El Congreso y el Senado ocultan cuánto gasta en taxis cada parlamentario

El Congreso y el Senado han rechazado dos peticiones de información de eldiario.es en las que se solicitaba cuánto ha gastado en taxis cada diputado y senador durante la pasada legislatura a costa del presupuesto público.

El contenido de la pregunta enviada por eldiario.es es el siguiente: “Solicitamos el gasto anual de cada diputado/senador de la tarjeta personalizada para servicios de taxis durante la legislatura X, desde 2011 hasta 2015”.

Los diputados y senadores tienen derecho a una tarjeta personalizada que permite abonar el servicio de taxi en la ciudad de Madrid, con un límite anual de 3.000 euros. Según argumenta el Congreso en su resolución, publicar información individualizada de cada representante supondría “facilitar datos de carácter personal”. Asimismo, afirma la Secretaría de la Cámara Baja que la difusión de estos datos puede “afectar a la intimidad o seguridad” de los diputados.

El Senado, por su parte, considera que el acceso a la información del gasto en taxis “no parece justificado” al ponderar el “interés público” de su divulgación con el “menor perjuicio de los derechos fundamentales de los afectados”. Añade que este interés no prevalece frente a la protección del gasto individual en taxis de cada senador, que define “como datos personales”.

En 2015, los representantes de ambas cámaras gastaron más de 766.000 euros en taxis. Esto supone una media de 1.250 euros por cada uno de los 350 diputados y 266 senadores que forman el poder legislativo. Sin embargo, las resoluciones impiden conocer cuánto se ha gastado cada uno de ellos ya que no es de “interés público” revelar el gasto en este tipo de transporte a cargo del presupuesto del Congreso y el Senado.

Las dos peticiones fueron enviadas a través del Portal de Transparencia del Congreso y el Senado el 8 de febrero. A diferencia del resto de la Administración General del Estado, las cámaras legislativas tienen su propio reglamento para aplicar las normas establecidas en la Ley de Transparencia.

Una de las consecuencias de este tratamiento especial dentro de la ley es que no responden ante ningún órgano de control para la aplicación de la normativa. Para el resto de la Administración, está el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), cuyas resoluciones son de obligado cumplimiento. De esta manera, el Consejo puede exigir al Gobierno que admita el acceso a determinada información pública negada a un solicitante. No así para el Congreso y el Senado, cuyas resoluciones solo pueden ser recurridas a través de la vía contencioso-administrativa.

La única información que proporcionan las cámaras legislativas en sus resoluciones es el gasto de 2015 en taxis a cargo del Congreso y el gasto anual entre 2011 y 2015 costeado por el presupuesto del Senado. Entre esos años, los senadores se gastaron 1,5 millones de euros en taxis, a un promedio de 300.000 euros al año.