Ser también ingobernables
Saltan de nuevo las alarmas de una cuenta atrás: La Ingobernable será desalojada. Es verdad que este es un desalojo anunciado, pero siempre cabe la esperanza de que quien tiene el poder entre en razón. En este caso quien debería hacerlo es Manuela Carmena. Digo entrar en razón porque la actividad de este Centro Social de Comunes Urbanos es muy razonable y se ha ganado el respeto del vecindario, tanto del más cercano como del que se acerca desde otros barrios. Esta vivencia ha llegado a ser así gracias a sus interesantes y abundantes propuestas: desde la Asamblea (que es su órgano de coordinación, se celebra varias veces al mes y está abierta a toda persona que quiera asistir y participar), hasta reuniones de distintos colectivos (desde Ecologistas en Acción a la Comisión 8M), pasando por charlas, formaciones, grupos de análisis político y social, fiestas, talleres. Pero también gracias a que se trata de un espacio libre e inclusivo, donde la gente se siente cómoda, donde funciona el intercambio y se puede asistir a una propuesta escénica por taquilla inversa (el espectador decide al final lo que quiere pagar por lo que ha visto) o ver cada semana una película elegida por consenso en el cineclub. La Ingo es un bien común autogestionado por las personas que lo utilizan y que trabajan cada día para que todo eso sea posible.
El edificio de La Ingobernable es de titularidad municipal. Por eso Carmena debería, al menos, negociar su continuidad con las personas vinculadas al proyecto. Sorprende que no lo haga, pues La Ingo es un lugar de encuentro, convivencia y socialización, tan necesarios en la ciudad y cada vez más escasos en el centro a causa de la gentrificación y la especulación, que expulsan a las personas y fiscalizan los proyectos no lucrativos, las expresiones no consumistas y las propuestas que se inspiran y desarrollan desde un pensamiento crítico. Algunas personas ingobernables lo definen como un “oasis, un espacio que no existe de otra manera o al que no se puede acceder de otro modo”. Debería ser máximo el respeto a unas formas de construir ciudad y cultura de las que se responsabiliza la ciudadanía.
Lo razonable sería que una ciudad como Madrid protegiera, desde lo institucional, un espacio que se construye por la gente y desde la igualdad y la solidaridad, y que se define, como La Ingobernable, como “un espacio libre de actitudes sexistas, racistas, homófobas y tránsfobas” (en un cartel que lo señala dentro, alguien ha escrito a boli algo que faltaba en esa lista: especistas; el cartel sigue en su sitio), “un proyecto feminista, ecologistas, mestizo y solidario”. Algunas personas comprometidas con la Ingobernable, y que ejercieron la portavocía, ya comunicaron en noviembre que el Ayuntamiento de Madrid no los reconocía como actor político, al no acudir a una reunión convocada entonces con otros agentes políticos también relacionados con el espacio y que sí acudieron a la reunión para tratar sobre el futuro de La Ingo. La ausencia del Ayuntamiento fue entendida por muchos como un abuso de poder.
La historia del edificio explica por qué fue okupado con fines sociales en mayo de 2017. Tras ser construido para ser sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, fue Centro de Salud de Retiro. En 2015 fue cedido por Ana Botella (la alcaldesa que vendía pisos sociales a fondos buitre) a Emilio Ambasz, un arquitecto vinculado a las FAES de José María Aznar. Llevaba sin uso desde 2012. El edificio quedó vacío al no recibir las licencias necesarias para hacer las obras del museo que la Fundación Ambazs quería construir: entre otras, demolerlo y subir más alturas de las permitidas. El pasado noviembre, el Ayuntamiento anunció que indemnizaría al arquitecto con 1,4 millones de euros, al no haber cumplido con la cesión de 75 años acordada con Botella, indemnización que algunos expertos legales consideran innecesaria porque las obras nunca empezaron. Este artículo de Ter García y Pablo Elorduy explica con detalles escandalosos aquel proceso de cesión.
Las personas que ejercen las portavocía de La Ingobernable aseguran que el nuevo plan de usos del edificio que Rita Maestre anunció entonces no solo no se ha contado con la opinión de los colectivos que allí colaboran sino que además supone un enfrentamiento entre ellos y el movimiento feminista, al proponer destinar el edificio para la Biblioteca de Mujeres, creada con los fondos de la feminista, documentalista y bibliotecaria Marisa Mediavilla. La pregunta es por qué no se ha buscado otro edificio para albergar tan necesaria biblioteca. O por qué no se ha contado para buscar alternativas con los colectivos que lo usan en la actualidad. Enfrentar a feministas con feministas es, desde luego, la más fea de las decisiones y no resuelve el conflicto creado entre un tejido social que hay que mantener vivo y un poder político que trabaje para la ciudadanía. Carmena y su equipo de Gobierno aún están a tiempo de impulsar nuevas soluciones en colaboración con las personas ingobernables. Es una cuestión de voluntad política, de responsabilidad social y de compromiso con su ciudadanía. Demostraría que se puede tener gobierno y ser también ingobernables: libres.
