Fiscal, economista o banquera: altos cargos de izquierda y PP perdieron hasta 40.000 euros por incorporarse a la Generalitat

El PP de Carlos Mazón fue especialmente beligerante con los salarios del Gobierno del Pacto del Botánico cuando estaban en la oposición. Pese a que Mazón cobraba más que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, cuando era presidente de la Diputación de Alicante, criticaba constantemente las retribuciones de los miembros del Consell. Al llegar al Ejecutivo, Mazón hizo bandera de la austeridad recortando en altos cargos y asesores. A los pocos meses, camufló una subida de sueldo para los altos cargos que son funcionarios o a quienes imparten clases para que pudieran cobrar hasta un 15% más que el presidente en los presupuestos autonómicos. En verano, aprobó un decreto que modifica los presupuestos autonómicos y aplicó una subida del 2% a los empleados públicos y a los miembros del Ejecutivo, la misma que criticó al Botánico. Este noviembre, con la tercera composición de su Ejecutivo, el límite salarial queda suprimido para quienes vienen de la función pública: podrán cobrar más de 90.000 euros anuales.

Ni en el decreto en el que se camufla esta subida salarial, que establece medidas para los funcionarios respecto a la DANA, ni en las comunicaciones al respecto se ha explicado a quienes afecta, pero tanto la redacción del artículo como las nuevas incorporaciones ponen el foco en el teniente general retirado Francisco José Gan Pampols, vicepresidente segundo; y en el catedrático en medicina y doctor en cirugía Juan Carlos Valderrama, nuevo conseller de Emergencias. La nueva norma les permite mantener su salario como empleados públicos superando sin límite el del presidente de la Generalitat Valenciana. Un catedrático en la Universidad de Valencia cobra por encima de los 60.000 euros anuales, si trabaja a tiempo completo, mientras que el salario del alto mando militar retirado rozaría los 90.000 euros, según el portal de transparencia de Defensa. Un conseller raso cobra 68.000 euros anuales en 2024, según el portal de Transparencia de la Generalitat Valenciana.

Las limitaciones salariales dificultaron la incorporación de personal del sector privado a la primera línea, reconocen dirigentes del Pacto del Botánico, que ponen en valor a quienes renunciaron a entre 15.000 y 30.000 euros anuales para ser consellers o secretarios autonómicos. En el primer Consell del Botànic, la coalición formada por PSPV, Compromís y Unides Podem, un conseller percibía 58.000 euros anuales, prácticamente lo mismo que un secretario autonómico, sin tener en cuenta los complementos por residencia o los trienios si era funcionario. Hasta entonces, la legislación autonómica solo permitía que se mantuviera esa compensación anual por ejercer la función pública. Hasta los jefes de gabinete perdían dinero, apuntan.

De las pocas personas que salieron de una empresa privada para entrar en el segundo escalón del Ejecutivo es Clara Ferrando, nombrada secretaria autonómica de Hacienda por Compromís. Hasta la fecha había sido directora de banca privada de Banc Sabadell, con una retribución que rondaba los 80.000 euros. Es, según su currículum, analista financiera y se encargaba de la gestión de patrimonios y tesorería de empresas familiares y pymes, así como del análisis de mercados financieros y de capitales. Regresó al banco al concluir la legislatura. Ferrando fue la número dos del socialista Vicent Soler, que se incorporó al Consell desde la Universitat de València, donde era catedrático y decano de la Facultad de Economía. Soler dejó de percibir cerca de 20.000 euros anuales, dado que a la retribución de la cátedra se sumarían cerca de 8.000 euros anuales por el decanato. Perdió también, como todos los académicos, sexenios de investigación. En el mismo Consell fue parte Gabriela Bravo, titular de Justicia, que venía de la Fiscalía General del Estado y perdía al año cerca de 17.000 euros.

Antes del Botànic, los últimos ejecutivos del PP también recurrieron a empleados públicos o del sector privado que mermaron considerablemente sus ingresos. Manuel Llombart, conseller de Sanidad con Alberto Fabra, percibía cerca de 300.000 euros en el Instituto Valenciano de Oncología, del que fue director general, para pasar a rozar los 70.000 en el Ejecutivo autonómico. En el mismo Consell estaba Juan Carlos Moragues, titular de Hacienda entre 2012 y 2014, funcionario del cuerpo superior de inspectores de Hacienda del Estado. Venía de ser delegado de la Agencia Tributaria de la Provincia de Castellón y profesor del máster de Tributación ADEIT de la Universidad de Valencia. Solo con la diferencia de cargos dejó de ganar cerca de 40.000 euros anuales, entre un 40% y un 50% de su salario teniendo en cuenta los complementos por docencia. Fuentes del PP también citan los casos de Máximo Buch, que pasó del sector privado a la conselleria de Economía, y de Vicente Rambla, conseller de Industria con Francisco Camps, quien también era inspector de Hacienda, con unas retribuciones similares a las de Moragues.

También hay otros altos cargos en el segundo escalón que vieron una diferencia en sus retribuciones, como los secretarios autonómicos que eran, hasta el momento de su nombramiento, interventores en municipios. Es el caso de Andreu Ferrer, secretario autonómico de Presidencia, mano derecha de Puig en el Consell, que como interventor municipal rozaba los 90.000 euros, o la directora de la Agencia Tributaria Valenciana, Sonia Díez, también inspectora de Hacienda, que pasó a tener rango de directora general.

El Ejecutivo de Mazón, que niega que eliminar la limitación suponga una subida salarial, explicó que la medida se aplica para los nuevos integrantes y lo justificó como una forma de “captar talento”. “Necesitamos incorporar talento y capacidad para abordar la reconstrucción, con personas que hayan actuado en escenarios de la envergadura como el que nos encontramos actualmente en Valencia”. Estas palabras encendieron el hemiciclo en la última sesión de control, celebrada el pasado jueves, donde la bancada de la izquierda preguntó si no había talento entre los funcionarios públicos, y acusó al nuevo vicepresidente de vincular su vocación al salario.