Operación Madeja: adjudicaciones bajo sospecha en el Ayuntamiento de Sevilla
La investigación. La causa judicial correspondiente con la denominada 'Operación Madeja' de la Guardia Civil, que instruye la jueza Mercedes Alaya, investiga si el exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño durante el Gobierno municipal de Sánchez Monteseirín, Domingo Enrique Castaño, aceptó y recibió dádivas a cambio de conceder a determinados empresarios contratos de servicio del Consistorio hispalense.
La operación viene derivada de la investigación en torno a las supuestas irregularidades detectadas en el concurso promovido para enajenar los suelos de Mercasevilla, recientemente enviada a la Audiencia, en el marco de la cual la magistrada pidió a la Guardia Civil que investigara el enriquecimiento sospechoso de Castaño, extremo negado por su defensa.
El principal acusado. Castaño ingresó en prisión sin fianza el pasado 12 de julio por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude y exacciones ilegales. Después de que la Audiencia Provincial fijara una fianza de 60.000 euros, el exresponsable del área municipal de Vía Pública salió en libertad el pasado 16 de agosto. Alaya le había impuesto, además, una fianza de responsabilidad civil de 7,6 millones de euros, frente a la petición de 360.000 euros planteada por el Ministerio Público.
Castaño negó en su declaración judicial los supuestos regalos a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a las empresas Fitonovo y Fiverde, como un vehículo marca Audi, teléfonos móviles o un sobre con 30.000 euros “para el PSOE”, según había dicho el administrador de una de las empresas a la jueza.
Cuatro detenidos en la primera fase. Alaya, en el mes de julio, además de Castaño, acordó dejar en libertad con cargos y sin fianza a los dos empresarios que también fueron detenidos por la Guardia Civil junto al asesor socialista y su mujer, como son el administrador de la empresa de infraestructuras y medio ambiente Fitonovo, Rafael González Palomo, y el exadministrador de Fiverde Ángel Manuel Macedo.
Además de estos cuatro detenidos, la Guardia Civil imputó a la mujer del administrador de Fitonovo, Pilar Baró, y al responsable de una gestoría que le llevó las cuentas a esta empresa, Francisco Orozco, quienes comparecieron entonces ante la juez y quedaron también en libertad sin fianza.
La segunda fase y la destitución del exconcejal del PP. Alaya precipitaba este lunes la segunda parte de la 'Operación Madeja' con cinco nuevas detenciones y dos nuevas imputaciones, entre ellas la del director del Área de Medio Ambiente, Parques y Jardines del Ayuntamiento, el exconcejal del PP Joaquín Peña, quien fue destituido por el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, inmediatamente después de hacerse pública su imputación.
Los cinco nuevos detenidos son José Antonio González Baró, hijo del dueño de Fitonovo (Rafael González Palomo, detenido en la primera fase de la operación), y otro trabajador de esta empresa, así como dos funcionarios de la Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento hispalense y un empresario ajeno inicialmente a Fitonovo.
Asimismo, la Guardia Civil practicó registros en la sede de la empresa Fitonovo, ubicada en el Parque Empresarial Los Llanos del municipio sevillano de Salteras, y en la Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, concretamente en el despacho del propio Joaquín Peña; del jefe de servicio, Francisco de Amores; de su adjunto, Javier Gómez, y del capataz y responsable de conservación del Parque de María Luisa, Francisco Luis Huertas.
A los registros citados, que fueron llevados a cabo este lunes, se suman otros dos que fueron practicados este martes en la sede de dos empresas, concretamente en Suministros Agrícolas, en La Rinconada, y en Explotaciones Agrícolas Villaflor, en Dos Hermanas.
La segunda fase de la 'Operación Madeja' se ha producido justo después de que Alaya revelara en el auto por el que prorrogó por quinta vez el secreto de las actuaciones que, el pasado 21 de octubre, acordó la intervención de ocho líneas telefónicas utilizadas por directivos y empleados de Fitonovo y por funcionarios del Consistorio hispalense.
