Barcelona, 5 jul (EFE).- SOS Racismo ha alertado este lunes que las políticas antiterroristas están contribuyendo al aumento de la islamofobia amparadas bajo una “legislación coercitiva” y abren la puerta a la discriminación contra la población musulmana, que se siente “vigilada y criminalizada”.
Así se desprende del informe “Islamofobia institucional y securización” sobre el impacto de las políticas de seguridad destinadas a luchar contra la radicalización y el terrorismo en las poblaciones musulmanas, que ha presentado en rueda de prensa la autora e investigadora social Salma Amazian.
De acuerdo con la organización, “el Estado, en el marco de su política antiterrorista, emplea la legislación coercitiva existente -como la Ley de Seguridad Ciudadana y el Código Penal- bajo una narrativa islamófoba”, al punto de que los musulmanes, sostiene el estudio, “se han convertido en un chivo expiatorio y han sido catalogados como el mayor peligro para la seguridad nacional”.
El informe, que se basa en grupos de discusión y entrevistas con políticos, técnicos sociales, expertos, víctimas de discriminaciones y líderes de las comunidades musulmanas, concluye que el marco legislativo antiterrorista es, en realidad, “una forma de islamofobia estructurada institucional” con la que “se fabrican culpables” en base a perfiles raciales y religiosos.
“Los resultados dejan ver cómo las personas musulmanas se sienten vigiladas y criminalizadas por los discursos políticos y por las normativas y protocolos implantados en el contexto catalán, ya sea en el ámbito de la policía de proximidad o de escuelas, servicios sociales y sanidad”, apunta la entidad.
Tal como ha denunciado Amazian, este contexto se traduce en “un trato discriminatorio, criminalización y persecución” de la religiosidad musulmana “a través del aparato judicial y policial”, así como mediante “perfiles raciales” que ponen bajo sospecha conductas como el hecho de ir a menudo a la mezquita, llevar barba o rezar cinco veces al día.
“Se trata de un proceso de estigmatización social y un recorte de derechos humanos y civiles”, ha advertido Amazian, quien ha explicado que esta situación se ha agravado desde la reforma del Código Penal de 2015, que “acaba criminalizando y poniendo el foco sobre todos los musulmanes”.
“Con esta capacidad expansiva de los tipos penales, sobre el papel, cualquier musulmán puede entrar en la definición de terrorista”, ha censurado.
También ha subrayado que esta “narrativa securitaria y antimusulmana” se está “colando” en el imaginario colectivo desde diferentes ámbitos, tanto por los medios de comunicación, como a través de la cultura, las actuaciones policiales y las políticas institucionales, especialmente tras el fortalecimiento de la extrema derecha.
Por todo ello, SOS Racismo ha exigido “dar cuatro pasos atrás” en la “ampliación” de la definición penal de “terrorismo” y erradicar los diferentes protocolos policiales que ponen a los musulmanes en el punto de mira porque, a su juicio, “no funcionan, no son efectivos y están criminalizando la vida de muchas personas, dando pie a un relato securitario y punitivo que no es adecuado”.
“Es algo posible, factible y que se debe hacer”, ha enfatizado Amazian, quien ha avisado también de que la Ley de Seguridad Nacional que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez supone “expandir” el autoritarismo que sufre la población musulmana al conjunto de los españoles.
“Este paradigma de aumentar el autoritarismo o el poder de los cuerpos policiales y coercitivos del Estado ya estaba en marcha contra la población musulmana y, ahora, con la crisis sanitaria, vemos una expansión a toda la población”, ha asegurado. EFE
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