El PP pide que los extranjeros que quieran ayudas sociales en Euskadi acrediten que no ocultan patrimonio en su país

El candidato del PP en las elecciones vascas del 21 de abril, Javier de Andrés, ha concretado este lunes la parte de su programa relativa a las ayudas sociales después de que, en varios actos públicos, recuperara las fuertes críticas que en el pasado su partido realizó al sistema de la renta de garantía de ingresos (RGI), el salario social de quienes no tienen recursos o de quienes cobran pensiones o nóminas bajas. Los 'populares' plantean más control -también policial- contra el fraude e incluso parecen deslizar que las elevadas cuantías de las prestaciones en Euskadi hacen que aquí el desempleo de los extranjeros sea más alto, del 18,1%, que la media de España, el 13,4%.

“Este porcentaje, notablemente superior, indica que las fórmulas de Lanbide no han funcionado. Hay que evitar la cronificación del desempleo a personas que están en situación de trabajar y de integrar a los inmigrantes en la sociedad”, ha declarado De Andrés, que ya había dicho en esta precampaña y delante de Alberto Núñez Feijóo que en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa “se pueden llegar a cobrar 1.924 euros sin trabajar”. Sin embargo, los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que el desempleo extranjero en Euskadi es del 16,17% y que la media española es del 17,43%.

Dice De Andrés que “hay que recuperar la cultura del trabajo y del esfuerzo [...], evitar la cronificación de las personas desempleadas que se acomodan en el cobro de una renta y no se deciden a participar en el empleo”, lo que considera una vía para “integrar a los inmigrantes en la sociedad”. Según sus datos, “el 47,6% [de los perceptores] lleva ya mas de tres años cobrando la RGI sin conseguir salir de la rutina del cobro del subsidio”, mientras que “Lanbide tan solo ha logrado el 3,6% de todos los contratos de integración laboral en 2023”.

¿Qué dice exactamente el programa del PP? Este partido desea dividir la RGI en dos. El PP no ve problema en mantener una prestación “indefinida” para quienes no tienen ni edad ni condición de trabajar, es decir, pensionistas, discapacitados y personas de alta exclusión. El gran cambio, sin embargo, llegaría para “personas paradas en edad y condiciones de poder trabajar”. Por un lado, se desea revertir la ampliación (con matices) del derecho a la RGI entre los 18 y los 23 años introducida en la ley de 2022. “Desincentiva a los jóvenes para formarse, trabajar e incorporarse al mercado laboral”, entiende el PP. Para el resto, habría “compromisos y obligaciones” en materia de formación y empleo y cuantías “decrecientes” conforme pasa el tiempo.

El apartado de lucha contra el fraude parece una prioridad para el PP. Su primer punto mira a los extranjeros y pide que se les exija un “certificado oficial del país de origen que demuestre la situación patrimonial” por si hay casos de “ocultación” que no se prevén para los nacionales. También se reclaman “sistemas de identificación individual indubitados”. En el pasado, el gran adalid del endurecimiento de la RGI y de las denuncias de fraude asociadas particularmente a magrebíes, Javier Maroto, llegó a plantear el uso de la huella dactilar ante casos de una misma persona cobrando varias ayudas con diferentes identidades falsas. De Andrés desea, igualmente, llamamientos “aleatorios” a los perceptores para que ser personen físicamente en Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo que gestiona estos subsidios.

Hay más puntos, como una propuesta para “instaurar de nuevo las revisiones completas de cada expediente” cada “dos o tres años”, reforzar la unidad de control de Lanbide, elaborar mensualmente un informe del fraude y no solamente del probado en sentencias judiciales y “potenciar” las actuaciones de la Ertzaintza y de los cuerpos locales “dirigidas a la comprobación del padrón de forma sistemática”.“ La cronificación de las ayudas saca a una parte de la sociedad del trabajo. No podemos crear guetos con personas que viven una existencia sin comprometerse con la sociedad. Hay personas con más de diez años cobrando una renta, cuando están en perfectas condiciones de empleabilidad. No se puede tener a una parte de la sociedad sin trabajar, sin esforzase y sin contribuir”, ha insistido De Andrés.