A seis meses de que venza el plazo, hay solo 9 de los 52 centros de emergencia de violencia sexual que marca la ley

A la sombra de la discusión penal que generó la aplicación de la ley del 'solo sí es sí', la norma ponía deberes. El más importante: que cada provincia contara con al menos un centro de atención integral 24 horas para las víctimas de violencia sexual antes de finales de 2023. Para ello el Ministerio de Igualdad de Irene Montero repartió 93 millones a las comunidades autónomas, una partida que procede de los fondos europeos de recuperación. A finales del año pasado, el ritmo de aperturas era tan bajo que ministerio y comunidades pactaron un año de prórroga. A seis meses de que venza, sin embargo, solo hay abiertos 9 de los 52 centros y algunos no cumplen de momento todos los requisitos. Algunos gobiernos autonómicos ni siquiera han licitado todavía su puesta en marcha.

Fue la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual la que incluyó esta medida con el objetivo de crear una red de atención a la violencia sexual similar a la que existe para la violencia de género. El Ministerio de Igualdad solicitó una partida de los fondos europeos de recuperación para financiar varias medidas relacionadas con la igualdad y la atención de las violencias machistas, entre ellas los centros de crisis. España ha adelantado ese dinero: el Gobierno transfirió a las comunidades 19,8 millones en 2021, 46,2 millones un año después y 17 en 2023. Del cumplimiento de este hito depende que Europa desembolse finalmente el dinero.

Tres años después de empezar el proceso, solo existen 9 de los 52 centros que debe haber en cada provincia y ciudad autónoma. “Nos preocupa esta situación, la lentitud de las comunidades, porque además los fondos europeos son finalistas. Ya les concedieron una prórroga y no sabemos si habrá otra, porque también depende de Europa”, asegura Verónica Barroso, de Amnistía Internacional España, que está vigilando la manera en la que las autonomías están implantando los centros.

A día de hoy, solo tienen centros abiertos Madrid, Cantabria, Bizkaia, Vitoria, Murcia, Pamplona, Albacete y Melilla. Igualdad asegura que a lo largo del verano prevén las aperturas de Donosti, Teruel, Huesca, Toledo, Guadalajara, Alicante, Valencia, A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevendra. Los restantes, señalan, se abrirán durante el último trimestre del año. Algunas fuentes son menos optimistas y apuntan a una falta de voluntad política o de interés de algunos gobiernos autonómicos que puede poner en peligro el cumplimiento del plan. Fuentes de Igualdad insisten en que confían en las comunidades para llegar a tiempo.

Cumplir los estándares

Pero no se trata solo de que los centros estén abiertos, sino de que cumplan los estándares que marca la ley. La responsable de Amnistía Internacional destaca que deben ser de emergencia, dar atención especializada e integral –psicológica, jurídica, acompañamiento a otros servicios–, y contar con un equipo interdisciplinar. “Y por supuesto prestar atención gratuita y que sean de fácil acceso para todas las personas”, añade.

Es ahí, en los estándares, donde también radica el problema. Por ejemplo, ni el centro de Vitoria ni el de Bizkaia ya en marcha hacen pública su ubicación “por seguridad” de las víctimas, indican desde la Diputación. Próximamente abrirán un segundo espacio en Bizkaia que describen como “oficina de información pública”, que sí estará abierta para todo el público, informa Maialen Ferreira.

En Murcia, el servicio presencial no se presta las 24 horas. Durante la noche solo atienden a través de una línea telefónica. “Si es necesario que alguna profesional se desplace a un domicilio para trasladar a la persona al centro de crisis y ser atendida, sea la hora que sea, se desplaza, y así la persona usuaria recibe la atención necesaria. Una vez que se realiza la llamada, se activa el protocolo y la profesional se desplaza al centro de crisis para atender a la persona, previa valoración para saber sus necesidades específicas o para derivarla con el recurso que precise: salud, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, atención psicológica, jurídica etc.. ”, aseguran desde la Consejería de Política Social, informa Elisa Reche.

Fuentes conocedoras de la negociación con las comunidades consideran que en ninguno de esos tres casos se cumplen adecuadamente los requisitos marcados. “Si no se conoce ni se difunde no tiene sentido, porque se trata de llegar fácil a la víctima, no que la víctima haga un periplo para hasta dar con el recurso. Habría que hacer pública su ubicación y hacer campañas de difusión. Hay muchos aspectos que mejorar aún”, indica Verónica Barroso, de Amnistía. Desde Igualdad aseguran que quedan seis meses para cumplir los estándares y que un equipo de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género trabaja estrechamente con las comunidades para asegurar que los centros se adecuan a la norma.

En cuanto a los que aún no están abiertos, es llamativo el caso de Castilla y León: aunque la Comunidad sacó a concurso la compra de edificios para poner en marcha los centros, la convocatoria quedó desierta en siete de las nueve provincias. El gobierno autonómico tiene que licitar de nuevo y, después, los recursos deben ponerse en marcha. Por su parte, Canarias también hizo pública la licitación en abril pero la adjudicación aún está pendiente.

Catalunya quiere utilizar la red pública de atención a la violencia de género que ya tiene para canalizar la atención a la violencia sexual, en lugar de abrir nuevos centros. Deberán, no obstante, crear protocolos y circuitos propios, así como personal dedicado solo a la atención de la violencia sexual. También Asturias apostó por la municipalización de estos recursos, aunque sí abrió un centro de crisis específico para la violencia sexual. En muchos casos, las comunidades licitarán el servicio, que podrá quedar en manos de ONG o de empresas cuya especialización en género está por ver.