La factura en asesorías para los pleitos por el hachazo a las renovables ya supera los 16 millones
Más dinero público para defender a España de la lluvia de denuncias de inversores internacionales en energías renovables ante organismos como el Ciadi, la institución de arbitraje del Banco Mundial, frustrado destino del exministro de Industria José Manuel Soria.
El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), actualmente adscrito al Ministerio de Energía, sacó la semana pasada a concurso un nuevo contrato de asesoría jurídica externa que eleva a más de 16 millones de euros las adjudicaciones realizadas o previstas por el Gobierno para estos servicios.
Con el precio de la electricidad batiendo récords, el IDAE, cuya actividad histórica es promover “la eficiencia energética y el uso racional de la energía en España, así como la diversificación de las fuentes de energía e impulso al desarrollo de las energías renovables”, sigue destinando buena parte de sus recursos a coordinar la defensa del Reino de España ante estas denuncias.
El nuevo contrato, cuyo pliego de condiciones está fechado en noviembre, aunque no se ha sacado a concurso hasta ahora, está valorado en 1,2 millones más IVA, como el que el Gobierno sacó a concurso en noviembre, cuyos adjudicatarios no han trascendido aún.
En este caso, se trata de sendos lotes de 600.000 euros para servicios de “asistencia especializada” al ministerio y la Abogacía del Estado para dos demandas de arbitraje. Una corresponde a la denuncia presentada contra España ante el Ciadi en agosto (la número 27) por un grupo de empresas encabezado por la holandesa Sevilla Beheer B.V.. La otra demanda está encabezada por la danesa Green Power Partners y está presentada ante la Cámara de Comercio de Estocolmo (Suecia).
España se ha convertido en líder mundial en casos abiertos por supuestas violaciones del Tratado de la Energía, con un tercio del total (32 denuncias). En juego hay reclamaciones por importe de 6.000 millones de euros, según una estimación publicada en octubre por Expansión.
Otra subida de la luz
Si España perdiera esos litigios, el pagano sería el consumidor, como siempre. Lo dijo en diciembre el ministro de Energía, Álvaro Nadal, en su primera comparecencia en el Congreso: en caso de derrota, “el resultado de esos arbitrajes será que tenemos que subir la electricidad a todos los españoles en beneficio de aquellos que han recurrido”. No obstante, Nadal subrayó que los tres primeros laudos favorables a España demuestran que el recorte que llevó a cabo su hermano, Alberto Nadal (anterior secretario de Estado de Energía) se realizó “con una exquisita medición” de sus efectos jurídicos.
Las denuncias que decenas de inversores internacionales han presentado al amparo de la Carta de la Energía se centran, sobre todo, en ese recorte y en los que el Gobierno socialista aplicó a finales de 2010 a la energía solar y la termosolar.
Desde marzo de 2014, el ministerio ha adjudicado veinte contratos de asesoría de este tipo por un importe de 13.339.115 euros, IVA incluido, a los que se sumarán los dos contratos pendientes de adjudicar, que superan los 2,8 millones (más IVA). La mayor parte (trece contratos) se adjudicó con el Gobierno en funciones. Las beneficiarias han sido cinco firmas: Accuracy (4.628.250 euros), Econ One (3,5 millones), BDO (3.394.050 euros) y la UTE entre la española MacGroup y la francesa Altran (1.816.815 euros).
