El pasado 20 de marzo el Congreso de los Diputados aprobó, con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, el del PNV y el de CiU, una reforma de la Ley de Seguridad Privada que amplía las competencias de los vigilantes y les habilita para nuevas funciones como el control del perímetro exterior de las cárceles y de los centros de internamiento de extranjeros, la participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial, así como les faculta para practicar detenciones cuando hasta el momento tan solo podían retener a una persona hasta la llegada de los cuerpos de seguridad públicos.
Esta reforma es la primera de una batería de reformas legislativas que según venimos alertando un gran número de ciudadanos y organizaciones de derechos humanos supondrán un gran y regresivo cambio en el marco de derechos y libertades. Es verdaderamente preocupante que la reforma legislativa se haya aprobado sin que hayamos sido capaces de articular una respuesta social a la altura de las circunstancias. No obstante, como explicaré en una líneas, esta respuesta ya está en marcha.
Las reformas que se avecinan, a grandes rasgos son las siguientes:
1. El proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza), que lejos de actualizar el concepto de seguridad ciudadana a una realidad de protestas sociales cambiante y dinámica, garantizando el derecho de reunión y manifestación, prevé la sanción económica de prácticamente todas las formas espontáneas, dinámicas y novedosas de protestas surgidas en los últimos años. El proyecto del gobierno prevé la sanción con multa por ejercer el derecho de manifestación sin previa comunicación, la ocupación temporal y simbólica de entidades privadas o públicas, los escraches, la okupación de viviendas, las manifestaciones ante las cámaras parlamentarias, así como un largo etcétera. En resumen, el poder ejecutivo se dotaría de poderes sancionadores excepcionales para ejercer la represión económica contra los movimientos sociales, ensalzando su poder punitivo. Todo ello acompañado de una ley de tasas que somete la revisión judicial de la actividad punitiva del ejecutivo al pago de unas cantidades que en ocasiones igualan la cuantía de la sanción impuesta.
2. El proyecto de reforma de la Ley del Aborto pretende generar un marco normativo absolutamente regresivo y patriarcal en el que se eliminaría la actual ley de plazos por una ley de supuestos completamente restrictiva, en la que además criminaliza la participación de cualquier profesional o persona en la práctica de abortos en supuestos diferentes a los que permitiría la ley. Desprendería a las mujeres del derecho a decidir, infantilizándolas y sometiendo la práctica del aborto a llevar adelante un proceso caro, lento y paternalista, en el que deberían contar con la aprobación de al menos dos profesionales médicos distintos y uno social, todo ello bajo un período de reflexión mínimo de 7 días desde el inicio del proceso. Este proyecto pretende trazar un camino de 40 años de pasos hacia atrás que pasaría por encima de años de lucha feminista por el derecho a decidir y al aborto libre y gratuito.
3. El proyecto de reforma del Código Penal, que a diferencia de los dos proyectos anteriores, ya se está tramitando en el Congreso de los Diputados, prevé la sobrecriminalización de lo que se ha venido conociendo como “microcriminalidad” (hurtos y estafas de menos de 400 euros, venta en el top manta...) a través de la conversión de estas conductas en delito leve (generando antecedentes penales, con consecuencias nefastas para la población extranjera aumentando la discriminación en el seno del sistema penal); aumentaría los tipos penales y las penas para los delitos que tienen que ver con la protesta social, como la tipificación de la ocupación simbólica de entidades privadas o públicas o el aumento de la pena para el delito de desórdenes públicos en el caso de que tengan lugar en una manifestación, con penas de 1 a 6 años; introduciría la cadena perpetua revisable así como las medidas post-cumplimiento de la pena de libertad vigilada; etc.
Además de estas tres reformas legislativas, cuyo proyecto de ley ya está aprobado por el Consejo de Ministros, cabe destacar otras que podrían estar en camino como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que el Gobierno prevé otorgar gran parte de las tareas que en la actualidad tienen los Juzgados de Instrucción a la Fiscalía, la cual depende jerárquicamente del Gobierno; o como la posible reforma de la Ley de Extranjería que, tras aprobar un Reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros que legaliza la opacidad y la arbitrariedad en los mismos, pretendería legalizar las devoluciones exprés en frontera, una vez se ha logrado visibilizar dicha práctica ilegal.
Es por todo ello que muchas afirmamos que no estamos ante un simple proceso de reformas legislativas, sino que en realidad nos hayamos ante el intento de generar “un proceso de reestructuración del marco de los derechos y libertades que tiene como meta la construcción de un régimen de rasgos autoritarios que, sin embargo, pretende preservar la etiqueta de democracia[1]”.[1]
Y entendiendo dicho proceso como un ataque histórico a los derechos y libertades civiles, políticas y sexual-reproductivas entendemos que es vital poner en marcha un proceso amplio de protestas y desobediencia civil que tenga como objetivo detener dichas reformas. De ese encuentro nace la iniciativa Desobediencia 2014, que se presenta este 25 de Marzo en un acto el Aula Magna de la UB-Raval de Barcelona a las 18.30.
Y de las palabras y los argumentos, a la calle y a la desobediencia. Entiendo que no lograremos parar este proceso sino activamos y visibilizamos procesos de desobediencia civil masivos que logren detenerlo y que, en el caso de que éste avance, genere herramientas que hagan inaplicables dichas reformas. El primer encuentro desobediente será este sábado 29 de Marzo a las 18.30 en Plaça Catalunya. Dos días antes de que comience el juicio político contra las encausadas por la acción de desobediencia civil Aturem el Parlament del 15 de Junio de 2011. Tomaremos las calles para decir no solamente que volveríamos a participar en dicha acción masiva sino que hemos tomado la firme decisión de volver a hacerlo. Tras los argumentos, las críticas, las palabras, las protestas sectoriales, sólo nos queda pasar a la desobediencia civil masiva si de verdad queremos detener este grave ataque múltiple a nuestros derechos y libertades. Cuando el mal gobierno aprueba leyes injustas, lo justo es desobedecerlas.
[1] Extraído del Manifiesto “Davant la [RE]tallada de llibertats, ENS PLANTEM. Desobediencia 2014.
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