Portal de Transparencia: incógnitas y opacidad a tres semanas del estreno

A partir del próximo 10 de diciembre, la Administración General del Estado y los organismos estatales deberán cumplir con las obligaciones que exige la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. La norma se aprobó las navidades pasadas, así que el Ejecutivo ha tenido todo un año para preparar el terreno. Pero el tiempo se acaba: en unas semanas, los preceptos que vinculan al Gobierno central entrarán en vigor definitivamente.

Uno de los pilares fundamentales de la norma es la creación y desarrollo de un Portal de la Transparencia porque, como indica el texto, “las nuevas tecnologías permiten hoy día desarrollar herramientas de extraordinaria utilidad para el cumplimiento de las disposiciones de la ley”. El Ministerio de la Presidencia se encarga de los contenidos y la gestión, mientras que Hacienda es responsable del diseño tecnológico, el desarrollo informático y el mantenimiento.

El pasado miércoles, la vicepresienta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría confirmaba en el Congreso que la esperada web ya está en fase de prueba, que “se ha desarrollado utilizando medios propios” y que cada ministerio está “volcando” ya los datos requeridos.

El portal reunirá información sobre contratos, subvenciones, presupuestos y “hasta el montante de las retribuciones” de los altos cargos del Ejecutivo. Además, se habilitará “una ventanilla” donde los interesados podrán hacer sus solicitudes las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Sin embargo, a los miembros de la plataforma 'Qué hacen los diputados' las aclaraciones les han sabido a poco. Por eso formulan una petición al Ministerio de Presidencia a través de la plataforma 'Tu derecho a saber'petición al Ministerio de Presidencia con seis preguntas que pueden resumirse en tres: ¿quién ha desarrollado el Portal de la Transparencia? ¿Cuánto ha costado? ¿Qué tipo de información incluirá y en qué formatos?

“Ignoramos en base a qué criterios se está haciendo esa web, si se están usando estándares internacionales, quiénes son las personas responsables en el ministerio o si se trata de una empresa subcontratada”, explica a HojaDeRouter.com Vicky Bolaños, miembro de la organización. “Tampoco sabemos si se va a corresponder con las necesidades y exigencias de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil”, añade.

Desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas les han instado a completar un formulario que ya han rellenado. El 13 de noviembre el mensaje fue enviado a la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ahora solo queda esperar.

“Creemos que deberían haber consultado a las organizaciones que tienen experiencia en datos abiertos para que les asesorasen”, dice Bolaños. Resulta paradójico que “siendo un portal dedicado a la transparencia no hayan abierto procesos de participación”.

Lo mismo opina José Félix Ontañón, cofundador de OpenKratio, una asociación que aboga por la transparencia de las instituciones públicas, el derecho a la información y los datos abiertos. “Esto tenía que haberse realizado con la suficiente antelación y contando con la ciudadanía; mostrando una predisposición del Gobierno a hacer las cosas como estamos demandando”.

Entre las organizaciones que se dedican a impulsar iniciativas en materia de datos abiertos se encuentran también la Fundación Ciudadana Civio y la plataforma Access Info Europe. Javier de Vega, responsable de comunicación de la primera, asegura que han escrito varias veces al Ministerio de la Presidencia preguntándoles por el portal. Las respuestas han sido más bien escasas.

“Hemos mantenido alguna reunión donde se nos ha dicho que están trabajando en ello, pero poco más”, asegura De Vega. Durante estos contactos les han ofrecido asesoramiento para indicarles las mejores prácticas e informarles de cómo se está haciendo en otros países. Sin embargo, “nunca han recogido el guante”.

El miembro de Civio se muestra contundente: “la sociedad civil ha estado fuera de toda la preparación de este portal y prácticamente de la ley en sí”. El proceso, según De Vega, tiene más de “optimización de sus propios mecanismos internos”, es decir, “de administración electrónica”, que de transparencia.

¿Quién lo ha desarrollado y con qué fondos?

Aunque no se haya dado su precio exacto, que se desarrolle “con medios propios” dice algo sobre su financiación. “No se ha creado una partida de gastos especial en los presupuestos para el portal”, indica De Vega.

El dinero ha salido por tanto de la reubicación de partidas presupuestarias que ya tenía asignadas el Ministerio de la Presidencia. “Se supone que cuando la web esté terminada podremos saber cuánto ha costado”.

Lo mismo sucedería con el personal que ha tomado parte en el desarrollo. No han contratado a nadie externo, al menos en teoría. “No se conoce ninguna empresa que la administración haya contratado con este fin”. El número de trabajadores, igual que su identidad, sigue siendo una incógnita.

¿Qué podremos encontrar?

La información que debe constar en la página es la referida en la ley aunque, como explica De Vega, “no especifica qué nivel de detalle o de desglose va a haber”. El responsable espera que lo hagan al máximo, hasta el nivel de subconcepto, pero “la norma es muy ambigua”.

Según consta en el documento, el portal debe mostrar las cuentas anuales de las instituciones públicas, los informes de auditoría y las retribuciones de los altos cargos. También los contratos que firme la Administración General del Estado (incluidos los menores) y las adjudicaciones. Debe aparecer, además, el tipo de licitación por la que se han concedido, ya sea un proceso negociado o abierto. Los convenios y las subvenciones también deberán consignarse en el portal.

Para cumplir con la normativa, la plataforma tiene que incluir también información estadística y los anteproyectos de ley, antes de que sean aprobados por el Congreso de los Diputados.

¿En qué formato debe estar la información?

Existen estándares internacionales sobre cómo presentar los datos para que resulten accesibles, abiertos y gratuitos, tal y como estipula la ley. Deben aparecer en crudo y desglosados (sin que hayan sido agregados estadísticamente) y en formatos legibles por ordenadores (Excel, .csv, .dat o similares), para poder tratarlos e interpretarlos.

Los .pdf no figuran entre los más adecuados. “Es un formato muy cerrado y si encima no se trata de tablas convertidas a .pdf, sino que es una imagen escaneada, es absolutamente imposible procesar informáticamente los datos”, recalca De Vega.

Para atender a las peticiones de información, cada ministerio está creando una unidad de información, integrada por un equipo de funcionarios encargados de recabar los documentos requeridos y facilitárselos al solicitante en el formato que necesite.

Buenos ejemplos dentro y fuera de España

Algunas administraciones han consultado a Civio para desarrollar sus proyectos de datos abiertos, aunque hasta diciembre del año que viene los gobiernos autonómicos no tienen la obligación de cumplir con los preceptos de comunicación proactiva de la norma.

“Como no es una información que esté sujeta a ley, publican lo que ellos estiman, no podemos contar con que vaya a estar completa”, asegura De Vega. Algunos ayuntamientos contactan con la organización para hacer públicos, sobre todo, sus datos económicos y financieros (contratos, presupuestos y subvenciones). Los miembros de Civio les proporcionan herramientas y una plataforma web donde mostrarlos de manera accesible. “Lo hemos hecho en el País Vasco y también en Aragón”.

Fuera de España, el referente incuestionable es Reino Unido. En el portal de transparencia británico se reflejan con gran detalle todas las facturas que se derivan de la gestión pública. Incluso los regalos que reciben los lores de la cámara, como noches de hotel o viajes pagados. “O una espada samurái, como ha ocurrido en un caso”, bromea De Vega.

El Congreso de Brasil (de cuyas iniciativas de gobierno abierto ya hemos hablado) también es un ejemplo a seguir. “Allí tienen un equipo de informáticos que no trabajan para la administración; les ayuda desde fuera a hacer más accesible la información”.

Pocas esperanzas de éxito

“Tenemos la sensación de que no va a ser más que una recopilación de enlaces y de documentos que ya están publicados en otros sitios, con pocas novedades”, lamenta Ontañón. Y en Civio prevén algo parecido; temen que gran parte de la información esté compuesta por datos que ya existían en las webs de cada ministerio y que simplemente se hayan agregado en este nuevo portal.

Según el cofundador de OpenKratio, es muy probable que suceda lo mismo que con todos los portales de transparencia implementados por universidades, ayuntamientos y comunidades autónomas: “ofrecerá lo mínimo que se despacha para el cumplimiento más escueto de las obligaciones que figuran en la ley”.

Además, Ontañón lamenta que no se haya aprovechado un espacio que ya existía en las páginas de los ministerios y duda de que la nueva plataforma sea realmente necesaria. “Ya teníamos un portal de datos abiertos, la Administración General del Estado lleva ya tres años con esta iniciativa”, asegura. Este apartado es, en su opinión, “el espacio oportuno para colocar toda la información de transparencia activa en formatos abiertos y reutilizables, como bien recomienda la ley”.

Aún habrá que esperar para comprobar si se cumplen los peores pronósticos. Todavía tiene que salir a la luz el reglamento que especificará cómo se va a implementar la norma, “la letra pequeña” como dice De Vega. “Siempre hay tiempo para mejorar, pero se necesita la voluntad del gobierno y para algunas cuestiones quizá sea demasiado tarde”.

------------------------------------------------------------------------

Las imágenes de este reportaje son propiedad, por orden de aparción, de LABgcba, 5stardata.info, y Fundación Orange