Sofía ya es fiscal y Lesmes, el Rey Sol

“Sin una total y plenaria resolución de este gran tema de la justicia administrativa, el Estado de Derecho es literalmente nada”

Eduardo García de Enterría. La lucha contra las inmunidades del poder

En esta semana, que Stravinsky no hubiera firmado como primaveral, hemos conocido diversos hechos que consagran por un lado a Sofía Marchena como fiscal y a Carlos Lesmes como el Poder Sol. Puedo decirles ya que no hay en España nadie con más poder que Lesmes y sus siete acólitos de la Comisión Permanente del CGPJ. Nadie tiene más poder que ellos porque no hay nadie más en este Estado de Derecho cuyos actos no puedan ser controlados o fiscalizados por nadie. Y ése es el verdadero poder. Hoy voy a explicarles cómo estas ocho personas han conseguido no responder sino ante sus conciencias, si es que las tienen o están activas. Un poder sin control no es un poder democrático. Y, como en los buenos relatos, todo está relacionado y al final les va a dar la impresión de que encajan todas las piezas que durante meses hemos ido atesorando.

Es obligación, ya les dije, de buen periodista seguir las historias y, en la era del relato más que nunca, el lector tiene derecho a saber en qué desembocan aquellas que iniciamos. Por eso quería contarles que Sofía Marchena ya es la fiscal 35+1 de su promoción y que el Rey le ha hecho entrega esta semana de su flamante despacho para comenzar su singladura, tras todo este culebrón que conocemos, transformada inéditamente de la juez que no fue en la fiscal que ya es. Me cuentan que, a pesar de ser la última a elegir, dadas las extrañas conformaciones de su plaza, ha podido escoger aún entre dos destinos y de ellos se ha quedado con Ibiza, desdeñando el de Olot que también le fue ofrecido. Sofía Marchena ya es fiscal ibicenca y, además, estos mismos días ha tenido la tranquilidad de ver como la Sala Tercera del Tribunal Supremo archivaba la demanda contencioso-administrativa interpuesta por la anómala forma en que consiguió cambiarse desde la carrera judicial. ¡Llevaba razón ella!, me dirán. ¡Todo era limpio y legal como proclamaban los tiralevitas de papá Marchena! No lo sabemos, les respondo. Y no lo sabemos porque el Tribunal Supremo se ha negado a estudiar el fondo de la cuestión. Lo ha hecho en una resolución muy curiosa en la que la tradicional asepsia del órgano se traiciona con un párrafo final que dice: “La inadmisión por falta de legitimación no está pensada para evitar el examen de asuntos feos o comprometidos, ni para mirar para otro lado, sino para impedir el uso del procedimiento para fines distintos de los que le son propios. Como bien dice el recurrente, no todo vale”, escriben los magistrados airados antes de clavarle el puñal de las costas a la asociación de juristas que presentó la demanda. No es que estos no supieran que este iba a ser el final, ni que no tengan preparados los dineros, pero que los señores magistrados se han picado es obvio. Y el que se pica...

Lo cierto es que ni la asociación de juristas catalanes que les irrita ni las asociaciones judiciales, que lo hubieran hecho, ni nadie que no sean las personas directamente perjudicadas pueden recurrir estos actos de nombramiento. Simplemente con disuadir a los perjudicados o hacer que no se enteren en plazo ya basta para consagrar la santa voluntad de un nombramiento y esto es lo que se hizo en la operación Sofía Marchena, ya que como rezaba la demanda y yo les he ido contando “se diseñó una operación jurídica para posibilitar que la Sra. Marchena tuviera la oportunidad de optar de nuevo entre la carrera judicial y la fiscal”. Por eso se publicó la resolución mollar el día de Nochebuena y por eso cuando tras el escándalo de la publicación de estos hechos se hicieron ofrecimientos a las perjudicadas, que figuran en el expediente, estos se hicieron en fechas en las que ya había vencido el plazo de recurso y por vías y de forma anómala, tal y como hemos visto en el expediente. Todo eso ha quedado sepultado por un “no procede”. Por eso a una de las perjudicadas, la que me destapó la noticia diciendo en uno de mis buzones: “Me llamo X (...) Nadie me ha dicho QUE QUEDA VACANTE UNA PLAZA DE JUEZ QUE DEBERÍA SER PARA MI. Quiero hacerlo público para evitar futuras irregularidades como esta”. A esa perjudicada ya hubo quien se ocupó de convencerla de que era un lío seguir por ese camino. Borró hasta las cuentas de correo que usó para enviarme información. No hay perjudicados o estos han sido convenientemente aplacados. A otra cosa mariposa. Como si no le importara a nadie más o no tuviera que ver con la carrera judicial o con la sociedad o con los principios democráticos que pasen cosas así.

A veces Lesmes y sus siete vocales colocan a los que quieren, pero sí hay perjudicados que le echan redaños. Eso es lo que ha sucedido con los nombramientos de Enrique López y Eloy Velasco, para la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. La Sala Tercera ha anulado este apaño y le ha dado la razón a los recurrentes que fueron perjudicados, pero Carlos Sol y sus chicos se han pasado por la toga en la ejecución de la sentencia ese control, dado que han decidido darle sus plazas a los que eran justamente sus dueños y, además, dejar a los otros dos adscritos a esa Sala, que no les pertenece, hasta que las ranas críen pelo. El control de sus actos ha quedado invalidado así. Su voluntad prima sobre todas las cosas y todas las instancias.

No es el único caso. En la Audiencia de Cádiz sacaron una plaza y nombraron por escalafón a un magistrado, pero resultó incorrecto y el TS anuló la convocatoria ¿Qué han hecho? Dársela al propietario y dejar igualmente a Juan Sebastián Coloma, nombrado indebidamente, adscrito a la Audiencia.

Todo esto solo viene a demostrar que en una sociedad democrática hay un poder, el Poder Judicial, cuya cúpula se escapa a cualquier control y que está haciendo y deshaciendo, poniendo a los amigos, copando los tribunales, alterando sus disposiciones, sin que nadie pueda revisar sus actos ya que, por vía de ejecución, ignoran a la Sala Tercera. Y viene a demostrar también que mientras en la jurisdicción penal, en la que se juegan cosas mucho más graves como la libertad, existe la legitimación de la sociedad para actuar, a través de la acusación popular, en la contencioso-administrativa no cabe de ninguna manera la denuncia de las arbitrariedades sino por aquel que haya sido directamente perjudicado por ella. Si éste no existe o desiste, la arbitrariedad se consagra. No tiene sentido en una cuestión tan esencial para la democracia como es la conformación de los órganos jurisdiccionales que impartirán justicia para el pueblo. Ni siquiera las asociaciones judiciales, al no tener reconocida la representación, pueden jugar el papel que juegan los sindicatos en otros ámbitos de la Administración.

Por eso, tengo que decirles que Carlos Lesmes, Rafael Mozo, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Jose Ballesteros, Alvaro Cuesta, José María Mazas y Pilar Sepúlveda son ahora mismo los nombres del poder en España. Forman parte de una Permanente caducada, pero están dejando unos tribunales a su antojo, con filias y nepotismos incluidos, sin que absolutamente nadie pueda controlar en algunos casos sus actos. Ya saben que el Cuarto Poder solo lo es de nombre y que un pobre escribidor a veces grita y se desgañita sin lograr nada, allí donde nadie más poderoso lo ha logrado. Aun así es nuestro debe señalar y el de otros acabar con el atropello.