Publicamos un comunicado a la opinión pública del Grupo de Estudios de Política Criminal (GEPC), que pretende alarmar sobre la pésima situación de los medios necesarios para la lucha contra la corrupción en España. Constituido hace casi 25 años, y formado por más de dos cientos penalistas procedentes del ámbito académico y de diversos niveles de la jurisdicción penal española, el GEPC se ha ocupado de temas político-criminales diversos, a los que es común su trascendencia social así como la ausencia de criterios de análisis y soluciones convincentes. Grupo de Estudios de Política Criminal (GEPC)formado por más de dos cientos penalistas
La realidad de la corrupción se ha materializado con toda su crudeza en España en relativamente muy poco tiempo. Junto al número de procesos abiertos, más de 1600 y unos 1000 funcionarios, entre ellos altos cargos, la percepción social de la corrupción representa en el último barómetro del CIS la segunda preocupación de los españoles. Corrupción, no se olvide, es impensable sin la intensa participación de significativos corruptores particulares. La diaria avalancha de eventos pone de manifiesto que no estamos ante casos más o menos graves, pero aislados, sino ante una manifestación sistémica de un deficiente funcionamiento de las instituciones públicas, pues estas se han convertido en objeto de depredación.
La falta de eficacia de los controles previos legalmente previstos es alarmante: o nada controlan o lo hacen tarde, de modo que se hace muy difícil exigir responsabilidades y modificar pautas de conducta. Todo ello es causa de un diseño de la vida pública española que pivota sobre las cúspides de los partidos políticos, que a su vez copan los resortes institucionales de control, haciéndolos ilusorios en la práctica.
Queda, a la postre, como única respuesta la judicial, que por definición solo puede, llegado el caso, castigar, pero nunca prevenir ni reparar las prácticas corruptas. Si bien la Administración de Justicia dispone de una ley penal razonable, los procedimientos son obsoletos, poco funcionales para la investigación de estas complejas infracciones y cuando, tras esfuerzo ímprobo se dicta una condena, esta corre el serio riesgo de ser indultada.
A las insuficiencias descritas se añade una carencia demedios que se ha visto agravada recientemente por una sustancial reducción de personal y una no menor reducción de los efectivos policiales y de la Hacienda pública dedicados en exclusiva a la persecución e investigación de la corrupción político-económica. Todo ello favorece un caldo de cultivo de impunidad material al dificultar sobremanera la adecuada y profunda investigación que la corrupción requiere.
En fin, los cargos públicos encausados, equiparando la responsabilidad penal a la política, cuando son esferas totalmente diversas, pretenden escapar a la dación de cuentas hasta que no haya una condena firme judicial, lo que reafirma los patrones de conducta corruptos e irregulares.
Así, conviene hacer llegar a la opinión pública nuestra alarma por la paupérrima situación de medios en la erradicación de la corrupción. Pobreza instrumental no puede entenderse bajo ningún concepto como fruto de una herencia recibida. El estado actual de cosas es fruto del planteamiento deliberado de diseñar un sistema tendencialmente incapaz de alcanzar los fines institucionales a los que se debe. Ello sin olvidar la pasividad social, cuando no complicidad cultural, ante este fenómeno.
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