La acusación popular del caso Benítez pacta una condena mínima que libra de la cárcel a los Mossos
Un pacto 'in extremis' en el caso Benítez ha librado a los seis agentes acusados de la posibilidad de entrar en la cárcel. La acusación popular de la causa, la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos (ACDH), ha llegado a última hora a un acuerdo con la defensa de los Mossos. Los agentes han aceptado una condena de dos años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia y otro contra la integridad moral, lo que les libra de entrar en la cárcel.
El pacto no ha gustado a la campaña Justicia Juan Andrés, que ha criticado el acuerdo y ha acusado a la Asociación de pactar “unilateralmente” sin consultarles. “Nuestra voluntad siempre ha sido la de que se haga justicia mediante un juicio público”, han asegurado en un comunicado. Asimismo, han convocado a una concentración a las 19:30 en la calle Aurora, el lugar donde los Mossos redujeron a Benítez.
La propia Asociación ha reconocido que el enfado de los amigos y compañeros de Benítez es comprensible desde el punto de vista social, y ha expuesto argumentos jurídicos para justificar su decisión. El representante de la ACDH en la vista de conformidad, Àlex Solà, ha insinuado que la Fiscalía les ha empujado al pacto por “dejar de remar” en la misma dirección que las otras acusaciones. “Sin venir demasiado a cuento la Fiscalía introduce elementos de duda en el caso”, ha afirmado Solà.
El letrado se refiere al cambio de parecer de la Fiscalía, que el pasado jueves adujo que había que sumar otras “concausas” a la reducción de los Mossos para explicar la muerte de Benítez –como el consumo de cocaína o las dolencias cardíacas del fallecido. La Fiscalía advirtió por primera vez del “incierto desenlace” del caso a tres días del inicio del juicio, lo que supuso un balón de oxígeno para las defensas de los Mossos, que pedían la absolución de los agentes.
Como en cualquier otro caso de juicio por jurado popular y del ámbito penal, los elementos de duda eran fundamentales en el caso Juan Andrés para que los miembros del jurado optaran por la absolución de los Mossos, algo que la Asociación consideraría “inasumible” desde el punto de vista de los Derechos Humanos. Por este motivo, la asociación ha aceptado una pena considerablemente menor que los 14 años de cárcel que pedían inicialmente. “Somos conscientes de la incomprensión que genera el acuerdo”, ha dicho Solà.
Sin patrullar por el Raval
El pacto, alcanzado entre todas las partes justo antes del inicio del juicio, prevé que los Mossos no ejercerán como policías durante los dos años de condena y que posteriormente estarán cinco años sin patrullar. Además, en este periodo tampoco podrán acercarse a menos de 1.000 metros de la calle Aurora y tendrán que acudir a un curso de derechos humanos.
Por su parte, los dos agentes a los que se iba a enjuiciar por encubrimiento han asumido una condena de tres meses de cárcel, período en el que también quedarán suspendidos de empleo y sueldo. Todos los acusados indemnizarán a la familia de Benítez con 150.000 euros, cantidad que será asumida por la aseguradora de la Generalitat.
A la salida de la vista de conformidad y entre gritos proferidos por los amigos de Benítez, uno de los abogados de los Mossos, Josep Maria Fuster-Fabra, se ha mostrado satisfecho con la condena mínima que han aceptado sus clientes.
Fuster-Fabra ha dicho que los agentes están “moralmente convencidos” de que su actuación fue correcta, aunque en la sentencia de conformidad los Mossos reconocen que propinaron dos patadas y cinco puñetazos en la zona superior del cuerpo de Benítez, seis puñetazos y golpes de rodilla en sus extremidades inferiores así como “varias patadas” en la parte lateral izquierda inferior del cuerpo del fallecido.
“Nuestras líneas rojas no se han traspasado: no irán a la cárcel ni tampoco están inhabilitados de por vida”, ha dicho el letrado, que reiterado que los ahora ya condenados “obraron de acuerdo a lo que les enseñaron y actuaron de acuerdo a los protocolos y correctamente”.
Con todo, en este caso todavía queda un cabo suelto: la Generalitat tiene ahora que decidir qué hace con los agentes, ya que el expediente que les abrió estaba suspendido hasta que hubiera condena. El letrado de la Generalitat ha dicho en la vista de conformidad que la administración se compromete a revisar el protocolo de reducción “a personas alteradas”.
El pacto al que ha llegado la ACDH ha aumentado las cláusulas del anterior acuerdo, al que se oponía la asociación. Las defensas de los Mossos, la Fiscalía y la acusación particular (la hermana de Benítez, que este lunes no ha asistido al Palacio de Justicia de Barcelona) habían llegado a un acuerdo para que los agentes aceptasen una condena pactada por homicidio imprudente, que evitaría su entrada en prisión, a cambio de reconocer los hechos y una indemnización de más de 100.000 euros. La única acusación que se oponía al pacto era la ACDH, al considerar que el acuerdo daba cobertura a la impunidad policial. En un auto, el TSJC ha descartado los argumentos jurídicos de la defensa de los Mossos para expulsar a la ACDH.
