Hay que quitarle la escopeta al CGPJ

“Cuando se desarrollan las condiciones para el fortalecimiento del judicial, este llega a ser más fuerte y, faltando un sistema eficaz de contrapesos, resulta ser el que deja de estar contrapesado”

Guarneri y Pederzoli. Los jueces y la política

Esta polémica está a punto de estallar para el gran público, pero ya se mueve soterradamente en redes, cenáculos de poder y asociaciones judiciales. La inaplazable renovación de un CGPJ que lleva en funciones más de un año, que responde al modelo más nefasto jamás concebido y que alberga un nivel de “podredumbre interna inaguantable”, según sus propios miembros, va a encontrar resistencias políticas del PP y, también, de las asociaciones judiciales. De ambos predigo lo de las resistencias políticas y ya verán el porqué.

Avanzó el PP que se iba a negar a renovar pero parece haber virado un tanto, sobre todo al designar al halcón Enrique López, viejo conocido de mis lectores, para que negocie con el nuevo ministro Juan Carlos Campo. Ambos son viejos zorros, ambos jueces ahora en política, y ambos se tienen tentadas las ropas desde que formaron parte juntos del anterior CGPJ, que se hizo fuerte durante dos años por voluntad política del PP que, en esa ocasión también, se negó a renovar en plazo. Los populares se emboscan ahora en una negociación global que cambie también otras cosas –no creo que los socialistas caigan en otra emboscada como la del Pacto por la Justicia– y entre ellas, la forma de designación de los vocales judiciales del Consejo (12) para, dicen, acabar con la politización mediante la elección interna por los propios jueces, a través digan lo que digan de sus asociaciones, como “debe ser”. No sé si debo recordarles que el PP llevaba este extremo en su programa y cuando tuvo mayoría absoluta no lo cumplió o si no merece la pena recordarlo, dado que a la mayor parte de las asociaciones judiciales no parece preocuparles ni importunarles este jugueteo táctico de la derecha con sus aspiraciones.

Los jueces, mayoritariamente, afirman aspirar a esa fórmula que consideran originariamente constitucional para “acabar con la politización”. Sólo el primer CGPJ de la historia fue elegido de esa forma y su resultado fue “un consejo corporativo, reivindicativo y beligerante con los gobiernos”, según analiza el magistrado Diego Iñiguez en su documentada obra “El fracaso del autogobierno judicial”. Así, afirma: “desde su entrada en funcionamiento en 1980, el CGPJ hizo lo posible para obstaculizar las políticas reformistas de los cada vez más débiles gobiernos de UCD y de los fuertes del PSOE a partir de 1982”. ¿Le ven el punto? Esta circunstancia fue la que llevó a González a alterar la forma de elección de los vocales, para que estos no lo fueran de forma corporativa sino a través de su refrendo parlamentario. La reforma fue considerada constitucional sólo si no “reproducía matemáticamente” el equilibrio de fuerzas del Congreso y, tarea vana, eso es exactamente lo que ha sucedido.

Hubo un momento, a principios de 2018, en el que yo me mostré muy asqueada de esta adscripción política de los miembros del CGPJ; aunque mi opinión ha variado claramente en los dos últimos años debido al claro movimiento de acaparamiento del poder a través de la connivencia entre diferentes estratos de magistrados de las cúpulas. Como dice la cita del encabezado, es ahí donde, fallando el sistema de contrapesos, se queda con el poder el único poder del Estado que no está contrapesado. Ustedes ya saben de qué hablo porque me leen. Me caí del burro, yo no aspiro al caballo de San Pablo, cuando vi la connivencia para la cacicada que se hizo con la hija de Marchena y cuando comprobé cómo el asunto del procés provocaba unas ondas centrífugas de poder que nada tenían que ver con la división en bandos ideológicos, sino con otra cosa. Creo que ahí y en el resto de mi producción encontrarán la explicación de por qué me da miedo que el PODER, porque se trata de eso, de obtener el poder, pase de los políticos al turbio mundo de las tramas internas de influencia que se tejen dentro de la carrera judicial.

Los jueces saldrán ahora en tromba a decir que ése es el sistema que GRECO (Grupo Europeo contra la Corrupción) le insta a España a imponer. La verdad es que nadie que lea el último informe GRECO de 2019 verá esa referencia. Verá que el grupo nos ha sacado de los países a mantener vigilados precisamente porque el Gobierno Sánchez, con el apoyo de los mismos grupos que ahora, revirtió la nefanda reforma de Gallardón. El informe dice que la LO 4/2018 –por la que los vocales del nuevo CGPJ que se nombre ahora volverán a tener dedicación completa, volverá el poder al Pleno, habrá mayoría cualificada en la toma de decisiones, habrá mayor transparencia en los nombramientos y se establecerá la paridad y la formación sobre género– le deja mucho más tranquilo aunque “siguen siendo necesarias nuevas mejoras”. Para que todo esto, que ha consolado tanto al Consejo de Europa, se ponga en marcha, es imprescindible renovar al difunto CGPJ de Lesmes inmediatamente. Las peticiones de los jueces de volver a la elección corporativista precisarían, además, de una reforma legislativa que enviaría la renovación a muchos meses vista.

En realidad, el debate sobre si el PODER lo deben controlar los partidos políticos, a través del Parlamento o las asociaciones judiciales, no es el debate de fondo que es preciso plantear. Ambas fórmulas son perversas. Aun así ya les digo que, de tener que elegir, me seguiría quedando con la del reparto de la túnica con un cierto entronque con la soberanía popular y no la que se reparte los trozos según las dinámicas de poder internas, las familias, las bandas y las asociaciones judiciales. No sé a veces cómo los jueces de base no reparan en que muchos de los que dicen representarles no están sino cabalgando su propia carrera a lomos de una jaca, la asociativa, que se ha rebelado también muy útil. El verdadero debate es el de cómo alejar el carácter constitucionalmente político del CGPJ de la politización e instrumentalización de la jurisdicción, es decir, de los tribunales que son lo que importan y no el propio CGPJ, al que ni los jueces le tienen mucha estima y que es una importación desafortunada de la figura italiana de la que no se copiaron muchos de los contrapesos.

¿Por qué tienen tanto interés los partidos en el CGPJ? ¿Por qué tienen tanto interés las asociaciones judiciales por tomar el control de su mayoría? ¿Se lo digo? Por la zanahoria y por el palo, en palabras del mismísimo Lesmes, es decir, porque desde ahí se puede controlar la composición de los tribunales más importantes, el control de algunos asuntos determinados y el castigo o premio de los jueces que participen en ellos. Así las cosas, no creo que mejoren por otorgarle el control de tan poderosa arma a unos o a otros.

La propuesta, que no sólo yo defiendo, es la de la conveniencia de arrebatarle la escopeta al CGPJ. Así, sin poder disparar, ya verán cómo deja de haber bofetadas por poner a unos u otros cazadores. El arma son, sobre todo, el nombramiento de los cargos judiciales más importantes, entre ellos los que juzgan aforados. Lo están viendo ustedes todos los días. Quitarles la escopeta pasa por establecer un sistema de nombramientos que no pueda ser motivo de cambalache ni de político ni de tráfico de poder. Ahora mismo, ningún juez puede tener una carrera profesional sin tragar y entrar en este mercadeo y eso sí afecta a la virtud individual de la independencia.

¿Cómo hacerlo? Hay opciones. La más obvia y menos secundada es la de la vuelta a la antigüedad como forma de promoción. Dice GRECO que “cuando las promociones no se hacen por antigüedad” es fundamental que los parámetros de mérito y capacidad estén claramente delimitados. Y ahí es donde entra la otra trampa porque, a pesar de que ya se le ha puesto algún freno, el catálogo de mérito y capacidad está muy lejos de ser neutro, claro, diferenciado y, sobre todo, respetado.

Otras fórmulas pasarían por la introducción de un sistema de sorteo al final de procedimiento que impidiera que nadie pudiera prometer cargos, ni por tanto trocarlos por otros, y eso haría perder el control sobre la elección. La vuelta a la insaculación o sorteo en los procesos democráticos es una disciplina que está en boga últimamente. Como dijo Rousseau, el sorteo se puede introducir cuando los llamados a desempeñar el cargo “tengan igual competencia”. Y esto sí que es más fácil de conseguir estableciendo los baremos de mérito fijos y haciendo que el CGPJ establezca así ternas o quíntuplas que sean insaculadas y de las que se extraiga por sorteo al nuevo cargo judicial.

Lo de ahora es insostenible por la politización y por la mediocridad infame con la que está proveyendo a tribunales, cuya excelencia es imprescindible para el funcionamiento del sistema.

Deshagamos el nudo gordiano de los nombramientos y verán cómo los políticos de todo signo y los jueces dejan de pelearse por controlar por la puerta de atrás nada. Alguien que sale de un sorteo no le debe favores a nadie, ni puede esperar que se los devuelvan después.

Hay que quitarles la escopeta. Es un juguete demasiado peligroso.