La inercia del bipartidismo
Llevamos ya varios años dando por supuesto que el bipartidismo se ha acabado y descubrimos de pronto que únicamente el bipartidismo puede asegurar la renovación de un órgano tan importante en el funcionamiento de nuestro Estado social y democrático de Derecho como es el Consejo General del Poder Judicial. Aunque para un buen número de lectores no sea necesario recordarlo, añado para los demás que la mayoría parlamentaria que se exige para la renovación del CGPJ es la misma que para la reforma de la Constitución. El PP y el PSOE pueden hacer una reforma de la Constitución, como lo hicieron en 2011 con el artículo 135 CE. Ahora les sería más difícil, porque no podrían evitar la convocatoria de un referéndum, como hicieron entonces. Pero todavía pueden hacerla.
Quiero decir con ello que en 2018, PP y PSOE pueden todavía garantizar conjuntamente la inercia institucional que posibilita que el sistema político español siga tirando. Malamente, pero tirando. No pueden hacerlo como en el pasado en el que ambos se bastaban para alternarse en el Gobierno, pero siguen controlando en régimen de duopolio piezas esenciales en la anatomía y fisiología del cuerpo político estatal. Y, con esta renovación, envían sobre todo el mensaje de que no está nada claro que todavía no les quede camino por recorrer.
La continuidad es, por tanto, lo más llamativo de esta renovación del CGPJ. A pesar de todos los pesares, el PP y el PSOE o el PSOE y el PP, acaban siendo capaces de entenderse y de hacerlo, excluyendo, parcial o totalmente, de su entendimiento a todos los demás. La renovación del CGPJ no responde a los equilibrios parlamentarios actuales, sino a los equilibrios de los últimos cuarenta años. La contradicción entre la necesidad de renovación institucional que se pone permanentemente en circulación no puede estar en mayor contradicción con lo que ocurre en la realidad.
En democracia la forma es el fondo. Cuando la forma a través de la cual se ejerce el poder está viciada, es muy difícil, por no decir imposible, que no acabe estando viciado el contenido del ejercicio de dicho poder. Es lo que ha ocurrido con la forma en que se ha procedido a la renovación del Tribunal Constitucional y del CGPJ. La patrimonialización de ambas instituciones las ha llevado a un nivel de degradación creciente, que cada vez resulta más difícilmente soportable.
Solo hay una cosa positiva que se puede decir de esta renovación y es que con ella se va a poner fin a la contrarreforma que instrumentaron dos políticos nefastos: Alberto Ruiz-Gallardón y Carlos Lesmes. Porque esa fue una de las consecuencias más perversas de la mayoría absoluta que consiguió el PP en 2011 y que le permitió a Mariano Rajoy imponer su interpretación no conservadora, sino abiertamente reaccionaria de la Constitución. El control del poder judicial era una pieza indispensable para ello. De ahí vino la reforma del CGPJ, que redujo el número de miembros con dedicación exclusiva y concentró el poder en el Presidente de manera como no había ocurrido con anterioridad.
De esto, por lo menos, nos vamos a librar. Es posible que también, dado el nivel de descrédito al que hemos llegado, se intenten guardar las formas y evitar episodios esperpénticos como los que hemos vivido en los últimos tiempos. Iñaki Gabilondo decía este lunes en la SER que ya no cabe ni un gramo más de descrédito en nuestro sistema de administración de justicia. Estoy convencido de que es lo que piensa una mayoría muy amplia de la sociedad española.
En todo caso, sería muy importante que esta sea la última renovación bipartidista del CGPJ. Ya con la composición de las actuales Cortes Generales la renovación debería haber sido más expresiva del pluralismo político y territorial de la sociedad española. Confiemos en que la futura composición de las Cortes Generales ponga fin definitivamente al bipartidismo y podamos empezar a olvidarnos de lo que han sido muchos años de degradación institucional en el órgano de gobierno del poder judicial.
