El triunfo de papá Marchena

El escándalo sobre el trato de favor dado a la hija del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, que denuncié el pasado mes de julio, no ha sido aún aclarado. Este lunes, Sofía Marchena se incorporó en efecto a la escuela de nuevos fiscales con el orgullo de ser la primera persona de la historia que ha conseguido empezar curso en la Escuela Judicial de Barcelona un año y en el Centro de Estudios Jurídicos de Madrid al otro sin haberse vuelto a examinar. Un trasvase entre la carrera judicial y la fiscal inédito y prohibido, con una plaza creada para ella expresamente y con una alteración presupuestaria para conseguirlo. Algunos debieron suspirar pensando: “¡ya está hecho y nada ha pasado!”.

A los que llegan tarde porque estaban de vacaciones, antes de iniciarse en esta segunda temporada les aconsejo que repasen los episodios previos de La hija de Marchena, los demás pueden seguir conmigo avanzando en la descripción del muro de silencio y de complicidad que se ha tejido para tapar lo que tiene todos los visos de ser un caso de nepotismo flagrante, actual y comprobable con datos objetivos. Un caso que afectaría, entre otros, a Gema Espinosa, directora de la Escuela Judicial y esposa del magistrado Llarena, al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y a todos los que les han acompañado para beneficiar a Manuel Marchena en la persona de su hija. Algo que parece interesar bastante menos que chascarrillos del pasado procedentes de fuentes sucias y averiadas.

A pesar de que, según mis fuentes, tan feo asunto ha puesto nerviosos y en estado de alerta a muchos de los implicados; no lo es menos que estaban muy convencidos de que el polvo del estío, los intentos de desprestigio profesional hacia mí en diversos círculos y la ayuda de los múltiples escándalos reales o inventados que nos agitan cada día, harían que todo se diluyera y que plácidamente la vida siguiera... tal y como ellos la habían diseñado.

Lo cierto es que a pesar de que haya quien mire a otro lado diciendo que es un escándalo complejo y “difícil de explicar a la audiencia” (sic) sucede que para miles de jueces, magistrados y opositores la irregularidad es tan clara y meridiana como lo es la obligación de dar explicaciones para poder comprobar la licitud de lo sucedido y en su caso proceder a la depuración de responsabilidades. Así que varias asociaciones de jueces y de fiscales se dirigieron inmediatamente al Consejo General de Poder Judicial para exigir que se hiciera pública esa documentación que pormenorizaban. El CGPJ se los pasó por el arco del triunfo. La callada por respuesta y a otra cosa mariposa. Esta semana, sin embargo, a la par que Sofía empezaba el curso, se han producido varios movimientos más para pedir esa transparencia que el propio Marchena debería exigir si quiere evitar cualquier sombra de duda sobre la carrera profesional de su hija, pero también sobre su propia situación de honorabilidad como presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y  todo ello antes de empezar a presidir el que será el juicio del siglo en el Caso Procès.

Aunque inexplicablemente él mismo no instigue esa claridad sino que siga dando explicaciones vacuas, no va a ser tan fácil enterrar el caso porque no puede serlo tapar y silenciar lo que tiene visos de constituir una clamorosa corruptela. Los fiscales y jueces presentaron en julio también esa misma demanda de información y documentación a la Comisión de Selección, el organismo mixto encargado de organizar y tutelar todo el proceso de ingreso de jueces y fiscales, y éste sí les ha respondido. En el escrito de respuesta queda palmariamente claro que todos los pasos jurídico-administrativos que se han dado para ayudar a la hija de Marchena son tal y como se los conté en julio aunque, al final, tampoco aportan documento alguno que permita comprobar si las “excepcionalísimas circunstancias” que se daban en esta persona y que exigían iniciar para ella todo este trajín inédito, con cambio de partida presupuestaria incluida, son tales. La respuesta contiene otra perla sobre la tumultuosa sesión mantenida por esta Comisión en julio y es que el objetivo de la misma fue “solventar la situación generada por el acuerdo de la Permanente del CGPJ” relativo a Sofía Marchena.  Al menos dejan claro que el problema lo generó el propio Lesmes y su Comisión Permanente para responder a una propuesta de Gema Espinosa y que a ellos les tocó salvarles la cara. Todo tal y como les conté.

La Unión Progresista de Fiscales no se conforma con la tomadura de pelo de un escrito vacío de contenido y apelando formalmente a los artículos 1 y 2.1 de la Ley de Transparencia acaba de dirigirse de nuevo directamente a Carlos Lesmes para exigirle que libere el expediente completo que permita aclarar si hubo una actuación irregular en torno a Sofía Marchena. Además, esta misma semana en el Congreso de los Diputados, Unidos Podemos volvió a exigir aclarar  “el trato de favor dado a la hija del presidente de la Sala de lo Penal Sr. Marchena, con la colaboración de la Sra. Espinosa, a la que ahora se promociona al CGPJ y que ya está eligiendo un buen despacho, para otorgarle una plaza de fiscal que no existía” y una frase que resonó en la misma cámara en la que en julio el PSOE unió sus votos a los del PP y Ciudadanos para impedir que Lesmes tuviera que comparecer y explicarlo.

Aquí tenemos un chanchullo que arroja una sombra de duda sobre el magistrado Manuel Marchena, el que presidirá el juicio del procès, el que acaba de firmar el auto que impide que se investigue el máster de Casado, el que se postulaba candidato para presidir el nuevo CGPJ. Una posible corrupción institucional que se sustenta sobre un ocultado escrito de Gema Espinosa, la directora de la Escuela Judicial, la esposa del juez Llarena, la que es candidata a sentarse en el próximo CGPJ. Aquí tenemos muchas instancias políticas, judiciales y periodísticas dispuestas a evitar que nadie controle las actuaciones de los que controlan a todos. Aquí tenemos un ejemplo claro de cómo algunas togas tienen tendencia a enrocarse en sí mismas sin que exista medio de obligarles a dar explicaciones sobre sus actos que ellos mismos han blindado en apariencia con su propia ingeniería jurídica.

Si quieren seguimos mirando qué ropones tomaban copas hace una década en el Caribe, pero me parece democráticamente más necesario comprobar si aquí y ahora hay togas que tienen el poder de utilizar el sistema para beneficiarse y salir impunes.