Que los bandos no tapen el bosque
Hacer suposiciones es un hábito repugnante que destruye la capacidad de razonar"
La batalla se recrudece y los tribunales van a ser una trinchera importante, como casi siempre. No es deseable la lucha cuerpo a cuerpo entre las togas, con las togas o contra las togas, pero constituye una dinámica imparable a estas alturas y lo seguirá siendo si una regeneración a fondo no lo remedia. Así que se nos acumulan las noticias, las refriegas de índole jurídica y judicial y las simplificaciones o directamente manipulaciones para convertirlas en obuses electorales. Tras el telón, la continuidad de una legislatura que unos consideran imprescindible sostener y otros absolutamente necesario derribar.
Yo tengo mi criterio sobre todas estas cuestiones, que expondré a continuación con sus razonamientos estrictamente basados en mi conocimiento del funcionamiento y la mecánica de la Justicia y mi más fervoroso deseo de dar a cada uno lo suyo. Haré un picadito y, de paso, intentaré hacer un poco de pedagogía sobre algunos conceptos jurídicos que han aparecido en la prensa y en las redes usados de forma como poco confusa.
Arranco con la apertura de diligencias en un juzgado de Plaza de Castilla para investigar a Begoña Gómez –mujer del presidente del Gobierno– por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción, en base a una querella presentada por Manos Limpias. Este caso, como otros anteriores, tal vez ayude a comprender por qué existe el aforamiento y por qué no es buena cosa suprimirlo. El aforamiento permite en teoría que sean los jueces más prestigiosos o experimentados los que decidan sobre la admisión de casos que podrían tener un interés espurio contra un político. Así le pasó a Pablo Iglesias, cuando el Supremo no admitió una imputación que con gusto habría llevado a cabo García-Castellon y este mismo órgano ha rechazado en las últimas semanas querellas contra Dolores Delgado, contra Conde-Pumpido, contra Grande-Marlaska... “El aforamiento pretende impedir que te salga un juez kamikaze en Plaza de Castilla y te líe un procedimiento”, me explicaba hace años un magistrado cañí. Pues bien, Begoña Gómez no es aforada, es una persona particular sin ningún estatus específico por ser mujer del presidente pero, a la vez, su llamado ante la Justicia como poco descompone el gesto del presidente –vean el video de su respuesta a Rufian– y le plantea un problema político.
Un juez, de Plaza de Castilla precisamente, ha aceptado la denuncia formada por recortes de publicaciones en un diario de mucha derecha y mucho fallo y por un pseudo sindicato ultra, que ya avisa que convertirán ahora en querella. La derecha que murmura por Madrid sobre las andanzas de Begoña era consciente de que hacía falta judicializar lo que simplemente publicado no producía efecto. Lo han logrado. El juez Juan Carlos Peinado no es muy restrictivo a la hora de admitir querellas, ya lo hizo contra los periodistas que publicaron el sumario de los CDR. Tampoco es un juez al que no le gusten los súper casos y los revuelos; de hecho pidió irse en comisión de servicio a ayudar a García-Castellón, aunque no se lo concedieron. No hace distingos, vamos, que también imputó al diario de Inda por una querella de Podemos. La cuestión es que inicia las diligencias, en este caso declaradas secretas, y no se da demasiada prisa en cerrarlas. Sólo la Fiscalía sabrá qué pasa mientras tanto. Manos Limpias es una acusación no exenta de sospechas, aunque se la aplaudiera tanto cuando en solitario logró que se juzgara a la infanta Cristina. Buscan, entre otras cosas, que un juez acceda a datos que no pueden conseguir de otro modo y apuesto a que piden los roles del Falcon.
Ayuso no está incursa en ningún procedimiento y sin embargo los presuntos delitos fiscales y de falsedad documental que habría cometido su pareja amenazan su carrera política, la de su jefe de gabinete y también con poner patas arriba la Fiscalía General del Estado. Digo presuntos delitos porque una propuesta de un abogado no es equiparable a una confesión –como tantos repetían ayer en redes–, porque ni esa comunicación ni un intento de acuerdo ni siquiera una confesión en regla enervan la presunción de inocencia y porque, en un Estado de Derecho, una confesión no puede servir de base para una condena. Así que a estas alturas presuntos los delitos y presunto él. Lo que sí se deduce de la información que tenemos es que MAR y la presidenta intentaron engañarnos –y sus medios afines así lo compraron– con la historia de que encima al novio le debían dinero. No, no se lo deben, sino que le devuelven lo que intentó pagar cuando ya no podía para arreglar sus entuertos. Me pasma que alguien reputado de maquiavélico esté cometiendo errores tan de bulto y torpezas tan claras, si no cosas peores.
Aun así, no me gusta mucho que se estigmaticen los acuerdos extrajudiciales. Yo no soy muy partidaria precisamente porque ni siquiera el hecho de que se firmen y provoquen una sentencia de conformidad es un seguro de la culpabilidad del que así se reconoce. ¿Y si a usted le piden cuatro años siendo inocente y le dice su abogado que con un acuerdo por debajo de los dos nunca entrará en prisión mientras que yendo a juicio se la juega a que le condenen? No saben la cantidad de inocentes que aterrorizados ante la idea de ir a la cárcel sin motivo prefieren asumirse culpables y evitar el riesgo. Por eso no me gustan los acuerdos. Dicho todo lo anterior, a mí me parece que Alberto González Amador lo tiene bastante mal para resultar absuelto, aunque ahora tenga un abogado de verdad y no un letrado suicida como tuvo al principio.
Tampoco eso empece de los líos en los que se verá envuelta la FGE y algunos fiscales. Ya les dije que en mi opinión ese comunicado nunca debió enviarse, por contener una frase procedente de un mail particular entre operadores jurídicos, con la consecuencia obvia de perjudicar al derecho de defensa, por mor de causar daño político. La presidenta mintió y su gabinete también, pero a la Fiscalía le iba una higa en aclarar que el acuerdo lo propuso su defensa porque, además, los acuerdos SIEMPRE los proponen las defensas y nunca los fiscales. Mucho menos debieron circular pantallazos de esa conversación privada. Los abogados y sus clientes tienen un secreto muy sagrado, que deben respetar el resto de operadores jurídicos –esto le costó a Garzón las puñetas– y no es de extrañar que el colegio de Madrid haya puesto el grito en el cielo. Por cierto, esa querella colegial ha sido remitida mediante exposición razonada de Plaza de Castilla al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La sala Civil-Penal del TSJM, con ponencia de su presidente, es la que debe admitir o no la querella del novio de Ayuso contra los fiscales. Más allá de cómo acabe el culebrón interno de la Fiscalía –¿quién fiscaliza al fiscalizador?– lo cierto es que se dan todas las circunstancias para que los jueces decidan admitir a trámite y acumular ambas querellas y realizar un mínima instrucción. Que la Fiscalía al final imponga estatutariamente un informe contrario a la admisión no impide a los jueces aceptarla, no quedarían sin principio acusatorio puesto que tienen acusaciones particulares. Auguro unas diligencias judiciales para averiguar quién tomó la decisión y qué órdenes se dieron y también si los pantallazos de los mail fueron requeridos desde el Palacio de Fontalba antes o después de su filtración. El mero bochinche público entre fiscales augura esa investigación judicial.
Por último no me resisto a comentar la fuga del mafioso más perseguido de Holanda, el miembro de la Mocro Maffia que obligó a la princesa holandesa a refugiarse precisamente en España de las amenazas de secuestro que pendían sobre ella. Un “error” de la Audiencia de Málaga al ponderar el riesgo de fuga o una “descoordinación” con la Audiencia Nacional o... cosa más grave, ha permitido que el pájaro vuele. Puede ser lo que se dice o puede no serlo. Los mafiosos rusos más peligrosos detenidos en España también quedaron en libertad por un “olvido” de la juez de Benidorm. Tenemos un serio problema con las mafias implantadas en nuestro país, y las mafias, por principio, viven de corromper. De hecho, los escasos casos de jueces apartados de la carrera estuvieron mayoritariamente relacionados con libertades espurias y de mafiosos (Bordellino, Bornia, El Negro...) Aún partiendo de la premisa de la honorabilidad de la magistratura española, yo me quedaría más tranquila si la Inspección revisara todos y cada uno de los casos extraños de libertades y fugas. También apostaría porque se hiciera un esfuerzo serio de refuerzo de seguridad, apoyo, respaldo de los jueces de municipios de casi toda la costa que pueden sentirse atemorizados a la hora de enfrentarse a organizaciones tan peligrosas en soledad. No todo es corrupción, también existe el miedo u otro tipo de coerción.
No es un partido de fútbol. Es el Estado de Derecho y sus grotescas y peligrosas deformidades pero también sus garantías. Cada caso es cada caso. No supongamos, razonemos, y crucemos los dedos para que las instituciones aguanten el vapuleo. Yo, como el presidente, también confío algo en la Justicia de mi país, y eso que conozco a fondo sus puntos más oscuros.
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