La declaración ambiental favorable para Altri intensifica la contestación social

Sandra Sánchez

Santiago de Compostela, 14 mar (EFE).- La Declaración de Impacto Ambiental favorable para la fábrica de celulosa y fibras textiles de Altri en Palas de Rei (Lugo) avanza, pero enfrenta retos como la conexión eléctrica y la financiación, además de una fuerte oposición.

La declaración conocida este viernes ha despejado la viabilidad ambiental del proyecto, pero no garantiza su implantación, que depende de la conexión eléctrica y de la recepción de fondos; y tampoco ha frenado la contestación social, que, es más, se ha intensificado.

A mediados de 2022, Altri y Greenalia anunciaron que Palas de Rei sería la ubicación elegida para su fábrica de celulosa y fibras textiles y a finales de ese mismo año la Xunta de Galicia declaró el proyecto industrial como estratégico para la Comunidad.

Desde ese momento, los trámites empezaron a correr, pero no exentos de polémica por el emplazamiento elegido para colocar una fábrica que requiere, entre otras cuestiones, de la instalación de una chimenea de 75 metros de altura y de un sistema de captación de agua de un caudal máximo de 46.000 m³ diarios extraídos del embalse de Portodemouros, en el corazón de Galicia y que limita con territorio de Red Natura.

La captación y vertido recorre los términos municipales de Palas de Rei (Lugo), Santiso (A Coruña) y Agolada (Pontevedra) y afecta al río Ulla, en su curso hacia una de las rías más castigadas y de mayor riqueza marisquera, la de Arousa, en la provincia de Pontevedra.

Por tanto, el movimiento ciudadano contra el proyecto de macrocelulosa ya ha anunciado que no ve esta declaración como un punto y final en su oposición y, tras la manifestación con decenas de miles de personas, entre colectivos ambientalistas y trabajadores del mar, que tuvo lugar en diciembre en Santiago de Compostela, han anunciado nuevas acciones.

Este viernes, grupos ecologistas como Greenpeace o Ecoloxistas en Acción; organizaciones vecinales y sectoriales, como Ulloa Viva o la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa; sindicatos y partidos políticos como el BNG, el PSdeG o Sumar, han mostrado sus reticencias nuevamente.

Con todo, desde el Gobierno gallego insisten en que la declaración ambiental es un permiso “condicionado” al cumplimiento de requisitos exigidos por los distintos departamentos técnicos con actuaciones en materia de seguridad, de gestión de residuos, de control de olores y ruido o de conservación del patrimonio, entre otras cuestiones.

A lo largo de la declaración, que se extiende durante casi 80 páginas, se subraya que ante cualquier impacto no considerado hasta el momento se podrán dictar condicionantes adicionales.

Además, ante cualquier cambio que los promotores pretendan introducir, se valorará la necesidad de una nueva tramitación de impacto ambiental.

La actual declaración tiene un periodo de caducidad de seis años.

La consecución de la declaración ambiental favorable ha sido un paso importante de cara a la instalación de la fábrica pero, ni mucho menos, el único ni el definitivo.

En ese camino, el Gobierno gallego todavía tiene pasos por dar ya que debe efectuar la Autorización Ambiental Integrada (AAI), un informe de la junta consultiva y, posteriormente, requerir al promotor el proyecto de ejecución que luego se remitirá al Consello de la Xunta.

Sin embargo, para el Ejecutivo gallego la pelota ahora “está en manos” del Gobierno central, que es el que debe autorizar la conexión eléctrica para la fábrica de Palas de Rei.

Al respecto, el Ministerio para la Transición Ecológica incide en que, de forma conjunta con Red Eléctrica, se está trabajando en la propuesta de Planificación de electricidad con horizonte 2030.

Esta planificación iniciará el trámite de información pública en las próximas semanas y en ella se priorizarán las demandas industriales que más valor añadido puedan aportar al país.

Con todo, la empresa solo empezará a trabajar cuando consiga la financiación necesaria para el proyecto, para el que prevén una inversión de unos 1.000 millones de euros: el 25 % procedente de capital privado, otro 25 % de fondos públicos y el 50 % restante, deuda.

Desde Greenfiber, filial de la multinacional portuguesa Altri, consideran que el paso dado hoy facilita el camino para captar fondos públicos en tanto que la autorización ambiental pone en valor el carácter estratégico del proyecto y su capacidad de convertirse en un agente dinamizador de la economía gallega, española y europea, según ha apuntado este mismo viernes el CEO de Altri, José Pina.

Según datos de la compañía, la planta creará 500 puestos de trabajo directos y 2.000 indirectos, mientras que los colectivos que se oponen al proyecto estiman que peligrarán más de 8.000 empleos que ahora existen en la zona en diferentes sectores como el primario o el turismo.