Silencio, se está negociando
Hace unos días se aprobó en el Senado la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Con ella se permite a los partidos políticos elaborar bases de datos que tracen un perfil ideológico a partir de las redes sociales y de webs a las que regalamos, con total inconsciencia, nuestros datos. También autoriza a los partidos a enviarnos propaganda electoral de forma electrónica. Es por eso que a esta ley se la conoce por la del spam electoral. No quiero entrar a analizar o valorar este asunto sino proponer un pacto, un quid pro quo a los políticos ya que nos van a coser a mensajes y consignas en nuestros buzones de entrada.
Hagamos un pacto por el que partidos y líderes políticos dejen las redes sociales. Déjenlas de lado por favor, por lo menos durante un tiempo, el que dure el buen propósito de tomar decisiones difíciles. Porque se tienen que tomar decisiones firmes y con muy mal marketing así a primera vista, si queremos salir de algunos hoyos en los que estamos.
Estoy harta de que las redes sociales marquen la política, el periodismo etc. Yo soy usuaria, claro que sí, pero deberíamos consensuar un espacio, un contexto para estas redes y no salir de ahí. No son el oráculo de la opinión ciudadana, no son muestra de nada. No son el foro para emitir comunicados y posturas oficiales etc. No me sirve, por ejemplo, que Macron en la crisis de los chalecos amarillos estuviera sin hablar desde el 1 de diciembre, en el consejo europeo, y en toda una semana con el país incendiado de protestas, se limitase a publicar un tuit apoyando la actuación de las fuerzas de seguridad. No es aceptable.
Como no lo es que la presión de esas redes, y de líderes políticos cercanos no permitiese a Puigdemont convocar elecciones esa tensa tarde-noche de finales de octubre del año pasado en que todo pudo haber sido diferente, y el artículo 155 no se hubiera estrenado. ¿No les resulta absurdo e inaceptable que el presidente de Estados Unidos esté disparando tuits desde su salón en la Casa Blanca donde mezcla opiniones personales, prejuicios y asuntos de estado? Piénsenlo bien, es terrorífico...
Vale ya de activismo de hagshtag, que está bien para unas cosas, pero que impide el avance y las soluciones de problemas en otra. Estamos viviendo una época de activismo hiperventilado que nos puede provocar en cualquier momento una falta de oxígeno tan grave que perdamos la consciencia. Es muy fácil crear una etiqueta, darle a un me gusta, un retuit o hacer un llamamiento incendiario y sin la más mínima reflexión. Hemos convertido las redes en los altavoces de la calle pero ahí entra desde el tonto del pueblo, al “enterao” o al radical que quiere salir con antorchas a linchar a alguien cada noche. Antes España estaba llena de entrenadores de fútbol frente al televisor. Ahora además hay mogollón de presidentes de gobierno, secretarios generales de partidos, justicieros, magistrados dando soluciones rápidas en 280 caracteres...
En vísperas de ese Consejo de Ministras del 21 de diciembre en Barcelona, y de ese encuentro entre el presidente del Gobierno y el de la Generalitat sería de vital importancia que se pactase un respetuoso silencio para permitir que entrase de nuevo la política en los despachos y no el ruido del activismo. Un activismo siempre positivo, que da tanta vida a la política, pero que en exceso la ha aplastado. Por eso a quienes tienen que sentarse a hablar, quizás a hacer alguna renuncia o cesión imprescindible en toda negociación, también deberíamos decirles que las redes linchan, arrasan en un momento. Pero luego enseguida se aburren y giran el objetivo hacia otro tema o persona.
En cambio la historia permanece. ¿Qué hubiera sido de quienes “traicionaron” en su momento ideales para que este país dejase de ser una dictadura? ¿Cómo se hubiese hecho la transición con las redes sociales presionando a unos y a otros? Por suerte no existían. Y salió adelante un proyecto que permite ahora salir a protestar porque un Consejo de Ministras se celebre en Barcelona y que tenga representación en un parlamento autonómico, un partido que quiere acabar con las autonomías.
