Navarra y el Estado inician los trabajos para convertir el fuerte franquista de San Cristóbal en lugar de memoria

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y la presidenta de Navarra, María Chivite, han acordado este viernes en Pamplona crear un grupo de trabajo para comenzar a redactar un convenio entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España para declarar el fuerte franquista de San Cristóbal como un lugar de memoria. Este convenio se enmarca en el acuerdo que el Ejecutivo central cerró en junio de 2022 con EH Bildu para aprobar la ley de Memoria Democrática en el Congreso y que incluía una enmienda para adecuar “en el plazo máximo de un año” este fuerte en un “espacio de memoria”.

El ministro Bolaños ha destacado la importancia de que “un lugar que fue tan significativo y emblemático de la represión de la dictadura ahora sea un lugar donde los valores democráticos, los derechos fundamentales, la historia, se conozcan por parte de todos los navarros y todas las navarras”. “A petición de manera muy reivindicativa de la presidenta, hemos puesto en marcha las primeras piedras del camino para llevar a cabo este convenio lo antes posible”, ha afirmado.

La presidenta de Navarra, María Chivite, por su parte ha explicado que se ambos ejecutivos trabajan ya en diseñar un modelo que permita “poner a disposición de la ciudadanía el fuerte” para que “no solo que sea visitable, sino que sea un espacio de referencia en el sentido pedagógico, de conocimiento, y que esté conectado con otros lugares de memoria”. “Queremos que este acuerdo se materialice en los próximos meses y que cuente con la participación de las asociaciones memorialistas que llevan trabajando muchísimo tiempo en esta materia”, ha dicho.

Esta ha sido una de las principales reivindicaciones de los colectivos memorialistas de Navarra, que lamentan que en la actualidad tan solo se puede visitar el fuerte, que depende del Ministerio de Defensa, los primeros viernes de cada mes a excepción de julio y agosto, tiempo durante el cual permanece cerrado. Piden así que el complejo se abra al público con visitas guiadas que permitan conocer las penurias que sufrieron miles de presos republicanos.

Una cárcel por la que pasaron más de 7.000 presos republicanos

El Fuerte de San Cristóbal está situado a las afueras de Pamplona, excavado en la cima del monte Ezkaba. Se comenzó a construir en 1878 como un complejo militar para defender la capital de Navarra, pero tardaron tanto en acabarlo que cuando por fin lo hicieron, en 1919, la irrupción de la aviación de guerra dejó este tipo de infraestructuras obsoletas. Con el golpe militar de 1936, los sublevados lo utilizaron como prisión, donde presos políticos llegados de toda España sufrieron condiciones inhumanas. Proyectado para unas 350 personas, llegó a albergar hasta 2.500.

El 22 mayo de 1938 dos presos comunistas, Leopoldo Picó Pérez y Baltasar Rabanillo Rodríguez, hartos de ver a sus compañeros morir por las torturas, la tuberculosis, la malnutrición, el hacinamiento y demás penurias, planearon y dirigieron un motín que tuvo como resultado la liberación de un tercio del penal. Al caer la tarde tomaron las armas, redujeron a la guardia, salieron de la cárcel y se lanzaron monte abajo. Su destino era Urepel, justo al otro lado de la frontera, en Francia, donde esperaban reencontrarse con la democracia que habían defendido en España.

De los 795 presos que lograron escapar, tan solo tres fueron capaces de recorrer los 53 kilómetros que les separaban de la muga francesa, ruta hoy convertida en la GR–225, en homenaje a la fecha de la gran huida. El resto de los fugados se quedó por el camino, 206 fueron ejecutados en la propia ladera del monte y otros muchos fueron devueltos al penal.

Los números de la cárcel recuerdan a los episodios más negros de la historia de Europa: hasta 7.000 presos republicanos sufrieron la dureza de sus condiciones y más de 2.000 fallecieron ejecutados o a consecuencia de las condiciones infrahumanas en las que vivían. Fueron tantas las víctimas que los doce cementerios de los pueblos que conformaban la Cendea de Ansoáin, antiguo municipio conformado por los diez pueblos que hoy forman Berrioplano, Berriozar y Ansoáin se quedaron sin espacio para sus propios vecinos fallecidos. Por eso habilitaron un lugar cercano conocido como cementerio de las botellas, porque alguno de los encargados de enterrarlos colocaba entre las piernas de los cadáveres una botella con sus datos personales para que pudieran ser identificados en un futuro. Pese a que el Gobierno de Navarra ya ha podido exhumar e identificar a más de un centenar de los presos que murieron en el penal, más de 150 continúan en paradero desconocido.