“Las reformas de Gallardón nos dejan a los jueces inermes para defender al ciudadano”

La Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera judicial, lleva adherida la etiqueta de “asociación conservadora” y, con más agresividad, el sambenito de ser la correa de transmisión del Partido Popular en la Judicatura. Ahora hacen frente común contra el intento del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de desactivar la separación de poderes y anuncian que están dispuestos a ir a la huelga si la puerta del diálogo sigue cerrada. María Teresa Sáez, su portavoz, que se faja estos días en la reivindicación sin paños calientes, avanza que tal vez Gallardón no sea el PP, y aspira a encontrar aún cordura y diálogo en el partido que llevaba en su programa sobre Justicia muchas de sus reivindicaciones y de las que sienten que han abjurado. La magistrada de la Audiencia Provincial de Málaga viene a decir alto y claro que los jueces, conservadores o no, son jueces por encima de todo y que piensan luchar por su independencia que es la garantía del ciudadano y de todo el sistema democrático.

¿Cómo resumiría su opinión sobre las reformas de la Justicia llevadas por Gallardón al Consejo de Ministros?

El anteproyecto habla de una reforma que tiene un alto contenido político. No afecta a las estructuras para mejorar su funcionamiento sino que es un ataque en toda regla a la independencia del Poder Judicial y pretende un control político del órgano legítimo de gobierno de los jueces. Además supone un incumplimiento radical del programa electoral del Partido Popular respecto a la vuelta al sistema constitucional inicial de elección de vocales. Ni siquiera es una vuelta a los existente antes de 1985, no, es darle todo el control de la elección al Parlamento.

¿Cómo se busca ese control?

Gallardón introduce un sistema viciado de origen, que pervierte la elección prevista en la Constitución dado que la elección de los vocales directa y únicamente por los políticos deriva en que la composición del Consejo sea política. Además reduce sus funciones y sus competencias y bajo la pantalla de reducir los costes, reduce su composición sobre lo previsto constitucionalmente con el único objeto de conseguir un mayor control político. El objetivo y el resultado son perversos ya que, de hecho, convierte al que la Constitución dibuja como guardián de la independencia judicial en una Dirección General dependiente del Ministerio de Justicia.

¿Qué aumento de poder político habrá? ¿En qué se materializa?

Los vocales de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidirán, y el pleno se reunirá una vez al mes con carácter testimonial por lo que las decisiones tomadas no podrán ser ratificadas ni impugnadas. La Permanente gozará de hecho de libertad de acción absoluta y cuando se reúna el pleno carecerá ya de muchas de sus competencias. En última instancia será el ministro el que pueda decidir no sólo la carga de trabajo de los juzgados sino el reglamento de ascensos o el reglamento de funcionamiento de juzgados y tribunales. Por ejemplo, el Ministerio podrá regular reglamentariamente que no se detenga a políticos durante las campañas electorales. Este control es el que verdaderamente se busca y el que atenta claramente contra la división de poderes.

El Gobierno achaca las protestas de los “cuellos blancos”, da igual que sean jueces o médicos, al mantenimiento de “privilegios de casta”, al corporativismo y al derroche que debe acabar...

Intentan justificar como ahorro que el CGPJ quede reducido a una comisión permanente de seis. Pero, desde luego, el ahorro no es tal. La partida del presupuesto del CGPJ que consumen los vocales es mínima. Lo más importante es que así se consigue pervertir el juego de mayorías que estaba previsto en la Constitución. Ésta establece una composición en la que la mayoría de los miembros son jueces: 12 representantes lo son de los jueces y el resto, ocho, de otras profesiones jurídicas. Si ahora dejan una Comisión Permanente con tres vocales judiciales y tres de otros orígenes, ya están pervirtiendo la proporción establecida por el constituyente. El juego de mayorías queda modificado en una perversión del modelo constitucional.

Entonces, ¿no es todo por el dinero como dice el Gobierno?

Hemos creado una comisión en la que se agrupan asociaciones de jueces, fiscales, secretarios, funcionarios y consumidores. Esto da idea de la transversalidad de las demandas que planteamos. Quien conozca el mundo de la Justicia sabe que somos colectivos pequeños, disgregados, con intereses diferentes y que si nos hemos unido es porque hacemos frente a un ataque global. Los motivos no son retributivos. Expresamente hemos omitido los motivos retributivos. Los jueces no reclamamos el dinero que hemos perdido de nuestros sueldos, ni las subidas pactadas que no se han realizado, ni otras cuestiones de este cariz que serían legítimas. No queremos eso. Estamos luchando contra unas modificaciones que afectan a la estructura misma del Poder Judicial y que dejan al ciudadano indefenso cuando éste está controlado por el poder político o el económico. No reclamamos dinero, ni privilegios, reivindicamos que los jueces puedan trabajar con independencia y autonomía para proteger a los ciudadanos de los abusos del poder.

Qué no habrá tenido que pasar para que una asociación que pasaba por ser la correa de transmisión del Partido Popular en la Judicatura tenga ahora esta postura...

Es verdad que somos una asociación conservadora y lo asumimos, pero también estamos demostrando que somos independientes frente al poder político. Que quede claro que nuestra idea de la Justicia, de la Administración de Justicia, podía coincidir con el proyecto y las promesas del Partido Popular pero también que tenemos nuestra idea concreta de la Justicia, y que si el PP incumple sus promesas y se aparta de ella, nosotros seguiremos fieles a nuestros postulados.

¿Se sienten “traicionados” por el PP?

Creo que es preciso distinguir entre el PP y el ministro actual. Nosotros seguimos apostando por el diálogo y la negociación aunque este ministro no haya mantenido ninguna. Esperemos que una cara sea la del ministro y otra la del PP y que pueda por tanto volver la cordura y el cumplimiento de las promesas iniciales.

A Gallardón le ha respaldado claramente el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. ¿Y si no cabe diálogo ni negociación? ¿Y si les aplican el rodillo? ¿Están dispuestos a llegar a la huelga, ustedes que afirmaban que un poder del Estado no tenía derecho a ella? ¿Se comportarán como funcionarios ahora que el ministro se complace en tratarles como a tales?

La Asociación Profesional de la Magistratura convocó una huelga el 8 de octubre de 2009 en solitario, así que ya hemos manifestado nuestra postura respecto a la posibilidad de una huelga de jueces. No nos gustaría ir a la huelga porque nuestra asociación tiene una concepción del juez como miembro del Poder Judicial y como servidor público. No descartamos la huelga pero no la vemos con claridad. Pero, si nos cierran todas las puertas... cuando no te dejan salida...

¿Se descolgará alguien? Hay compañeros que creen que la APM saltará del barco en cuanto les cortejen lo más mínimo desde el Gobierno...

Confiamos en que siga el frente común de las reivindicaciones.

¿Cómo sienta que gran parte del equipo del ministro proceda de su propia asociación?

Es verdad que hay algunos miembros del equipo del ministro que proceden de nuestra asociación pero no son todos, ni son mayoría y algunos de ellos llevaban muy poco tiempo en la judicatura.

En el tema de las tasas, ¿queda aún algo que hacer ahora que tenemos hasta los impresos para cobrarlas? ¿Harán algo los jueces?

Continuaremos la lucha desde el punto de vista jurídico. Habrá recursos de constitucionalidad y se presentarán cuestiones de inconstitucionalidad cuando se produzcan las disfunciones en el sistema que los jueces sabemos que se van a producir con la aplicación de estas tasas.

Dice el ministro que lo de las tasas es una petición de la APM...

Nosotros, como asociación, creíamos que las tasas debían existir pero en unos importes muy bajos y sobre para grandes litigantes como sociedades o aseguradoras. Hablábamos de 50 euros, no de 500. En el recurso que falló el Tribunal Constitucional ya se decía que las tasas debían ser proporcionales y no impedir el acceso de los ciudadanos a la Justicia ni la tutela judicial efectiva. Las tasas impuestas por Gallardón son desproporcionadas e injustas y tienen una finalidad claramente recaudatoria. Ni siquiera son disuasorias, si quisieran ser disuasorias no se impondrían al inicio, sino al final del procedimiento y sería el juez el que valoraría, con su conocimiento del procedimiento, si ha habido mala fe de forma que las impusiera en esos casos. No es eso lo que ahora tenemos.

Y tenemos la supresión de los jueces sustitutos, que ustedes también llevaban siempre en sus reivindicaciones...

Siempre hemos defendido una Justicia profesional porque la profesionalidad es la que asegura calidad e independencia. Ahora bien, si de lo que hablamos es de acabar con la justicia interina sin crear nuevas plazas de jueces profesionales y obligando a los jueces a llevar dos o tres juzgados... Eso es abocarnos a una dilación mayor, a una Justicia aún más lenta y, por tanto, menos justa. Llevamos nueve legislaturas sin que a ningún partido le interese la Justicia y eso nos ha traído hasta aquí. Con estas medidas, el ciudadano va a ser el gran perjudicado.

En pocas palabras, todo esto ¿de qué va en realidad?

De lo que se trata es de lograr el control. Hablamos todo el tiempo del intento de control del Poder Judicial por el poder político y económico.

Dice Gallardón que ahora les joroba que las asociaciones corporativas pierdan poder, que ahora con la reducción de avales los jueces no asociados ganarán presencia...

La reducción de los avales para presentarse a la elección a vocal no hace sino facilitar el control político. Con esta fórmula, los partidos podrán seleccionar libremente a los jueces que deseen para pasar a ser vocales, pedirles que recojan 25 firmas y asegurarles que los nombrarán. Es la facilidad total para los partidos de tener vocales del CGPJ a la carta.

¿Son conscientes los ciudadanos realmente de qué es lo que está en juego en esta pugna, de cómo les afecta a ellos y al sistema democrático?

Yo creo que el ciudadano no es totalmente consciente. Estamos luchando por hacer ver que no buscamos privilegios ni cuestiones corporativas, hemos querido que sea palmario que los jueces estamos con la ciudadanía y que queremos defenderla de los abusos del poder político y económico. Estamos intentando que el ciudadano sepa que los jueces somos su último baluarte frente a los abusos.