Madrid, 27 oct (EFE).- Pese al consenso para mejorar el bienestar animal y evitar su maltrato, expertos jurídicos y veterinarios han advertido hoy, en el Congreso, al opinar sobre la futura ley de bienestar animal, de varios “aspectos críticos” y lagunas pendientes de resolver en el texto para asegurar la protección animal.
La sesión, celebrada esta tarde en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso, ha sido intensa, con la disertación de expertos y diputados sobre la protección de los animales y el logro de su bienestar y si ello les haría titulares de derechos, como las personas, un planteamiento el del proyecto de ley con posiciones muy enfrentadas entre defensores y detractores.
La polémica entre los participantes también ha afectado a cuestiones técnicas del debate, dado que varios de los diputados han reprochado que esta ronda de intervenciones de expertos se haya celebrado una vez cerrado ya el plazo de presentación de enmiendas.
Los grupos de la oposición han lamentado además que no se haya dado voz a los sectores del campo que habían solicitado opinar sobre esta ley, que cuenta con un enorme numero de alegaciones, y que ha generado gran polémica no sólo a nivel jurídico, sino también social y político, incluso dentro del Gobierno.
Desde el ámbito jurídico, Leticia Badiola, magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Bilbao y representante de la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA), ha advertido del alcance social del maltrato animal, dado que “puede ser la manifestación de otro tipo de violencia”, por ejemplo, machista o incluso hacia menores, como se comprueba muchas veces.
Por su parte, María González, abogada, vocal y miembro experto de INTERcids, Operadores jurídicos por los animales, ha advertido de que el proyecto de ley tiene diversos “aspectos críticos” que es necesario enmendar, para evitar que acabe suponiendo “un retroceso” en el avance penal de protección animal conseguido hasta ahora frente al maltrato.
Ha tildado de retroceso la introducción de la multa como alternativa a la pena de presión en el articulo 340 bis.
Así, ha explicado que, estando penado en la actualidad el maltrato animal en su tipo básico y agravado exclusivamente con pena de prisión, y siendo objetivamente la multa una pena menos grave que la cárcel, esta alternativa es un retroceso objetivo.
Respecto a la explotación sexual de animales, en el proyecto de ley se destipifica y por tanto es también un retroceso objetivo, “y se debería tipificar de forma independiente”, un planteamiento en el que ha coincidido también otra de las intervinientes, Anna Mulà, abogada y asesora legal de la Fundación Franz Weber.
La explotación sexual de animales, según la literatura científica, está relacionada con conductas peligrosas para la sociedad, abusos a seres humanos, a menores, maltrato infantil, han advertido los expertos.
Por su parte, Patricia Santos, profesora en Filosofía Política y del Derecho por la Universidad CEU San Pablo de Madrid, además de discrepar con la idea de que los animales tengan derechos, ha reprochado además “la opacidad” en la que se incurre con este proyecto de ley del que no se precisan costes de su aplicación.
“Es indudable el esfuerzo organizativo y de colaboración institucional, y eso implica muchos costes” para la Administración, y también para el contribuyente, por los muchos trámites que se le exigen, y sin embargo no hay datos del impacto económico.
Asimismo ha participado Octavio Pérez, veterinario y catedrático de toxicología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, para hablar de aspectos polémicos del proyecto de ley, como las colonias felinas.
Sobre esto ha advertido de que sería un error dejar a los gatos fuera de la ley por supuestos riesgos para la salud o biodiversidad, que además “no son ni remotamente” de la importancia de la que alertan algunos sectores.
Por su parte, Juan Antonio de Luque, presidente del Colegio de Veterinarios de la provincia de Málaga, ha denunciado muchas lagunas y falta de rigor científico del proyecto de ley, cuya tramitación habría de ser pausada, y ha advertido de prácticas recogidas en el texto, como la esterilización, que no puede aplicarse para todos los animales por igual, porque influyen muchos factores.