Las fresas ilegales dejan seca Doñana

Administración, científicos y ecologistas coinciden: la agricultura descontrolada está dejando seca Doñana. Más de 11.000 hectáreas de cultivo de fresas y otros frutos rojos se extienden al norte del espacio protegido, extrayendo las mismas aguas subterráneas de la que se nutren las lagunas y el resto de ecosistemas de Doñana.

Según la Junta de Andalucía, un 15% son ilegales, cifra que la organización ecologista WWF eleva hasta el 30%, considerando ilegales una de cada tres hectáreas cultivadas. Los regadíos se extienden por los municipios de Almonte, Rociana, Moguer, Lucena y Bonares, cuyos ayuntamientos han permitido durante décadas que los regantes ocupen monte público.

Desde la Estación Biológica de Doñana (EBD), centro de investigación del CSIC y dueño de 10.000 hectáreas del parque nacional lo tienen claro: “El problema fundamental del parque de Doñana es el agua. El resto de amenazas están más o menos controladas. Es prioritario conseguir un encaje entre la explotación económica y la conservación del parque”, reflexiona Xim Cerdá, director de la EBD.

Emilio Custodio, catedrático de hidrología subterránea de la Universidad Politécnica de Cataluña, sostenía ya en 2008 que existe “un fuerte conflicto” entre la conservación del espacio protegido y “el crecimiento económico de la comarca”.

Ese conflicto llamó la atención de Europa en 2009, y, tras siete años de inacción, España se enfrenta ahora a una sanción por incumplir la normativa europea sobre aguas. Reina la unanimidad entre expertos y ecologistas, que ven imprescindible reducir la extracción de aguas subterráneas.

Así lo mantiene el propio Custodio. El académico de las Ciencias señala en un estudio sobre Doñana que “el deterioro sólo puede detenerse con una reducción significativa de las extracciones”.

Una de las propuestas para luchar contra la sobreexplotación del acuífero es el Plan de la Corona Norte de Doñana o Plan de las Fresas, cuyo objetivo es cerrar aquellas hectáreas de cultivo que son ilegales por ser monte público transformado de zona forestal a agrícola, espacio protegido o zonas “donde no se aprecia continuidad en el riego”.

En el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) apuntan a la ordenación de los regadíos como primer paso para solucionar el problema de la sobreexplotación de las aguas subterráneas. Carlos Mediavilla, responsable del IGME en Andalucía, ve urgente que se declaren ya “los cultivos ilegales” y “no se gaste más agua de la estrictamente necesaria, empleando técnicas de ahorro para dosificar el agua que necesitan este tipo de cultivos”. Asimismo, el geólogo asegura que “para gestionar Doñana, hace falta la constitución de una comunidad de usuarios de aguas subterráneas que se autorregule y que, en caso de incumplimiento, se clausure la concesión”.

“Hay que declararlo ya sobreexplotado”

Aunque desde la Junta de Andalucía se evita hablar de acuífero sobreexplotado, tanto la propia Comisión Europea como organizaciones ecologistas que trabajan sobre el terreno (WWF, Ecologistas en Acción o SEO/Birdlife) no tienen dudas: “la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (dependiente del gobierno central) debe declararlo ya sobreexplotado”.

Científicas de prestigio como Carmen Paniagua (EBD-CSIC), así se lo han expresado a este diario en varias ocasiones. “El agua de Doñana se está yendo a pique a marchas forzadas, porque nunca se ha organizado de manera sostenible. Las lagunas permanentes están dejando de serlo, porque hay una bajada del nivel freático que impide que se llenen las lagunas y tengan una duración normal. Antes, con un buen año de lluvia, se recuperaba el sistema. Ahora, si tras un año de lluvias, llega uno normal, no se recupera. Como no hagamos una política de gestión del agua, nos quedamos sin Doñana”, explica.

Mientras el nivel freático desciende hasta niveles que, según los científicos, ponen en peligro la regeneración del agua en los ecosistemas de Doñana, los regantes se han organizado en un poderoso lobby (las 300.000 toneladas de fresas de Huelva generan al año un negocio de 355 millones de euros), que se opone a una regulación que aceptó hace siete años en el Consejo de Participación de Doñana.

Cuando WWF lanzó en marzo su estudio de las hectáreas ilegales, Cristóbal Picón, presidente de la Plataforma de Regadíos del Condado de Huelva, calificó de “deficiente” el Plan de la Fresa de la Junta de Andalucía y aseguró que iban a intentar “salvar las máximas hectáreas posibles, modificando las cláusulas (del decreto), porque, aplicando la ley forestal (de 1992, que prohíbe la recalificación de suelo forestal), se pierde un 30% de la superficie actual, donde llevamos cultivando más de 20 años”.

En declaraciones a eldiario.es Andalucía, Javier Madrid, director general de Medio Natural en la Junta, afirma que “ya están analizando (las hectáreas cultivadas), notificando aquellas que no se pueden cultivar, cerrando pozos y legalizando la situación de aquellos que sí pueden estar. Al final de año debe estar culminado (el Plan de la Fresa)”.

En su ultimátum a España, la Comisión Europea censura al Gobierno español por permitir “la sobreexplotación de los acuíferos que abastecen de agua el Parque Nacional de Doñana”, un espacio protegido de “extraordinaria importancia como área de cría e invernada de todo el continente europeo”. Según la Unión Europea, la administración española no ha logrado disuadir “a quienes realizan extracciones no autorizadas y crean instalaciones ilegales”.

Tanto el gobierno central como el autonómico mantienen que el acuífero Almonte-Marismas no está sobreexplotado. Así lo sostiene tanto el director de Medio Natural de la Junta, quien asegura que la Unión Europea está “desinformada” y “equivocada”, como el Plan Hidrológico del Guadalquivir (2009-2015). Para Europa negar que está sobreexplotado supone obviar una “evidencia científica”.

El Estado ha dado réplica a la Comisión Europea mediante un informe elaborado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. La CHG, tal y como publicó en exclusiva El País, prevé eliminar la extracción de los pozos ilegales en dos años.

El gobierno central sostiene que ya ha cerrado más del 10% de los pozos ilegales (50 de 400) y que ha reducido la presión sobre el acuífero con la compra de la finca Los Mimbrales por 50 millones de euros. WWF eleva a 2.000 dichos pozos ilegales.

Un trasvase polémico

Donde, sin embargo, las administraciones ponen el énfasis para evitar la sobreexplotación de las aguas subterráneas es en el empleo de aguas superficiales: el trasvase de 5 hm3 de agua desde la cuenca del Tinto Odiel Piedras.

Expertos consultados por este diario creen que el trasvase puede ser un error. El académico Emilio Custodio afirma estar “en contra. Lo peor que se puede hacer en Doñana es meter más agua y meter, por tanto, más nutrientes y fósforo en zonas sensibles. La marisma se puede eutrofizar. La cuestión no es tener más agua, sino tener agua de calidad”. Desde el Instituto Geológico se expresan en términos similares. “Si se hace un aporte de aguas ácidas, sería contraproducente. Cualquier agua requerirá una serie de estudios bioquímicos”.

Por esa razón, creen que el ahorro, la autorregulación y el cierre de pozos ilegales son fundamentales para que Doñana siga siendo “la principal reserva natural de Europa Occidental”.