O es agua o es seca

Disculpen por la perogrullada del título, pero me ha parecido más pertinente comenzar con una obviedad que con un oxímoron como “agua seca”. Aunque ambas fórmulas me sirven para explicar lo que considero más trascendente, en el plano político, de todo lo que se ha dicho en las primeras jornadas de un juicio que, en algunos momentos, cuesta distinguir de la campaña electoral.

Después de escuchar los alegatos de las personas acusadas y sus letrados a favor del derecho a la autodeterminación, la declaración de Joaquín Forn -por cierto muy bien trabada- nos ofreció un momento de gran trascendencia política. El que fue conseller de Interior ha afirmado que la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) solo se leyó, no se votó. Una línea de defensa seguida después por Raül Romeva, Jordi Turull y otros cuando se han referido a aquel acto como una simple declaración política con vocación de negociación.

Asistimos a una estrategia que en el plano jurídico puede ser considerada inteligente pero que en el plano político confirma que el independentismo continúa jugando a la astucia y la ficción y sigue atrapado entre dos pulsiones: la supervivencia o el suicidio. Todo apunta a que durante las largas sesiones del juicio asistiremos a más declaraciones que reiteren esa hábil lectura de los hechos. Hasta el punto de hacernos dudar sobre si la DUI existió y fue solo un espejismo que todos vimos, especialmente los independentistas, pero que nunca existió.

No debería sorprendernos, porque el doble lenguaje ha sido el componente más constante en la estrategia independentista, decir una cosa y su contraria, jugando a la astucia para mantener su ficción. Decir una cosa a sus seguidores para demostrar la fuerza y solvencia del procés y al mismo tiempo la contraria para fingir legalidad.

Los ejemplos de “agua seca” del independentismo aparecen por doquier. Primero se hizo creer a la parroquia que las elecciones de septiembre de 2015 habían sido el referéndum que legitimaba la DUI en 18 meses, para luego, al vencer este plazo, afirmar lo contrario como argumento para proponer el referéndum como única opción. Recuerden aquello de “referéndum o referéndum”.

Los mismos días que Santiago Vidal levantaba la moral de la tropa, asegurando que ya disponían de los datos fiscales de toda la población, obtenidos ilegalmente, para construir la Hacienda propia; otros dirigentes independentistas afirmaban que todo se haría dentro de la más estricta legalidad. Eso, recuerden, pasaba todos los días. Incluso algún prestigioso jurista se atrevió a explicar que la estrategia procesista consistía en pasar de una ley, la española, a otra, la catalana. Como si la legalidad fuera un bufet libre en el que cada cual elige las leyes que le gustan y cumple, mientras desecha aquellas que decide desobedecer. Todo ello en nombre de una supuesta superioridad de la democracia sobre la ley, el gran argumento, profundamente antidemocrático, utilizado aún estos días por el President Quim Torra.

El cénit de la astuta estrategia del “agua seca” se vivió el 27 de octubre del 2017. En el mismo momento –en sentido literal- en que en los pueblos y ciudades miles de personas celebraban la llegada efectiva de la independencia –porque así se lo aseguraban los dirigentes independentistas y medios afines- y que en el Parlament centenares de alcaldes y alcaldesas sancionaban vara en alto la proclamación de la república catalana, los representantes independentistas en la Mesa del Parlament dejaban constancia en el acta de la última reunión de que la resolución que se iba a votar no tenia ningún efecto jurídico.

Se puede comprender aquella alegación ante la Mesa del Parlament y ahora ante el Tribunal Supremo como una legítima defensa ante las posibles y futuras consecuencias jurídicas de sus actos. Lo que resulta incomprensible en términos de honestidad política es que, 16 meses después de dejar constancia de la falta de fuerza jurídica, se continúe usando aquella resolución para legitimar la estrategia independentista. Y se insista en el mandato democrático del 1 de octubre y en la amenaza de reactivar la declaración unilateral de independencia del 27. O es agua, o es seca.

Esta gran habilidad del procesismo independentista para vender el agua seca no hubiera sido posible sin la inestimable colaboración de los medios de comunicación afines. La “División Mediática Ítaca” ha sido determinante para consolidar los relatos que en cada momento quería imponer el independentismo. Incluso para dirimir sus pugnas internas, castigando a los que se atrevían a desmarcarse del recto camino que en cada momento marcaba la dirección procesista.

Estos días asistimos a los esfuerzos de los medios de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) por vendernos que el 27 de octubre solo hubo una lectura de la resolución y ninguna votación que tuviera efectos jurídicos. Nada que objetar, si no fuera porque durante meses nos han vendido sin pudor lo contrario y han sido determinantes en la creación y supervivencia de esta ficción. Y un factor clave para que los cambios bruscos de posición y las contradicciones del independentismo aparecieran a ojos de sus partidarios como una gran habilidad política. La misma técnica comunicativa que les ha permitido ver una huelga general, donde no habían ni trabajadores ni paro en la producción de bienes y servicios, solo un cierre patronal de la función pública convocado por el Govern.

Todo ello con la inestimable ayuda de la “División Mediática Brunete”, que ha tenido un comportamiento idéntico a la Ítaca aunque sus objetivos fueran los opuestos. Magnificando y engrandeciendo los comportamientos procesistas para denunciarlos y exigir mano dura, también han contribuido y mucho a consolidar el relato del agua seca. Aunque todo esto pueda parecer cosas del pasado creo que estamos ante una de las claves del futuro, la otra será la sentencia que dicte el Tribunal Supremo.

Que el independentismo abandone esta estrategia del “agua seca” es determinante para encontrar una salida a través del diálogo. No sea que, después del juicio, algunos tengan la tentación de “reactivar” el mandato democrático del 1 de octubre o la aplicación de la resolución del 27. O nos vuelvan a plantear, como en el 2015, que las próximas elecciones autonómicas serán un nuevo plebiscito con fuerza de referéndum.

Ojalá las alegaciones de los acusados sobre la inexistencia de una Declaración Unilateral de Independencia efectiva convenzan al Tribunal y sirvan para evitar las exageradas y a mi entender injustificables condenas que se les solicitan. Además del impacto humano que significa la cárcel, con los dirigentes independentistas en prisión no hay ni solución, ni tan siquiera salida de este inmenso lodazal.

Y ojalá el independentismo abandone de una vez por todas la astucia y la ficción en que continúan instalados. Por supuesto no se trata de que renuncien a nada, simplemente que le digan a la ciudadanía si es agua o es seca. Las dos cosas a la vez es imposible, no se puede engañar a todo el mundo durante tanto tiempo sin que ello comporte graves consecuencias para todos.