- Mariona Tomàs nos explica en qué consiste el fenómeno de las smart cities, así como las dudas y los retos que plantea respecto a la gobernanza, la democracia y la escala territorial
Del 19 al 21 de noviembre de 2013 tuvo lugar la Smart City Expo World Congress en Barcelona. Por tercer año consecutivo, la capital catalana se ha erigido como centro mundial de encuentro entre empresas dedicadas a la aplicación de las nuevas tecnologías a los servicios urbanos y administraciones públicas (locales, metropolitanas y regionales).
Las cifras del congreso son explicativas de la magnitud del evento: hasta 9.000 visitantes, 400 ciudades, 3.000 congresistas y 160 empresas del sector. Si en las primeras ediciones del congreso se planteaba por qué hablar de smart cities, en la edición actual se ha asumido que se trata de un paradigma dominante en la gestión urbana. ¿Y en qué consiste exactamente?
Para empezar, la primera característica de la ciudad inteligente es la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) para mejorar la eficacia y eficiencia en la gestión de los servicios urbanos. Se trata de monitorizar la ciudad para tener datos reales de los distintos servicios y mejorar su implementación. Por ejemplo, mediante sensores en los contenedores de basura que indiquen si están llenos o vacíos se pueden planificar mejor las rutas de recogida de residuos: no hace falta que el camión pare en cada contenedor sino que sólo se detendrá en aquellos que estén llenos, ahorrando energía y costes.
Esta misma idea se aplica al alumbrado público: mediante los sensores se enciende la luz cuando haya transeúntes y según la luminosidad del día, y no de manera automática cada día y a la misma hora. O en el flujo del transporte público en superficie, mediante el control semafórico.
Esta gestión más inteligente de los servicios urbanos implicaría menor coste del funcionamiento del servicio y también menor impacto ambiental, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. En efecto, los ciudadanos, mediante sus smartphones, tendrían acceso a estos datos abiertos en tiempo real, y podrían planificar mejor su movilidad: donde hay congestiones, obras, etc.
Desde mi punto de vista, la aplicación de la ciudad inteligente plantea algunas dudas y retos relacionados, sobre todo en relación a tres aspectos: la gobernanza, la democracia y la escala territorial.
En primer lugar, la ciudad inteligente, por su grado de sofisticación, sólo se puede desarrollar mediante la cooperación público-privada. La aplicación de las TIC a la gestión urbana se ha convertido en una nueva oportunidad de negocio, despertando un gran interés en las grandes empresas del sector como IBM, Indra, Cisco, Abertis Telecom, Schneider electric o GDF Suez. Ayuntamientos en todo el mundo, como el de Barcelona, han firmado distintos convenios con estas grandes empresas para desarrollar modelos inteligentes de gestión urbana que sean exportables a otras ciudades.
En el caso barcelonés, desde el área de reciente creación “Hábitat Urbano” se está participando en el desarrollo de un city protocol que se convierta en referente para las ciudades que quieran aplicar políticas inteligentes. En este sentido, la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), que agrupa más de 40 ciudades inteligentes, aboga por un cambio en la ley de contratación pública actual, que no se ajustaría a las necesidades de estos nuevos convenios público-privados.
En esta concepción de la ciudad como plataforma, ¿quién define el modelo de ciudad?, ¿cuál es el margen de maniobra de los ayuntamientos, en un contexto de crisis económica? Aunque es demasiado pronto para poder evaluar el impacto de la cooperación público-privada en el desarrollo de la smart city, podríamos pensar que estas compañías están ganando mayor influencia en la definición de la visión y modelo de la ciudad.
En segundo lugar, está la cuestión de la accesibilidad y manejo de los datos. Primero, ¿cómo desarrollar una ciudad inteligente y a la vez superar la brecha existente entre los nativos e inmigrantes digitales? Actualmente hay diferencias entre grupos de población en el acceso a las TIC y su relación cotidiana con ellas, y la ciudad inteligente las podría acentuar. Segundo, ¿quién controla estos datos y quién tiene acceso a ellos?
Algunos municipios catalanes han empezado a compartir datos mediante la aplicación del CloudBCN en un portal de datos abiertos (Open data). De un lado, según esta filosofía, compartir los datos debería fortalecer la transparencia del Gobierno y de la Administración, aportando a los ciudadanos mayor información sobre la gestión de los servicios y la actuación del Gobierno.
Del otro, compartir datos facilitaría que los ciudadanos y las empresas puedan reaprovechar estos datos para generar valor económico (creando nuevos datos, conocimientos o servicios). Aun así, no queda muy claro cómo se hará la gestión de los datos por parte de las empresas: datos relacionados con la movilidad de las personas, los flujos, etc., en definitiva, toda la actividad diaria en las ciudades.
Finalmente, en todo el debate sobre la smart city hay un problema de escala. En efecto, se defiende un modelo más sostenible de ciudad, más autosuficiente, etc. Sin embargo, las ciudades no viven aisladas, sino que forman parte de aglomeraciones urbanas y áreas metropolitanas. ¿Cuál es el sentido de tener una ciudad inteligente en una aglomeración que no lo es? La aplicación de esta moda sólo tiene sentido si se realiza de manera coordinada entre los ayuntamientos conurbanos y teniendo en cuenta la escala supramunicipal.