Las claves de la reforma de la ‘Ley Mordaza’ aprobada por el Congreso
Ayer, el Congreso inició el camino para reformar la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana al admitir a trámite dos proposiciones de ley del PSOE y del PNV para modificar la norma del PP aprobada hace ahora justo dos años.
Se trata de una buena noticia para quienes defendemos la libertad de información y venimos luchando en contra de esta ley desde que era un mero anteproyecto. Un texto aquel, que ya entonces, reunió a decenas de voces críticas, incluyendo al Consejo del Poder Judicial, lo que no impidió que llegase, sin cambios relevantes, al BOE en marzo de 2015.
El balance de estos dos años de vigencia de la norma no puede ser más demoledor y vergonzoso para un país democrático. Por un lado, su aplicación se ha situado en la esfera de la inconstitucionalidad, tal como lo ha valorado la Defensora del Pueblo en respuesta a las quejas de esta Plataforma por las multas impuestas a periodistas y así queda reflejado en su informe anual, presentado en el Congreso precisamente también ayer.
La Defensora consideraba que la imposición de sanciones prescindía “de la circunstancia de que los ciudadanos a los que se imputa la infracción estén ejerciendo un derecho fundamental”, y recordaba que los límites al ejercicio de estos, “deben ser establecidos, interpretados y aplicados de forma restrictiva y no deben ser más intensos de lo necesario…”. Es decir, deben responder al “principio de proporcionalidad” y mostrar “una motivación suficiente”. Ninguno de estos requisitos constitucionales se ha venido respetando.
Pero, además, ha habido un efecto oculto, difícil de medir, pero patente y aún más peligroso. Son, por un lado, las decenas de multas pagadas sin iniciar el procedimiento de alegaciones para evitar duplicar la cuantía de la sanción. Para hacernos una idea de la magnitud de esta “máquina sancionadora” baste recordar que solo en los primeros seis meses de vigencia de la norma se impusieron 40.000 sanciones.
Y, por otro, la autocensura. La amenaza de verse inmerso en un proceso en el que la Administración es juez y parte, y con nulas expectativas de defensa (la alternativa legal es iniciar un procedimiento contencioso administrativo suficientemente disuasorio como para que suponga una garantía efectiva), ha favorecido, sin duda, que periodistas, fotorreporteros y activistas hayan modificado su comportamiento por un temor legítimo a las consecuencias de esta ley.
No era difícil anticipar estos resultados, y por eso la aprobación de esta Ley logró una oposición unánime, incluso fuera de España, al hacerse eco de sus riesgos los relatores de Naciones Unidas o medios internacionales como The New York Times.
Por tanto, que comience a rectificarse esta “ley ominosa”, como la calificó el diario norteamericano, es un paso importante del que sentirnos satisfechos los que, desde un lado u otro, hemos empujado para que esto suceda.
Sin embargo, es importante aclarar que se trata solo de eso, de un primer paso.
La lógica de la comunicación parlamentaria, propicia para grandes declaraciones con escasas consecuencias concretas, y la maraña de normas que en aquella legislatura se aprobaron para restringir las libertades de expresión e información, obliga a aportar un mínimo de contexto para comprender el verdadero alcance de la reforma que se inicia.
A juicio de la PDLI, estas serían las claves principales de lo aprobado ayer por el Congreso:
1. Se va a modificar solo una de las normas conocidas como ‘Leyes Mordaza’
Además de las multas a periodistas o activistas por la Ley de Seguridad Ciudadana, en el último año se han sucedido casos que han creado una gran alarma social por la vulneración del derecho a la libertad de expresión que han supuesto: el caso de los titiriteros de Madrid, la sentencia contra César Strawberry y otros artistas, o el juicio, que hoy se celebra, contra una tuitera por sus chistes sobre Carrero Blanco.
Pues bien, la norma detrás de todas estas barbaridades no es la que ahora va a reformarse, sino el Código Penal. Es decir, con ‘Ley Mordaza’ o sin ella, estas situaciones seguirán ocurriendo si no conseguimos derogar también los artículos más represivos de aquel.
Conscientes de este riesgo de simplificación, desde el primer momento en la PDLI nos hemos referido a estas normas en plural, ‘Leyes Mordaza’, porque entendemos que son un paquete legislativo que se complementan unas a otras: serían, por un lado, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana que ahora va a modificarse, pero, también, la doble reforma del Código Penal (incluyendo el llamado ‘pacto antiterrorista’ de PP y PSOE) y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Mientras estas normas siguen vigentes, e incluso también sus precedentes, como la llamada ‘Ley Sinde’, nuestra libertad de expresión -en los medios, en Internet y en la calle- seguirá amenazada.
2. Se trata de una reforma, no de una derogación
La comunicación parlamentaria tiene sus “trucos” y conviene no caer en ellos. Uno es el uso de verbos que tienden a magnificar el alcance de lo que se ha logrado. Es una práctica común de los partidos de la oposición, con un margen de acción política más limitado. Una de estas frases recurrentes (“googleen” para comprobarlo) es “forzar a”.
Sin embargo, el hecho de que las iniciativas de reforma provengan de partidos distintos al que gobierna no anuncia necesariamente una cesión completa. De hecho, antes de este momento parlamentario, el ministro del Interior ha venido anticipando su predisposición a aceptar las modificaciones propuestas por PSOE y PNV.
Otra expresión de máximos que se ha venido utilizado es la de “derogación”.
Como sabemos, la ‘Ley Mordaza’ no va a derogarse, sino a modificarse. La consecuencia práctica de su derogación hubiese sido volver a la ley previa, la conocida como ‘Ley Corcuera’, una norma no famosa precisamente por su respeto a derechos fundamentales.
3. Las “trampas” de las proposiciones de PSOE y PNV para modificar la ley
El proceso de reforma que ahora comienza en el Congreso tendrá como base las proposiciones de ley presentadas por el PSOE y el PNV.
Se trata de unos textos muy insuficientes para responder a las necesidades planteadas por colectivos de defensa de derechos civiles, entre ellos la PDLI.
Desde el grupo de análisis legal de la plataforma “No Somos Delito”, en la que participamos, se ha realizado un exhaustivo estudio de dichas proposiciones, detectándose al menos diez “trampas” graves tanto en su articulado como en la exposición de motivos.
Entre otras, que se mantienen o incrementan los supuestos de infracciones, que se continúa limitando el derecho a la protesta y el ejercicio del derecho de reunión o que se rescatan de la Ley Corcuera las sanciones por la “provocación de reacciones en el público que alteren la seguridad ciudadana”.
4. Qué cambia y qué no con estas proposiciones
Si las enmiendas del PP no lo alteran (y esto es un detalle que no conviene perder de vista), hay algunos cambios positivos en la reforma que ahora empieza a tramitarse.
Uno de los aspectos más problemáticos de la norma (tanto por la inconstitucionalidad de su aplicación, como porque entraba en colisión con otras leyes orgánicas), las sanciones por el uso no autorizado de imágenes de Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado, quedaría derogado.
También las perturbaciones graves de la seguridad ciudadana en manifestaciones ante Congreso y Senado y los desórdenes y obstaculización en la vía pública.
No obstante, las proposiciones no incluyen la reforma del artículo 30.3 de la ley que considera organizador de una manifestación “a quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las mismas, por las manifestaciones orales o escritas que en ellas se difundan, por los lemas, banderas u otros signos que ostenten o por cualesquiera otros hechos pueda determinarse razonablemente que son directores de aquellas”.
Esto supone, en la práctica, que te puedan multar por cualquiera de las infracciones que se siguen contemplando para el ejercicio del derecho a la protesta, y que pueden llegar a los 600.000 euros, por un simple tuit o retuit.
Además, se consolida uno de los aspectos más criticados de la ley, el de su generalidad, al mantenerse una presunción tan genérica como “pueda determinarse razonablemente que son directores”.
5. Qué pasos se van a dar ahora
La votación de ayer en el Pleno aprobó la toma en consideración de las dos Proposiciones de Ley de reforma. Es decir, se abre ahora un largo proceso hasta que estos cambios lleguen al BOE y, por tanto, a la realidad legal de los ciudadanos.
Ahora, según recuerda el Congreso, se abre el plazo para presentar enmiendas al articulado, que serán debatidas en ponencia y, posteriormente, votadas en Comisión. Una vez que la Comisión elabore el dictamen, éste tendrá que ser elevado a Pleno, donde es necesario el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara, al menos 176 votos, para ser remitida al Senado, ya que se trata de una reforma de ley orgánica.
Conviene no perder de vista que, en todo este tiempo, la ‘Ley Mordaza’ seguirá vigente y deberemos seguir alerta sobre cómo se aplica.
En este punto, es oportuno recordar que la actividad de los Grupos Parlamentarios no se reduce al ámbito legislativo y, en lo que respecta a su deber de control, deberían extremar la vigilancia y el celo para estrechar el margen de actuación del gobierno en este terreno.
6. La narrativa
En las batallas legislativas, el aspecto de la narrativa, o el relato dominante que se teje en torno a un tema, es crucial para determinar el resultado de la misma.
Un ejemplo positivo de ello, es el éxito de la expresión ‘Ley Mordaza’ o ‘Leyes Mordaza’ para identificar, en un solo concepto, la complejidad de estas normas y su capacidad para limitar derechos fundamentales. Que hayan sido comúnmente aceptadas es una de las grandes victorias colectivas de este proceso.
Pero, por lo mismo, es necesario llamar la atención sobre algunos riesgos. Uno de ellos ya lo hemos mencionado: que nos acostumbremos a nombrar en singular lo que es una realidad plural. Son “leyes” mordaza, y no una sola.
Otro, que demos por buena la denominación de esta ley y, al mismo tiempo, su propia necesidad. Es decir, que aceptemos que la seguridad que la sociedad necesita se reduce a una norma de orden de público como es esta y que nuestra crítica se limite a cambiar unos artículos por otros.
Es decir, ¿hemos pensado quién gana en seguridad cuando un reportero gráfico es multado por fotografiar el escenario de un accidente laboral, como en el caso del Diario de Burgos? ¿O cuando a una reportera se le sanciona por intentar acceder a una fuente, como ocurrió con la informadora de Cataluña Radio cuando cubría la declaración de Pujol en la Audiencia Nacional? ¿O cuando a un periodista se le multa por captar la imagen de la detención de unos activistas?
7. No hay una libertad de expresión buena y otra mala
Por último, en el debate de ayer se produjo alguna intervención que podría favorecer que se interpretase que existe “una libertad de expresión buena” y otra que no lo es.
Es cierto que, tal como la PDLI ha venido denunciando, los ataques a la libertad de expresión y de información que se han producido en los últimos años en España han tenido un sesgo ideológico. Operaciones policiales como la denominada “operación araña” son una prueba patente de ello.
Sin embargo, la denuncia de estos hechos no nos debe llevar a lamentar que no se produzcan las mismas vulneraciones en sentido contrario.
Desde nuestra experiencia, sabemos que la defensa de la libertad de expresión y de información no solo afecta al ámbito institucional. Tiene mucho también de pedagogía y de formación de una opinión pública exigente que te acompañe en las reivindicaciones.
Por eso, no podemos perder la ocasión para recordar que, según los estándares internacionales sobre derechos humanos que obligan a España, no hay opiniones buenas o malas, por decirlo simplemente: incluso las que nos ofenden profundamente, como algunas de las que ayer mencionaba un diputado en su intervención, deben poder ser expresadas y merecen ser protegidas.
