Los hijos no pertenecen a nadie, tampoco a los padres

El único partido en democracia que tiene varias causas abiertas en Fiscalía por presuntos delitos de incitación al odio es el mismo que defiende la libertad de los padres de sacar a sus hijos de clase cuando en estas se hable de derechos humanos. Vox ignora (o quiere ignorar) que el que los padres tengan la patria potestad sobre sus hijos no significa que les pertenezcan y puedan decidir por ellos a su propia conveniencia.

Los hijos son una responsabilidad, no una propiedad, y es el Estado el que está obligado a velar por su protección, para que sus derechos (los de la infancia y la adolescencia) se respeten. Este reparto de roles –obligaciones (Estado), responsabilidades (progenitores) y derechos (menores de edad)– no es invento de la ministra Celaá, tampoco del PSOE ni de Unidas Podemos. Es, ni más ni menos, fruto del ordenamiento jurídico sobre el que se basa todo nuestro sistema de protección a la infancia y adolescencia desde los años 80. Esto significa que cada progenitor es responsable (en forma prioritaria e igualitaria) de asegurar el desarrollo y bienestar de sus hijas e hijos, y de que estos disfruten plena y efectivamente del ejercicio de sus derechos. No son los derechos de los padres los que están en juego con el veto parental, sino los de los niños. Plantearlo de otra forma es tratar a estos como sujetos pasivos sin voz ni derechos, es usurparles la titularidad de su vida, tratarles como objetos.

Nuestro sistema de protección se basa en la lógica de los derechos humanos, que reside en la Convención de los Derechos del Niño (ratificado por España y de obligado cumplimiento), y superó hace ya muchas décadas otra lógica, la del Derecho Romano. En aquella, los miembros de la familia eran propiedad del pater familias, es decir, el padre tenía plena autoridad y derecho para disponer de la vida de sus hijos e hijas, sin necesidad de contar con su opinión ni de atender a sus intereses y necesidades. Es precisamente esta idea del pater familias (idea que también abrazó el franquismo) la que busca rescatar Vox con su defensa de un “derecho fundamental” que en realidad no existe.

No es verdad que los padres tengan derecho a elegir los contenidos obligatorios que reciben sus hijos en los centros educativos. La libertad de enseñanza que recoge la Constitución no consiste en eso, de lo contrario –tal y como ha señalado el Tribunal Supremo– se estaría haciendo depender la enseñanza a cada una de las conciencias individuales de los padres y madres cuyos hijos e hijas van a la escuela. Ese derecho que menciona la ultraderecha no es un derecho, es un capricho. Un capricho de incompatible encaje con nuestro marco normativo.

El veto parental no solo es contrario a la obligatoriedad de los contenidos curriculares que establecen las leyes educativas o vulnera el artículo 20 de la Constitución al censurar la libertad de cátedra de los docentes. Esta pretensión va en contra del interés superior del niño al anteponer la ideología de los padres por encima de los derechos de sus hijos, al exigir a los centros educativos que sean cómplices en un adoctrinamiento familiar que prefiere aislar a los menores de conocimientos que se consideran objetivamente imprescindibles para su formación personal y académica. Si esos contenidos sobre los que se quiere usar el veto parental son contrarios a los valores familiares, igual lo nocivo para los niños no son las materias que defienden el respeto y la convivencia desde los derechos individuales y también colectivos, igual lo nocivo son esos valores que van contra los principios constitucionales.

En medio de toda esta polémica es necesario subrayar la enorme irresponsabilidad con la que están actuando Ciudadanos y Partido Popular. Permitir que se siembre este clima de oposición y criminalización hacia unos contenidos positivos para el crecimiento y desarrollo de las niñas y niños es ser parte del problema de acoso escolar, violencias machistas y de lgtbfobia que sufren millones de personas en nuestro país. Es hacer una amnistía educativa a la impunidad, algo que no podemos aceptar quienes preferimos construir una sociedad desde la cultura de la paz en vez desde la cultura del conflicto, para quienes preferimos invertir en educación antes que en cárceles.

El principal derecho que está en juego con el veto parental es el de las niñas, niños y adolescentes cuyos padres piensan que materias obligatorias que promueven la convivencia les pueden perjudicar. Son esos niños los que más necesitan recibir una educación que favorezca el pleno desarrollo de su personalidad desde el respeto a los principios democráticos de convivencia (artículo 27 de la Constitución). Si hay algo ideológico en el veto parental no es defender los derechos humanos, sino atacarlos. Si hay algo verdaderamente ideológico es el veto parental.