” desde la derecha– es también envenenada, porque desnudaría la ideología liberal que atesora Ciudadanos y le dejaría en evidencia ante sus socios europeos. Todos los valores liberales que dice defender Ciudadanos, a veces presentados con el adjetivo 'progresistas', son incompatibles con la extrema derecha, incluida la variante española que apela a la xenofobia y el desmantelamiento del Estado autonómico español, un elemento fundamental de la Constitución cuyo aniversario se celebra en unos días. 

No toda la ultraderecha es idéntica en Europa. En cada país se alimenta de realidades políticas propias, aunque su sustento ideológico sea común. El hecho de que Vox haya sido el partido más votado en El Ejido, Almería, es uno de los datos menos sorprendentes de la jornada, al menos para los que recuerdan los ataques racistas del año 2000. 

La presencia del racismo es innegable en la sociedad española. Sin embargo, encuesta tras encuesta queda claro que las ideas xenófobas cuentan con menos atractivo en España que en países como Francia y Alemania. Un sondeo reciente afirma que el 44% de los alemanes cree que se debería prohibir la llegada de musulmanes al país, un porcentaje que ha aumentado claramente desde otro sondeo similar en 2014. Un 55% dice que el número de musulmanes les hace sentir extranjeros en su país.

Se calcula que el porcentaje de musulmanes en Alemania es ahora del 6%.

Las encuestas en España no revelan tal grado de rechazo a los inmigrantes de esa religión. Es cierto que eso puede cambiar desde el momento en que Pablo Casado ha enarbolado la bandera xenófoba con amenazas veladas o no tanto a la población de origen extranjero. Que es el discurso que mantiene Vox desde hace tiempo, como toda la ultraderecha europea. 

Es posible que haya que buscar el indudablemente espectacular resultado de Vox en Andalucía en factores internos. Como en otros países de Europa –y fuera de Europa, como demuestra la victoria de Bolsonaro en Brasil–, la primera razón en el aumento de los votos de la extrema derecha procede de los que recibe de antiguos votantes de la derecha. El PP venía de perder medio millón de votos en las anteriores elecciones autonómicas. El agujero no se ha cerrado, porque ha perdido otros 300.000. 

Es un dato que debería preocupar al PP de Pablo Casado de cara a unas elecciones generales.

El otro factor tiene que ver con un problema también interno, es decir, la crisis originada por el proceso independentista de Cataluña. Ahí el PP, desde la victoria de Casado en las primarias, ha optado por legitimar la solución más radical contra los independentistas, que pasa por un 155 para todo e incluso por cercenar las competencias de las demás autonomías en educación, sanidad y justicia, lo que es difícilmente compatible con el modelo constitucional de 1978.

Ese también es un discurso con el que Vox se siente muy cómodo. Puede vender a sus potenciales votantes la idea de que apostar por Vox es un voto útil para presionar en esa línea al Partido Popular.

Ese probable impacto del problema catalán es el que más debería preocupar a Pedro Sánchez. Necesita los votos de los independentistas si quiere aprobar unos presupuestos y necesita alejarse de ellos si cree que eso le perjudicará electoralmente fuera de Catalunya. Ambas cosas son incompatibles. 

La izquierda tiene dificultades para influir en ese corrimiento de tierras dentro de la derecha con destino a la extrema derecha (como mínimo, sería bueno que no se extendieran argumentos que legitiman el rechazo a la inmigración como los que han aparecido en artículos y declaraciones de Julio Anguita y Manuel Monereo). Puede influir de otras maneras.

El impacto de Vox para la formación del futuro Gobierno de Andalucía no habría sido el mismo si el PSOE de Susana Díaz no hubiera perdido tantos votos en favor de Ciudadanos. Tampoco habría sido el mismo si la coalición de Podemos e IU hubiera recogido una parte del electorado socialista decepcionado con el PSOE. De hecho, ha ocurrido lo contrario. Ha perdido casi 300.000 votos con respecto a los comicios de 2015 cuando ambos partidos se presentaron por separado. 

Ante este panorama, las apelaciones genéricas al antifascismo no son irrelevantes, pero no van a influir en los acontecimientos. Hay que afrontar la realidad. Si una parte de la derecha abandona los principios de la democracia liberal o pacta con los que quieren destruirla, las expectativas son muy sombrías.

A la izquierda le queda hacerse fuerte en la defensa de los derechos políticos y sociales, incluidos los derechos de las mujeres y de las minorías, y confiar en que al otro lado del espectro ideológico haya el número suficiente de personas que sean conscientes de que esos logros no son una conquista sólo de la izquierda, sino de toda la sociedad.

Esa es la gran incógnita que existe ahora mismo en Europa y que ha llegado a España con toda su crudeza.