El Supremo extiende la investigación sobre los correos de la pareja de Ayuso más allá de la Fiscalía y apunta al PSOE

La investigación penal sobre la filtración de los correos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso no abarca solo si la información salió de la Fiscalía. También analiza, desde este lunes, si en el seno del PSOE o de la propia Moncloa se urdieron maniobras para difundir estos emails. El juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha llamado a declarar el viernes a Juan Lobato, secretario general de los socialistas madrileños, con el encargo de aportar unas supuestas actas notariales que recogen esa estrategia para exhibir en la Asamblea de Madrid la confesión de Alberto González Amador. En paralelo, el instructor ya tiene encima de la mesa un primer informe en el que la Guardia Civil apunta directamente a la Fiscalía como el origen de la filtración aunque por ahora sin pruebas concluyentes.

El último movimiento del juez ha llegado pocas horas después de que el diario ABC publicara que, el pasado mes de noviembre, Juan Lobato acudió a una notaría de Madrid a consignar unos mensajes relativos a la filtración. La versión ofrecida por este medio es que el 14 de marzo de este año Pilar Sánchez Acera, entonces jefa de gabinete de Óscar López en la Moncloa, le ofreció sacar en la Asamblea de Madrid el correo en el que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconocía dos delitos fiscales y ofrecía un pacto a la Fiscalía. Lobato se negó y, según el rotativo de Vocento, Sánchez Acera anunció que lo filtraría a un medio de comunicación.

Lobato no ha negado la existencia de esa visita a la notaría con los mensajes, pero da un enfoque opuesto a lo sucedido: lo hizo, según un comunicado, para demostrar que ni él ni el PSOE ni Moncloa recibieron ninguna información sobre el caso de Alberto González Amador que no hubiera sido ya publicada por los medios de comunicación y, mucho menos, de manos de la Fiscalía.

El dirigente del PSOE madrileño está obligado a decir la verdad en su comparecencia del viernes y a aportar esas actas notariales en las que, supuestamente, reflejó esos mensajes. El juez que investiga al fiscal general quiere saber si los correos en los que Carlos Neira, abogado de Alberto González, reconocía su doble fraude fiscal de 350.000 euros y ofrecía un pacto para evitar la cárcel, circulaban por más sitios y no solo por la Fiscalía.

La testifical de Lobato se mueve entre dos fechas y la hora a la que, supuestamente, cruzó esos mensajes será clave para saber si la causa se adentra en este nuevo camino. Los hechos se remontan al 14 de marzo de este año: dos días después de que elDiario.es revelara que la Fiscalía había denunciado a Alberto González Amador por un doble fraude fiscal, y apenas unas horas después de que una información de El Mundo pusiera en movimiento a todo el Ministerio Público para desmentir el bulo de que el pacto había partido de la Fiscalía y no al revés.

Son las horas clave del caso. Cuando el periódico de Unidad Editorial publicó esa información, en torno a las nueve de la noche del 13 de marzo, y cuando a partir de ahí el fiscal general encargó a la fiscal provincial de Madrid recopilar esos correos. El objetivo, según ha reconocido el propio Álvaro García Ortiz en varias ocasiones, era publicar un comunicado desmintiendo las inexactitudes publicadas sobre cómo se estaba gestando ese pacto.

Lobato compareció a la mañana siguiente, poco antes de las once de la mañana del 14 de marzo, en el pleno de la Asamblea de Madrid. La primera comparecencia de Isabel Díaz Ayuso en el parlamento regional después de que elDiario.es revelara el caso que afectaba de lleno a su pareja. Y allí el líder de los socialistas madrileños ondeó, con algunos fragmentos tachados, el correo con el que el abogado de Alberto González Amador reconocía que “ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”.

“Ayer mintió usted y hoy tenemos en los medios de comunicación la prueba de la mentira, el reconocimiento de que sí hubo delito”, dijo Lobato en la Asamblea. Para entonces, además de todas las informaciones de la noche anterior, varios medios habían publicado ya el correo en su edición digital y Lobato daba a entender que el papel que esgrimía había sido, efectivamente, sacado de un medio de comunicación.

Hasta ahora, la causa que el Supremo dirige contra el fiscal general se había centrado en la noche del 13 de marzo y el cruce de correos y mensajes entre Álvaro García Ortiz y varios integrantes de la Fiscalía para saber si fue él, o alguien bajo sus órdenes, quien filtró el email a los medios que, entre las últimas horas de ese día y las primeras del siguiente, hicieron alusión a su contenido o lo publicaron de forma íntegra. Ahora la testifical de Lobato amplía el foco para saber si, en paralelo o de forma relacionada, personas relevantes del PSOE maniobraban para difundirlo.

Esta nueva ramificación de la causa arranca el 14 de marzo en el teléfono de Lobato pero resurge a principios de este mes de noviembre, casi ocho meses después, cuando el político decide acudir a una notaría para consignar esos mensajes, un acta que ahora tendrá que mostrar al juez Hurtado en el Supremo. Su visita al notario se produjo pocos días después de que el magistrado enviara a la Guardia Civil al despacho del fiscal general para intervenir siete meses de comunicaciones sobre el tema. Manos Limpias ha pedido que la propia Sánchez Acera testifique.

La Guardia Civil apunta a la Fiscalía

El juez Ángel Hurtado firmó este lunes la citación de Lobato poco después de poner a disposición de las partes el primer informe de la Guardia Civil que tiene sobre el caso. Un documento de 57 páginas en el que los agentes de la Unidad Central Operativa, tras analizar los mensajes y correos de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, en esos días de marzo, deducen que la opción más plausible es que el origen de esa y otras filtraciones del caso procedan de la Fiscalía, atribuyendo a Álvaro García Ortiz un papel “preeminente” en los hechos que desembocaron en la filtración.

El instructor ha sido muy claro en sus autos y providencias y ha explicado en varias ocasiones a la UCO que el objetivo es saber si la Fiscalía filtró esos correos. La UCO, en un informe firmado por el responsable de informes clave del caso de los ERE de Andalucía, va más allá y especula con que la exclusiva de elDiario.es sobre el caso de Alberto González Amador tenía su origen en la Fiscalía. La razón: fue publicada el 12 de marzo unas horas antes de que el propio empresario tuviera acceso la denuncia que se había presentado contra él. Omitiendo que la denuncia como tal había sido presentada siete días antes y que, desde entonces, estaba en poder de los juzgados de Madrid.

A partir de ahí, la UCO reconstruye el cruce acelerado de mensajes entre el fiscal general, varios de sus colaboradores más estrechos en la Fiscalía y la fiscal provincial de Madrid para que el fiscal del caso, que en ese momento estaba en un partido de fútbol, remitiera los correos en cuestión para poder emitir un comunicado con el que poder aclarar cómo se habían desarrollado las conversaciones entre el abogado de Alberto González y la Fiscalía para un posible pacto.

Los correos recogen algo que el propio fiscal general ha reconocido de viva voz y por escrito: que él encabezó esa búsqueda de información pero no para filtrar nada a la prensa sino para emitir el comunicado. Los mensajes intervenidos a la fiscal Pilar Rodríguez muestran cómo todos sus interlocutores están convencidos de que están haciendo lo correcto y que el comunicado que finalmente emiten no revela ningún dato secreto de la causa. También evidencian la mala relación entre la Fiscalía General y la división del Ministerio Público en Madrid.

Lo que no recogen estos mensajes es ninguna prueba de que desde la Fiscalía se diera orden o indicación de hacer llegar esos correos a la prensa. Los investigadores de la UCO concluyen que el fiscal general tuvo un papel “preeminente” en la obtención y gestión de esos emails, algo ya conocido, y deducen que la filtración “debe iniciarse” en la Fiscalía porque las fechas y las horas cuadran. Omitiendo datos no recogidos en esos emails analizados como que para entonces esos correos habían estado en un buzón al que tienen acceso más de 15 fiscales o que el propio Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, había difundido parte de su contenido a varios medios de comunicación.

La Guardia Civil pide varias cosas en su informe y el juez ha concedido las más importantes: copiar y analizar a fondo los correos y mensajes intervenidos al fiscal general entre el 8 y el 14 de marzo. Esa parte de la causa todavía se encuentra bajo secreto de sumario y el juez todavía tiene varias decisiones por tomar encima de la mesa: si llama a declarar a varios periodistas que publicaron información sobre el caso o si autoriza la comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez para que explique si el primero en filtrar la información fue, precisamente, el jefe de gabinete de la pareja de Alberto González Amador.