Ayuso da marcha atrás y aceptará los 169 millones del Gobierno para contratar a profesores de universidad

Marcha atrás. Minutos antes de reunirse con los rectores para hablar de la “situación crítica” de las universidades madrileñas, el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que rectifica su negativa a rubricar el programa María Goyri –por el que el Gobierno financiará la incorporación de 656 profesores ayudantes doctor a cambio de que la Comunidad haga lo propio con otros 435– y muestra su voluntad, sostiene, de adherirse al convenio.

“La voluntad del Gobierno regional es rubricar este acuerdo con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y los rectores de las universidades Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos para ampliar, rejuvenecer y estabilizar las plantillas de profesores de estas instituciones con la creación de hasta 1.100 nuevas plazas”, dice la nota pública, aunque introduce un pero: el Gobierno regional critica que el programa es demasiado rígido por solo pensar en una figura laboral (ayudante doctor) y anuncia que “está trabajando en una propuesta alternativa del acuerdo, que enviará al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para que pueda ser rubricado por todas las partes lo antes posible.

La noticia ha sorprendido a la ministra Morant en plena rueda de prensa del Consejo de Ministros. Preguntada por la novedad, ha replicado que “el convenio lo conoce la Comunidad de Madrid, está firmado con 16 comunidades, y lo que tiene que hacer es firmar, no marear. Si quiere rectificar, que lo haga de verdad y firme”. Fuentes del ministerio informan de que no van a cambiar el convenio, critican que “la presidenta que aboga por la igualdad de todos los españoles” quiera una versión propia del convenio y afirman que no han recibido ninguna oferta ni propuesta alternativa de la comunidad que, en cualquier caso, no se aceptará.

Los Gobierno regionales tienen hasta mañana jueves para firmar el convenio y que este tenga efecto en 2024. Si no –como le ha sucedido a Castilla y León– entrará en vigor a partir de 2025.

El Ejecutivo regional había decidido no adherirse a ese convenio –que sí validaron el resto de comunidades autónomas, también las del PP– porque le obligaba a comprometer fondos propios y a asumir la parte del Gobierno dentro de seis años. Con el programa María Goyri el ministerio ofrece financiar la creación de plazas de profesor para las universidades públicas a cambio de que los Ejecutivos regionales se hagan cargo de otras tantas.

En el caso de Madrid, el programa contemplaba la incorporación de 1.100 profesores en total. De ellos, el Gobierno financiará 656 plazas y la Comunidad lo complementará con las otras 435. Con este reparto, Moncloa iba a aportar 169 millones de euros durante seis años y a Madrid le corresponden 112 millones. Dentro de seis años, cuando venzan estos contratos, el Gobierno regional tendrá que hacerse cargo también de la parte que ahora financia el ministerio.

La Consejería de Educación ha informado de que “ultima la firma del convenio (...)”, aunque luego matiza que “está trabajando para adaptarlo a la realidad de las seis universidades públicas de la región”. El aviso se produce apenas 24 horas después de que la ministra de Universidades, Diana Morant, reprochara a la presidenta Ayuso que fuera la única que no hubiera firmado el convenio.

La nota de la comunidad reprocha al Gobierno que “impone contratar (...) a una única figura docente, la de Profesor Ayudante Doctor [la de inicio de la carrera académica], que según los propios rectores madrileños no soluciona sus problemas de plantilla e incide en esa temporalidad que se pretende evitar. Además puede plantear problemas legales a medio plazo, ya que se obligaría a priorizar la estabilización de esta figura por delante de otras categorías como las de Profesor Titular de Universidad, Profesor Permanente Laboral o cualquier otra de las previstas en el ámbito académico universitario”, argumenta.